Raúl Castro saluda a Nicolás Maduro en presencia de Miguel Díaz-Canel (foto de archivo)
La acusación penal contra Raúl Castro abre la puerta a una operación de extracción al estilo Maduro
La política de máxima presión de EE.UU. sobre el régimen cubano parece haber alcanzado un punto de no retorno tras el fracaso de la vía negociada
El Gobierno del presidente Donald Trump ha sentado las bases legales para ingresar a Cuba como lo hizo en Venezuela. Si recordamos, la ejecución de una orden de captura en el exterior con apoyo del Ejército estadounidense fue la explicación brindada al Senado por el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas.
Al parecer, las negociaciones entre Washington y La Habana se han estancado y la Administración Trump ha movido carta con la imputación de Raúl Castro. El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el miércoles que un Gran Jurado del sur de la Florida admitió las acusaciones contra el cabecilla de la dictadura cubana por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, cuando el dirigente comunista era ministro de la Defensa.
De acuerdo con el expediente judicial, el 24 de febrero de 1996, tres aeronaves civiles de la organización de exiliados cubanos «Hermanos al rescate» despegaron desde el sur de Florida y dos de ellas fueron derribadas por aviones militares cubanos tipo MiG mientras volaban sobre aguas internacionales, muriendo cuatro personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.
El dictador cubano, de 94 años, enfrenta ahora cargos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves, acusaciones por las que podría afrontar la pena de muerte en los Estados Unidos.
La acusación también detalla cómo los servicios de inteligencia cubanos desplegaron agentes en el sur de Florida como parte de la conocida «Red Avispa», con el objetivo de infiltrarse en la organización de exiliados cubanos y reportar sus planes y operaciones a La Habana.
Parte de su objetivo era coordinar información con el ejército cubano para actuar contra los vuelos del 24 de febrero de 1996.
La dictadura rechaza las acusaciones
La Habana replicó diciendo que actuó entonces «en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones» del espacio aéreo de la isla por «connotados terroristas».
«EE.UU. miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate en 1996», una acción del ejército cubano al frente del cual estaba Castro, como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), respondió el miércoles Miguel Díaz-Canel.
Aunque Castro dejó de presidir oficialmente el país en 2019 y se retiró de la dirección del Partido Comunista en 2021, sigue controlando los hilos del aparato político del país.
«Cuba nos está llamando. Cuba es una nación fallida. Cuba necesita ayuda y nosotros se la daremos», dijo el martes el presidente Trump, quien ayer celebró la imputación contra Castro diciendo: «tenemos a Cuba en mente [representa] muchos problemas durante muchos años. Creo que [la acusación] fue un momento muy importante».
Díaz-Canel, consciente de la hoja de ruta marcada por Washington, replicó que la acusación contra Castro es «una acción política», sin ninguna base jurídica, «que solo busca engrosar» el argumentario «para justificar el desatino de una agresión militar».
El régimen cubano es consciente de que los estadounidenses demacraron en Venezuela que consideran legítimo neutralizar o eliminar a quienes se opongan y representen un peligro para las fuerzas del orden durante la ejecución de una orden de captura. Basta con recordar los 32 agentes cubanos que murieron en Caracas intentando evitar la extracción de Maduro.
El presidente Trump, sin embargo, descartó que vaya a protagonizar una «escalada» con Cuba y anunció que «pronto» hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero que Washington impuso a la isla.
«No, no habrá una escalada. No creo que sea necesario. Ese lugar se cae a pedazos. Ellos perdieron el control», declaró ante la prensa al regresar a Washington tras un evento en Connecticut.
Mientras tanto, el Fiscal General en funciones, Todd Blanche, subrayó que la acusación contra Castro no es simbólica y que «hay una orden de arresto en su contra», por lo que espera que el exdictador cubano comparezca ante una corte federal en Miami, mientras la investigación sobre otros posibles implicados sigue en curso.
