Los centros de inmigrantes de EE.UU. modifican sus normas tras las peticiones de un gigante de la detención privada

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha aprobado una profunda revisión de las normas que regulan los centros de detención de inmigrantes en EE.UU. después de consultar a empresas privadas encargadas de gestionar estas instalaciones, entre ellas GEO Group, uno de los mayores contratistas del sistema migratorio estadounidense.

Según reveló The Washington Post, la compañía solicitó a la agencia federal una serie de modificaciones que afectaban directamente a varios litigios abiertos contra la empresa por el pago de un dólar diario a algunos inmigrantes detenidos que realizan tareas dentro de los centros. Parte de esas propuestas acabaron incorporándose a los nuevos estándares nacionales de detención publicados esta semana por el ICE.

Entre los cambios más relevantes figura la inclusión de una cláusula que establece que las personas detenidas «no son empleados» y que, por tanto, «no tienen derecho a salarios ni beneficios conforme a las leyes laborales o reglamentos aplicables». Asimismo, desaparecen referencias anteriores que obligaban a pagar al menos un dólar diario por esos trabajos y se eliminan diversas menciones al cumplimiento de leyes estatales y locales relacionadas con el trato a los detenidos.

GEO Group sostiene desde hace años que estos programas laborales son voluntarios y que se desarrollan bajo las directrices del Gobierno federal. Sin embargo, la empresa se enfrenta a demandas en varios estados por presuntas vulneraciones de la legislación sobre salario mínimo.

La revisión normativa ha reabierto el debate sobre la influencia de los contratistas privados en la política migratoria estadounidense. GEO Group administra más de una docena de centros de detención para el ICE y, según la información publicada por el diario estadounidense, pidió expresamente a la agencia que modificara el lenguaje de las normas para respaldar su posición jurídica en los tribunales.

Cuestionamientos por los vínculos entre ICE y GEO Group

La polémica coincide además con la presencia en puestos clave de la Administración de antiguos directivos vinculados a la compañía.

El actual director interino del ICE, David Venturella, trabajó para GEO Group entre 2012 y 2023 y continuó como consultor remunerado de la empresa hasta enero de 2025, según documentación corporativa citada por The Washington Post. Por su parte, el denominado «zar de la frontera», Tom Homan, también desempeñó funciones en la compañía tras abandonar anteriormente la Administración federal.

Estos vínculos llevaron recientemente a la senadora demócrata Elizabeth Warren a solicitar explicaciones sobre la posible influencia de los intereses empresariales en las decisiones de política migratoria.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional defendieron el procedimiento seguido para la elaboración de las nuevas normas. Una portavoz explicó que el ICE consultó a diferentes actores implicados, incluidos los operadores de los centros responsables de aplicar los estándares, y aseguró que la decisión final tuvo en cuenta consideraciones operativas, legales y regulatorias.

Sin consulta pública abierta

Expertos en contratación pública han cuestionado, no obstante, la ausencia de un periodo de consulta pública formal.

Steve Schooner, profesor de la Universidad George Washington, recordó que las agencias federales suelen solicitar observaciones abiertas cuando modifican regulaciones de gran impacto para garantizar que participen todas las partes interesadas, desde empresas hasta organizaciones civiles. En este caso, el ICE no abrió un proceso público de alegaciones.

«La razón por la que solicitamos comentarios públicos es porque hay diversas partes interesadas», señaló el académico, quien añadió que los contratistas de detención «probablemente no sean la mejor voz para representar a las personas que están detenidas».