Ahora sí, los primeros pasos hacia la apertura democrática en Venezuela son verosímiles

En efecto, tal como han señalado distintos analistas, en el transcurso de la semana que hoy culmina, se han producido cambios sustantivos en la escena política venezolana. Hay suficientes hechos que así lo documentan.

Se ha puesto en movimiento, con evidente aceleración, procesos simultáneos que desembocarán en un proceso electoral que debe tener las garantías que los demócratas exigimos: un torneo abierto, en el que participen los venezolanos de la diáspora, competitivo y en el que no se vete a ninguna de las organizaciones políticas democráticas: un torneo electoral que se desarrolle en un ambiente de libertades para informar, reunir ciudadanos, hacer campañas y debatir las distintas propuestas; un torneo concentrado en la limpieza y transparencia de todo el proceso, que facilite el voto de los ciudadanos y estimule la más alta participación electoral posible. Unas elecciones que respondan al más elemental de los objetivos: que respeten la voluntad de los electores.

A ese proceso electoral Venezuela debe llegar sin medios de comunicación y periodistas judicializados y sin presos políticos. Delcy Rodríguez habló de «un nuevo CNE» y de «garantías para todos los actores políticos».

Los factores concretos de la aceleración a la que me refiero provienen de distintas fuentes, incluyendo al Departamento de Estado. Veamos.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada, ha hecho el jueves 29 de octubre, una serie de anuncios, de significativo eco. El primero: nadie podrá ser detenido sin orden de captura, lo que significa que organismos como el SEBIN, la DGCIM, la Policía Nacional Bolivariana y otros no podrán continuar ejecutando secuestros forzados y desapariciones.

De acuerdo con estas afirmaciones, esto constituye un importante paso a favor del ejercicio pleno de las libertades. Es legítimo preguntarse si garantizar el respeto a derechos que están consagrados en la Constitución vigente, solo se limitará a los civiles o si también alcanzará a militares activos.

Este anuncio fundamental de las garantías que los ciudadanos requerimos para pronunciarnos en el espacio público, remite a otro de alcance todavía mayor: se garantiza el derecho a la protesta pacífica. De aquí en adelante, asegura la presidenta encargada, trabajadores de los distintos niveles del Estado, jubilados, comunidades afectadas por la crisis de los servicios públicos, y todos aquellos que decidan hacer uso de la posibilidad de protestar, sin violar la ley, podrán hacerlo sin riesgo de ser reprimidos, violentados o detenidos. En el actual estado de empobrecimiento, paralización económica y debacle de los servicios públicos, estas medidas no tardarán en ser puestas a prueba por ciudadanos y comunidades en las calles.

También se produjo un anuncio muy importante con respecto a las verdaderas víctimas de la Ley del Odio, que son los centenares de personas acusadas por expedientes falsos, hechos irrelevantes como emitir una opinión en un chat privado, o simplemente señalados por hechos que no ocurrieron, y que a consecuencia de ello están presos, perseguidos, exiliados o judicializados. Rodríguez ha dicho que los casos serán revisados para cerrar los procesos, de modo que cada uno recupere su condición previa: la de ciudadanos demócratas inocentes.

Otro anuncio más: luego del estrepitoso fracaso en la conducción de las empresas que el régimen expropió o confiscó, ahora en condición de galpones y maquinarias arruinadas, improductivas y obsoletas, la mayoría de estas empresas con graves situaciones laborales, el régimen ha decidido devolverlas a sus dueños u ofrecerlas a inversionistas privados.

¿Acaso el régimen, junto a la devolución del bien a sus legítimos propietarios, indemnizará a los mismos por los múltiples daños causados?

Ya veremos cuál será la viabilidad de esta iniciativa. Lo comento con cautela porque conozco casos en que el estado real de las empresas que pretenden entregar a sus dueños ahora requeriría de inversiones enormes, si el objetivo fuese ponerlas nuevamente a producir. Hablo de inversiones que superan el valor que tenían las empresas cuando fueron robadas injustificadamente. ¿Acaso el régimen, junto a la devolución del bien a sus legítimos propietarios, indemnizará a los mismos por los múltiples daños causados?

Otro anuncio, que concierne a los miles y miles de venezolanos –yo entre ellos–: el gobierno ha dicho que los venezolanos podemos regresar a nuestro país con todas las garantías y, si entendí bien, con la promesa de que podremos obtener lo documentos a los que tenemos derecho: cédula de identidad, pasaporte y otros. Se trata, por supuesto, de una medida de enormes repercusiones, que alcanza a muchos venezolanos dispersos en tres continentes. ¿Estarán preparadas las aduanas, entes como el SAIME, tribunales y otros, para afrontar el regreso de quienes así lo decidan, y respetar los contenidos de la promesa?

A La Patilla y a El Nacional, les han quitado el bloqueo tecnológico

Anoto aquí, antes de continuar con esta relación, que a La Patilla y a El Nacional, les han quitado el bloqueo tecnológico, que impedía a los lectores en territorio venezolano acceder a las dos plataformas, en abierta y descarada violación de las leyes.

Al mismo tiempo, tal como ha explicado ampliamente Dinorah Figuera en días recientes, el proceso de constitución de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia continúa dando pasos firmes. Si nada altera el camino previsto, el 11 de diciembre estará lista la designación de los nuevos magistrados, primer paso de la depuración profunda que es urgente acometer en todo el sistema judicial venezolano, podrido y corrompido en cada una de sus instancias.

Pero todavía hay algo fundamental que debo añadir aquí: en la rueda de prensa que ofreció en las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, el jueves 29 de octubre, Machado hizo un llamado a los integrantes del régimen: ofreció garantías a quienes contribuyan con la transición.

Todos estos elementos y muchos otros que se producirán y conoceremos en los días próximos, ratifican lo que ahora, hora tras hora, se percibe de forma cada vez más evidente: estamos enrumbados al cambio político en Venezuela, por fin, y este proceso luce ahora irreversible.