Agentes federales detienen a un manifestante en Minneapolis
La Justicia avala a Trump y permite reanudar las deportaciones aceleradas de inmigrantes en todo EE.UU.
Un tribunal federal concluye que la ampliación de este procedimiento no vulnera los derechos de los extranjeros y respalda una de las principales medidas migratorias de la Casa Blanca
El Gobierno de Donald Trump obtuvo este martes una importante victoria judicial para su política migratoria después de que un Tribunal de Apelaciones autorizara la reanudación de las deportaciones aceleradas de inmigrantes en todo el territorio estadounidense, una medida que hasta ahora se aplicaba principalmente a las personas detenidas tras cruzar la frontera.
En una decisión adoptada por dos votos frente a uno, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia concluyó que la ampliación de este procedimiento no vulnera los derechos de los inmigrantes afectados, permitiendo así a la Administración republicana continuar con una de las iniciativas impulsadas al inicio del segundo mandato del presidente.
Nada más regresar a la Casa Blanca, Trump ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) extender el mecanismo conocido como «expulsión acelerada» a aquellos extranjeros que no pudieran demostrar que llevan más de dos años residiendo en Estados Unidos. El procedimiento permite la deportación sin que el afectado comparezca previamente ante un juez de inmigración.
Tradicionalmente, este sistema se empleaba con inmigrantes indocumentados detenidos cerca de la frontera sur del país, que suelen ser devueltos a México pocos días después de su arresto. La nueva directriz amplía esa facultad a personas localizadas en cualquier punto del territorio nacional.
La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Justin R. Walker, designado por Trump, y contó con el respaldo de la jueza Neomi Rao, también nombrada por el actual presidente estadounidense.
«La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia directriz de política escrita es ilegal», señaló Walker en el fallo.
La resolución responde a una demanda presentada por la organización Make the Road New York, que sostenía que la medida era inconstitucional al vulnerar las garantías de debido proceso de los inmigrantes sometidos a expulsión.
Sin embargo, el tribunal consideró que la política impulsada por la Casa Blanca no priva a los extranjeros «de una oportunidad significativa de ser escuchados», rechazando así el principal argumento de los demandantes.
La decisión no fue unánime. El juez Robert L. Wilkins, nombrado durante la presidencia de Barack Obama, emitió un voto discrepante en el que sostuvo que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no habían desmentido las denuncias según las cuales algunas personas deportadas bajo este procedimiento llevaban más de dos años residiendo en Estados Unidos.
El fallo refuerza la estrategia migratoria de Trump, que ha situado el control de la inmigración ilegal y el incremento de las deportaciones entre las prioridades de su segundo mandato.
