El caso de Maricarmen y las banderas políticas: una mirada desde Chile

He seguido atentamente desde Chile el caso de Maricarmen. Me preocupa pues en mi país muchas veces se copian cosas de España, unas buenas y otras pésimas . Hay tragedias personales que conmueven a una sociedad entera. La de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que vivió durante 71 años, es indudablemente una de ellas.

Pero una cosa es solidarizarse con una mujer mayor que atraviesa una situación dolorosa y otra muy distinta es convertir su drama en una bandera política.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo.

El desahucio de Maricarmen ya no es solamente el caso de una anciana que perdió su vivienda. Se ha convertido en el símbolo alrededor del cual el movimiento de inquilinos pretende articular una determinada visión sobre la vivienda, el alquiler y la propiedad privada.

El dato más revelador apareció apenas dos días después del desalojo. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas reclamó públicamente la aprobación inmediata de lo que ha denominado el «decreto Maricarmen», coincidiendo con movilizaciones convocadas en numerosas ciudades españolas.

Es decir, el caso individual ha pasado a convertirse en argumento para una reforma legislativa de alcance general. Y aquí es donde comienza otro debate.

El caso particular no puede convertirse automáticamente en una ley general

Maricarmen llevaba décadas viviendo en su casa con una renta antigua. Tras el cambio de propiedad, se produjo un conflicto sobre el nuevo alquiler, que llegó a situarse muy por encima de los 500 euros que pagaba. Su pensión hacía imposible asumirlo. Finalmente, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre.

Son circunstancias que explican perfectamente la conmoción que produjo el caso.

También es cierto que existió una oferta privada para pagar la diferencia del alquiler y que el Ministerio de Vivienda intentó intervenir en busca de una solución. Todo ello merece ser analizado.

Pero una cosa es preguntarse si en este caso concreto pudo encontrarse una solución más humana y otra utilizarlo para modificar las reglas generales que regulan millones de contratos de alquiler.

Cuando se legisla, hay que pensar también en quienes no aparecen en los titulares

Cuando se legisla, hay que pensar también en quienes no aparecen en los titulares: el pequeño propietario que tiene una vivienda arrendada, la familia que invirtió sus ahorros en un inmueble para complementar su jubilación o quien necesita recuperar su vivienda después de años de alquiler.

Proteger al inquilino vulnerable es una finalidad legítima. Pero también lo es proporcionar seguridad jurídica al propietario.

El problema de convertir a Maricarmen en un símbolo

El Sindicato de Inquilinas ha conseguido algo políticamente muy poderoso: transformar a una persona concreta en el rostro de un problema nacional.

Eso puede ser eficaz para movilizar a la opinión pública. Pero precisamente por eso debemos preguntarnos qué viene después.

Cuando una persona vulnerable se convierte en símbolo, existe el riesgo de que deje de importar su situación individual y pase a importar sobre todo aquello que el símbolo permite reivindicar.

El nombre de Maricarmen ya está siendo utilizado para bautizar una propuesta legislativa. La consigna «Ni una Maricarmen más» se ha convertido en lema de movilizaciones.

La pregunta entonces es inevitable: ¿estamos intentando solucionar el problema de Maricarmen o estamos utilizando a Maricarmen para intentar solucionar, de una determinada manera ideológica, el problema de la vivienda en España? Son dos cosas diferentes.

La vivienda necesita soluciones, no consignas

España tiene un problema serio de vivienda. Los alquileres son inaccesibles para muchas familias y existe una evidente dificultad para aumentar la oferta en las zonas donde la demanda es mayor. Pero precisamente por eso las soluciones deben analizarse con cuidado.

Una legislación que haga más difícil recuperar una vivienda, que limite excesivamente la capacidad de pactar los contratos o que aumente la inseguridad jurídica puede tener consecuencias sobre la disposición de los propietarios a ofrecer viviendas en alquiler.

Se trata de recordar que cada derecho tiene que convivir con otros derechos

No se trata de afirmar que toda regulación sea negativa. Tampoco de negar la función social de la propiedad. Se trata de recordar que cada derecho tiene que convivir con otros derechos y que las leyes producen efectos que pueden ir mucho más allá del caso que las inspira.

El derecho a la vivienda está reconocido constitucionalmente. También lo está el derecho a la propiedad privada. Una política equilibrada debe ser capaz de proteger ambos.

¿Y qué responsabilidad tienen las administraciones?

Hay otra cuestión que no debería desaparecer detrás de la movilización política: la responsabilidad de los poderes públicos.

Si una mujer de 87 años, con una pensión de unos 1.350 euros, lleva años enfrentada a un procedimiento que puede terminar dejándola sin su hogar, las administraciones deben intervenir mucho antes de que el conflicto llegue al momento del lanzamiento.

En este caso hubo propuestas de alojamiento y ayudas que fueron rechazadas o consideradas insuficientes por Maricarmen, mientras que su defensa sostuvo que no existía una alternativa adecuada. Eso merece una explicación.

El Estado social no puede limitarse a intervenir cuando las cámaras de televisión llegan al portal. Debe disponer de políticas permanentes para las personas vulnerables, especialmente las de edad avanzada.

Pero tampoco puede esperarse que la solución a cada caso social consista en obligar a un tercero —en este caso, un propietario— a asumir indefinidamente el coste de una situación de vulnerabilidad.

La solidaridad debe existir. La pregunta es quién la financia y mediante qué mecanismos.

No convirtamos el sufrimiento en una herramienta política

Maricarmen merece respeto, protección y una solución digna. Lo que no merece es que su historia termine reducida a una consigna.

El problema de la vivienda española es demasiado importante para resolverlo a partir de emociones coyunturales.

Si el Gobierno quiere modificar la legislación de alquileres, que explique sus propuestas y sus consecuencias. Si el Sindicato de Inquilinas quiere impulsar el «decreto Maricarmen», que exponga con claridad qué derechos pretende modificar y qué efectos espera producir. Y si se quiere restringir el derecho de propiedad, que se diga abiertamente.

Pero no confundamos la solidaridad con una mujer mayor con la obligación de aceptar una determinada política de vivienda.

El caso de Maricarmen debería servir para preguntarnos cómo una sociedad moderna protege a sus mayores, cómo aumenta la oferta de viviendas y cómo consigue que propietarios e inquilinos puedan convivir bajo reglas estables.

No debería convertirse en la excusa para enfrentar a unos contra otros. Porque cuando una persona deja de ser una persona para convertirse en un símbolo, existe el peligro de que su propia historia termine siendo menos importante que la causa política que otros han construido alrededor de ella.

Maricarmen merece nuestra solidaridad, pero su sufrimiento no debería convertirse en una herramienta para debilitar las garantías sobre las que se sostiene el derecho de propiedad.