Familiares de presos políticos de Venezuela exigen su liberación
Muere otro preso político bajo custodia del régimen venezolano y crece la alarma por la situación en las cárceles
La oposición y las ONG denuncian la opacidad del chavismo tras la muerte del exconcejal José Manuel García Sabino en un calabozo policial de Anzoátegui
La muerte de un nuevo preso político bajo custodia del Estado ha vuelto a poner el foco sobre la situación de las cárceles venezolanas y las denuncias de violaciones de derechos humanos bajo el régimen chavista. La ONG Foro Penal confirmó este domingo el fallecimiento del exconcejal José Manuel García Sabino en dependencias policiales del estado Anzoátegui, elevando a 20 el número de detenidos por razones políticas muertos en prisión en Venezuela desde 2014.
El cuerpo de García Sabino fue hallado por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, a unos 400 kilómetros de Caracas. Hasta el momento no existe información oficial ni de las autoridades policiales ni del Ministerio Público sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento.
La coordinadora regional de Foro Penal explicó que el cadáver fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en la ciudad de Barcelona, para practicar las diligencias forenses que permitan determinar oficialmente la causa de la muerte, aunque esa información todavía no ha sido comunicada por las autoridades.
El caso ha provocado nuevas acusaciones contra el régimen venezolano por el trato dispensado a los presos políticos y por la falta de transparencia de las instituciones del Estado.
El exfiscal venezolano en el exilio Zair Mundaray aseguró que García Sabino había denunciado presuntos hechos de corrupción dentro de la alcaldía y sostuvo que su arresto fue «claramente político».
La muerte del exconcejal se conoce apenas dos días después de que el Gobierno venezolano admitiera oficialmente el fallecimiento de Víctor Quero Navas, ocurrido nueve meses antes mientras su familia seguía buscando información sobre su paradero.
En ese caso, las autoridades reconocieron que Quero Navas había muerto bajo custodia estatal después de meses en los que se negó reiteradamente a sus familiares información sobre el lugar donde se encontraba recluido.
La sucesión de ambos casos ha intensificado las críticas de organizaciones de derechos humanos y de sectores de la oposición, que denuncian un patrón de opacidad institucional y abandono de los detenidos por motivos políticos.
Según el último balance de Foro Penal, al cierre de abril había 454 presos políticos en Venezuela.
La situación política del país sigue marcada, además, por la crisis abierta tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses, un hecho que alteró profundamente el equilibrio interno del chavismo.
Tras ese episodio, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, promovió una ley de amnistía orientada a facilitar la liberación de presos políticos, aunque las organizaciones de derechos humanos continúan denunciando nuevas detenciones y la persistencia de graves abusos dentro del sistema penitenciario venezolano.
