Un juez bloquea en todo Estados Unidos las detenciones de inmigrantes por parte del ICE en los tribunales

La ofensiva migratoria de la Administración de Donald Trump ha recibido un nuevo obstáculo en los tribunales. Un juez federal de California decidió este martes ampliar a todo Estados Unidos la prohibición que impide a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detener a inmigrantes en los tribunales de inmigración una vez concluidos sus procedimientos judiciales.

La resolución, dictada por el magistrado P. Casey Pitts, del Tribunal del Distrito Norte de California, extiende a nivel nacional una orden que ya había emitido el pasado mes de diciembre y que hasta ahora solo afectaba a la jurisdicción de ICE en San Francisco, una amplia región que comprende el norte y el centro del estado de California.

El juez considera que tanto el ICE como la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), dependiente del Departamento de Justicia, no justificaron adecuadamente el cambio de política que permitió a los agentes esperar en los pasillos de las cortes para arrestar a inmigrantes que acababan de perder sus casos.

«ICE y la EOIR no proporcionaron explicaciones fundamentadas para sus acciones», escribió Pitts en su fallo, en el que concluye que las políticas impugnadas resultan «arbitrarias y caprichosas» y contrarias a la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos.

La decisión judicial también impide que los inmigrantes arrestados permanezcan retenidos durante periodos prolongados en instalaciones destinadas al registro y procesamiento de detenidos.

La práctica ahora bloqueada formaba parte de la estrategia impulsada por la Casa Blanca para intensificar las deportaciones. Desde el pasado año, la Administración Trump había eliminado restricciones que limitaban los arrestos migratorios en los denominados «lugares sensibles», entre ellos hospitales, centros religiosos, escuelas y tribunales de inmigración.

La medida generó una fuerte polémica tras difundirse imágenes de detenciones en las propias cortes, en ocasiones entre escenas de llanto y resistencia por parte de familiares y abogados de los afectados.

Además, según reflejan los registros judiciales, la posibilidad de ser detenido al acudir a una audiencia provocó una notable reducción de las comparecencias ante los tribunales. En numerosos casos, la ausencia de los inmigrantes derivó posteriormente en órdenes de deportación dictadas en rebeldía.

La ampliación de la prohibición a escala nacional ha sido posible después de que el tribunal examinara el carácter colectivo de la demanda, una cuestión que había limitado inicialmente el alcance de las medidas cautelares tras una decisión de emergencia adoptada por el Tribunal Supremo.

La resolución ha sido recibida con críticas por parte de dirigentes republicanos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, denunció la actuación del magistrado en un mensaje publicado en la red social X. «Este es otro ejemplo de jueces parciales que obstaculizan la aplicación de las leyes de inmigración», afirmó.

Todo apunta a que la Administración Trump recurrirá el fallo, lo que anticipa una nueva batalla judicial sobre las competencias del Gobierno federal en materia migratoria. No se descarta que el caso termine siendo examinado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde los jueces de perfil conservador constituyen actualmente la mayoría.