Nicolás Maduro en Caracas
El Debate en América
La red de corrupción «pica y se extiende» en Venezuela
Las investigaciones involucran ya a cerca de 50 operadores, funcionarios y empresarios conectados con la corrupción
Como si lo que se ha destapado no fuera suficiente, la «guerra de mafias» de la corrupción se extendió a unos 44 funcionarios y empresarios que han sido detenidos en Venezuela, incluyendo recientemente a Hugo Cabezas, quien fuera exgobernador del estado Trujillo, exdirector del Servicio de Identificación y Extranjería (SAIME) y amigo cercano y socio de Tareck El Aissami y de Hugbel Roa.
Esta vez se trata, nada más y nada menos que al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la cual maneja las denominadas «empresas básicas» encargadas de la producción acero, hierro, bauxita, oro, diamantes y otros materiales estratégicos, entre las que se encuentran la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), las empresas productoras de hierro (FERROMINERA) y las de aluminio (VENALUM y ALCASA entre otras), así como la mayor productora de energía eléctrica del país, EDELCA.
Junto a él se encuentran detenidos el presidente de Sidor; el vicepresidente de Planificación de la CVG; el vicepresidente de Hierro y Acero; el vicepresidente ejecutivo; el vicepresidente de Finanzas; y el gerente de Tráfico y Aduanas de la corporación, además de varios empresarios privados que actuaban como cómplices del desfalco.
Los delitos abarcan desde violación a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra PDVSA, hasta operaciones de lavado de dinero en conexión con el sistema financiero norteamericano.
Para colmo, recientemente se ha informado, extraoficialmente, que también fueron detenidos varios miembros de la directiva de la Corporación Socialista de Cemento (CSC.S.A.), pues se descubrió que han vendido, al menos, unas 150 toneladas de cemento sin que el producto de la venta ingresara a la contabilidad de la empresa.
Pero el asunto con PDVSA no se queda allí y ha alcanzado niveles internacionales
Y es que, dada la magnitud de la corrupción y de sus implicaciones económicas y geopolíticas, varias agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y del Tesoro norteamericanos, comenzaron a recopilar y a ampliar la información que tenían, y a asociarla con las personas y empresas que han surgido en los últimos días de las denuncias que están sacudiendo a la petrolera estatal venezolana, la CVG y los altos niveles del régimen de Nicolás Maduro.
En tal sentido, las investigaciones involucran ya a cerca de 50 operadores, funcionarios y empresarios conectados con la corrupción, que podrían haber incurrido en una serie de violaciones a las leyes de Estados Unidos, en el intento del gobierno venezolano para eludir las sanciones.
El Gobierno norteamericano está particularmente interesado en el papel de algunos operadores identificados como personas vinculadas estrechamente con Alex Saab, empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro.
Se trata de Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y de Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, los cuales son también señalados como gente de confianza en el entorno de Tareck El Aissamí.
Tanto Bazzoni como Leal fueron sancionados en 2021 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos de Norteamérica (OFAC). Los investigadores federales determinaron que después de la detención de Saab en junio de 2020, Bazzoni asumió el rol de Saab de coordinar las operaciones de reventa de crudo de PDVSA, y de suministrar los barcos para recoger el crudo en puertos venezolanos.
Joaquín Leal, por su parte, coordinaba la compraventa de crudo de origen venezolano, facilitaba el transporte y la reventa a los compradores, en abierta violación a las sanciones norteamericanas, a través de la empresa Libre Abordo S.A, a un precio inflado.
Para estas operaciones, Bazzoni y Leal se asociaron con distintos personajes y empresas, en particular con los ciudadanos griegos George Moundreas y Panagis Zissimatos, y con el italiano Erik Roveta, un broker que se desempeña como gerente técnico y es dueño de varias empresas como Sernavimar SRL y Axione Chartering OU entre otras, para administrar, operar los buques y mover el crudo y productos refinados hacia China y otros mercados.
Otros asociados de este grupo son el suizo Phillipp Apikian de la petrolera Swiss Oil Trading SA, en Ginebra, también bajo sanción de Estados Unidos, y el financista de origen mexicano, José Luis Chávez, quien se encargaba de cobrar y facilitar los pagos del esquema de corrupción y movilizó recursos estimados en más de ocho mil millones de dólares a través de su empresa Walker International DWC LLC, con sede en Dubái.
Otras cuatro empresas –Schlager Business Group SdRL, Cosmo Resources PTE Ltd, Delta Group Ltd y United Petróleo Corp.– fueron empleadas para la operación de intercambio de petróleo por alimentos agenciada por Álex Saab y Álvaro Pulido. Se estima que, entre 2019 y 2022, en este esquema de negocio fraudulento se comercializaron más de 50 millones de barriles de crudo y productos refinados, con un valor estimado en cinco mil millones de dólares.
Después de la captura de Alex Saab, Bazzoni, Leal y su grupo de socios se convirtieron en agentes protegidos de Tarek El Aissami, junto a una importante organización controlada por los militares del régimen, encabezada por el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA.
Pero El Aissami no era el único que mantenía operadores protegidos en el negocio internacional del petróleo venezolano. La información hecha pública por AFP y Reuters, muestra como Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez –Delcy y Jorge– tenían una importante cuota en el esquema de corrupción, pero con operadores que tenían poca o ninguna experiencia en el negocio petrolero.
Tal es el caso de Miguel Silva, un operador protegido por Cabello, vinculado a las firmas Misil Group Ltd y el Grupo Iveex Insaat.
Los negocios de Silva y Bazzoni lo beneficiaron a él y a su protector, pero una de las últimas operaciones importantes fracasó inesperadamente. Este evento fue uno de los detonantes de las investigaciones de la Policía Anticorrupción del gobierno y precipitó la actual «guerra de las mafias» de la corrupción.
Por su parte, los operadores Majed Khalil Majzoub y Arturo Sarmiento, protegidos de los hermanos Rodríguez, también participaron en el esquema de corrupción a través de las firmas Montmagastre Ventures Limited y Five Oceans Ltd.
El desfalco por este esquema de corrupción, se estima ahora en unos 59 mil millones, una cifra sin precedentes que revelan la total impunidad con la cual operaron durante años.
Hasta ahora, se desconoce exactamente adonde fueron a parar esos recursos obtenidos por los operadores vinculados a Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, (tres de las importantes mafias de corrupción existentes) aunque se ha informado de la presunta recuperación de más de 400 millones en dinero y propiedades de las personas incriminadas en el negocio, que se encuentran detenidos en Venezuela.
No obstante, si sumamos los desfalcos realizados a PDVSA y a la CVG en los últimos 20 años, primero por la mafia de Rafael Ramírez y ahora por los grupos citados, la cifra supera los 100 mil millones de dólares. Una obscenidad.
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