Francia se blinda ante un nuevo estallido social y prohíbe la marcha de los 'chalecos amarillos'

Francia se prepara para un nuevo sábado de tensión social con epicentro en París. Una ciudad convertida en un escenario de excepción. Las autoridades han decidido cortar por lo sano y prohibir la manifestación que los sindicatos y los 'chalecos amarillos' habían convocado para este sábado en el corazón de la capital. La decisión refleja el temor del Ejecutivo de Emmanuel Macron a que las protestas contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos terminen por alimentar una nueva ola de violencia urbana, en un país que todavía recuerda el impacto de la revuelta de los 'chalecos amarillos' de 2018.

La Prefectura de Policía de París (PP) justificó el veto por el «contexto especialmente tenso» que atraviesa Francia, después de los graves disturbios registrados durante las movilizaciones del pasado 17 de octubre y de los nuevos incidentes, aunque de menor intensidad, del día 24. La decisión no se limita a impedir una marcha: las autoridades han decretado también un toque de queda parcial entre este sábado y el lunes en dos zonas especialmente sensibles, la plaza de la República y el entorno comercial de Châtelet-Les Halles, escenario de numerosos saqueos durante el primer fin de semana de protestas.

El recorrido inicialmente planteado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el segundo sindicato francés por número de afiliados, y los 'chalecos amarillos' debía partir de la plaza de la Bastilla y concluir en la plaza de la Concordia, junto a los Campos Elíseos y a escasa distancia del Palacio del Elíseo y de la Asamblea Nacional. Un itinerario que atravesaba algunos de los lugares más simbólicos del poder político y económico francés. En su lugar, la Prefectura ha propuesto un trazado periférico, entre las puertas de Charenton y Bagnolet, que evita tanto el centro comercial como los principales centros institucionales.

Tampoco ha recibido autorización la sentada que los 'chalecos amarillos' pretendían celebrar ayer frente a la Asamblea Nacional. Las convocatorias de caceroladas y concentraciones ante ayuntamientos y delegaciones parlamentarias, sin embargo, siguen en pie.

La decisión ha reabierto el debate sobre los límites del derecho de manifestación. «La democracia está siendo acallada, sobre todo desde que Macron dijese que solo los sindicatos tienen derecho a manifestarse. Esto es muy grave y es anticonstitucional», denunció Azelma Sigaux, portavoz nacional de los 'chalecos amarillos', en declaraciones a la agencia Efe. La protesta evidencia así una paradoja para el Gobierno: intentar contener la violencia sin alimentar la percepción de que se está restringiendo la expresión del descontento social.

La inquietud del Ejecutivo tiene motivos concretos. Las movilizaciones del 17 de octubre reunieron a unas 550.000 personas, según el Ministerio del Interior, y hasta 800.000, de acuerdo con los organizadores. Lo que comenzó como una protesta impulsada por estudiantes de secundaria contra las deficiencias del sistema educativo y la falta de recursos en los centros terminó convirtiéndose en una movilización transversal contra la pérdida de poder adquisitivo, la inflación y el deterioro de los servicios públicos. A las reivindicaciones se sumaron trabajadores, sindicatos, estudiantes universitarios y simpatizantes de los 'chalecos amarillos'.

La jornada del 17 dejó un balance especialmente grave: edificios públicos incendiados o atacados, vehículos calcinados y comercios saqueados en distintas ciudades, desde París y Marsella hasta Lyon, Burdeos y Limoges, donde el Ayuntamiento sufrió un incendio. El Ministerio del Interior contabilizó inicialmente 2.628 detenciones y 1.144 miembros de las fuerzas de seguridad heridos. La magnitud de los daños llevó a las autoridades a anunciar ayudas de emergencia para los establecimientos afectados.

Una semana después, el 24 de octubre, la movilización perdió intensidad en términos de participación –410.000 asistentes según las autoridades, frente a los 550.000 de la semana anterior– y transcurrió mayoritariamente sin incidentes graves durante las marchas. Sin embargo, el balance oficial volvió a registrar 1.314 detenciones, 53 agentes heridos y 24 comercios saqueados. El contraste entre ambas jornadas no ha disipado la preocupación de las autoridades, que temen que los grupos violentos vuelvan a aprovechar las concentraciones para provocar disturbios.

El precedente que sobrevuela París es doble. Por un lado, la revuelta de los 'chalecos amarillos', nacida en noviembre de 2018 contra el aumento de los impuestos a los carburantes y convertida después en una contestación general al modelo económico y político de Macron. Por otro, los disturbios de 2023 tras la muerte del joven Nahel Merzouk por disparos de un policía, que desencadenaron noches de violencia en numerosas ciudades francesas. Ambos episodios demostraron la capacidad de que una protesta inicialmente sectorial pueda transformarse rápidamente en una crisis nacional.

Para evitar que la historia se repita, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha anunciado el despliegue de 70.000 policías y gendarmes en todo el país durante este fin de semana. La coincidencia con la noche de Halloween añade un factor de incertidumbre: circulan llamamientos en redes sociales a nuevas concentraciones nocturnas y a una denominada «Noche de las tinieblas», con el temor de que algunos grupos intenten aprovechar la celebración para protagonizar actos vandálicos. Francia contiene el aliento una jornada más.