Absolutamente crucial: un nuevo Poder Judicial para Venezuela

Entre todas las instituciones que han creado y mantenido las condiciones necesarias para la instauración y perpetuación de la narco dictadura de Chávez y Maduro, el Sistema Judicial venezolano ha cumplido –y cumple todavía– el papel más determinante.

Aunque esta opinión podría ser debatida, sostengo que más que el poder legislativo, que el Ministerio Público, que la Contraloría General de República, que el poder electoral y que las mismísimas fuerzas armadas, el factor que mejor ha contribuido a despejar el terreno y blindar la operación dictatorial ha sido, en un primer plano, el Tribunal Supremo de Justicia y, en una visión más amplia, el conjunto del Sistema Judicial, en interacción con otros poderes, especialmente el militar, encargado de imponer con la fuerza de las armas y la represión, el régimen delincuencial que ha barrido con el Estado de Derecho que, no sin dificultades y resquebrajaduras, logró funcionar entre 1958 y 1998.

Desde el inicio mismo de su primer gobierno, Chávez puso en marcha un milimétrico y organizado esfuerzo para destruir el sistema judicial independiente y erigir sobre las ruinas, uno que respondiese sin pudor ni fisuras a su verdadero propósito: liquidar los elementos clave del modelo de democracia representativa, para sustituirlo por un modelo único y feroz de sometimiento de todos los poderes al liderazgo narcisista, psicopático y dictatorial de Hugo Chávez Frías.

¿Cuál ha sido el desempeño del Tribunal Supremo de Justicia, una vez que fue convertido en un apéndice de Miraflores y del Partido Socialista Unido de Venezuela? En primer lugar, se ha auto atribuido un carácter supra constitucional, como instancia con capacidad de mal interpretar la Constitución a favor de sus intereses, adaptarla a sus necesidades políticas, torcer descaradamente sus enunciados, y así convertirla en una masa manipulable de palabras, con las que se puede permitir o justificar cualquier cosa.

¿Cómo se traduce ese «permitir o justificar cualquier cosa»? Se traduce en un cúmulo incesante de decisiones para autorizar la violación de las leyes, garantizar la impunidad activa e ilimitada de los altos funcionarios del régimen, para crear un estado de cosas donde los poderosos y sus amigos lo pueden todo en contra de los legítimos intereses de la nación venezolana y en contra de los más elementales derechos de los ciudadanos.

Esto significa, sin atenuantes, que el Tribunal Supremo de Justicia y el conjunto de los tribunales se han constituido en el más activo y eficaz enemigo de las libertades de personas y familias. El TSJ ha sido el más férreo y consistente enemigo de cada ciudadano, de cada familia. Es la entidad que ha condenado a cada venezolano a un estatuto de indefensión. Es el ente despojador, el liquidador de nuestros derechos.

En un extraordinario libro publicado en 2014, que no ha perdido ni un ápice de su vigencia, «El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013)», Antonio Canovas González, Luis Alfonso Herrera Orellana, Rosa E. Rodríguez Ortega y Giuseppe Graterol Stefanelli construyen un documento inobjetable por el recorrido histórico de cómo fue colonizado el Poder Judicial, hasta erradicar su independencia; analizan cuáles han sido las consecuencias, no solo el funcionamiento de las instituciones, sino para perseguir y desaparecer las libertades civiles y ciudadanas; hacen el recuento de algunos casos emblemáticos y, quizá la mayor peculiaridad de su contenido, presentan a partir del capítulo 3, un análisis estadístico de las decisiones de cada una de las salas del Tribunal Supremo de Justicia –Sala Constitucional, Sala Político-Administrativa y Sala Electoral–, durante el señalado período comprendido entre 2005 y 2013.

Unos pocos ejemplos resultan categóricos para mostrar la abierta y descarada conducta del TSJ a favor del régimen y en contra de los ciudadanos y la sociedad civil en todos los ámbitos analizados. Me detendré solo en algunos datos relativos a la Sala Constitucional, para poner de bulto ante el lector, la extrema gravedad, el caradurismo son consecuencias con el que han actuado: de 570 sentencias dictadas entre 2005 y 2013, sobre amparos contra actos, solo 2 % fue declarado con lugar; de 26 sentencias sobre amparo contra leyes, ninguna fue declarada con lugar; de 166 sentencias sobre recursos de interpretación, solo 14 % fue declarada con lugar; de 495 sentencias sobre recursos de nulidad, apenas 12 % fue declarado con lugar; de 27 sentencias sobre recursos de colisión, solo 2% fue declarado con lugar.

Estos datos que he copiado aquí no son cifras aisladas o descontextualizadas: son representativas de un desempeño reiterado, de un compromiso sin fisuras con el poder, diré más, de un odio constante en contra de los ciudadanos que demandan derechos y libertades.

Los hechos y tendencias registrados en el estudio de estos cuatro autores, aunque finalizan en el 2013, no han cambiado. Se mantienen intactos. Incluso, a pesar del cambio de algunos magistrados, no se han producido cambios sustantivos: la podredumbre, la corrupción, el desconocimiento de la ley, la ignorancia y la impiedad se han mantenido inalterados.

El TSJ no ha dejado nunca de ser el instrumento más eficaz y perverso para garantizar la estabilidad, la impunidad y la permanencia del régimen, a este extremo: aseguraron que el dictamen del fraude electoral cometido por Maduro y Elvis Amoroso (el presidente del CNE), no era tal, y suscribieron el salto del régimen a una condición de evidente e inequívoca dictadura, a partir del 28 de julio de 2024.

Por lo tanto, no hay alternativa: es imperativo que, en la ruta hacia un inminente proceso electoral y cambio político en Venezuela, no solo debe cambiar el Consejo Nacional Electoral, sino también el Tribunal Supremo de Justicia. Ambas son tareas urgentes e impostergables.