La alarma era un despropósito
Todos sabemos que el Gobierno confirmó hace meses que nunca existió el supuesto comité de expertos, y en estos días también se ha confirmado que no existieron tampoco los informes en los que se basaron sus decisiones
El 18 de mayo de 2020, ABC publicó un artículo que firmaba José Antonio García-Trevijano Garnica, quien rubricaba su texto como abogado. Se titulaba «Alarma o despropósito» y en él, el autor decía que sólo el tiempo permitiría analizar con sana lupa si el estado de alarma que estábamos soportando era el adecuado. El Tribunal Constitucional ha dicho que no.
De la misma forma, el paso del tiempo habría de permitir analizar si eran ajustadas a Derecho las decisiones tomadas bajo el estado de alarma, por ejemplo, contratos más que dudosos. Hoy sabemos que hay bastantes expedientes (de los que la Administración no informa) sobre incumplimientos contractuales, e incluso sobre desaparición simple y llana de contratistas –elegidos no se sabe cómo– que cobraron y nunca entregaron la mercancía comprometida (guantes de nitrilo, desinfectantes, etc.).
El Gobierno de Sánchez, con su prepotencia habitual, no consultó al Consejo de Estado sobre el primer estado de alarma, que ha sido declarado ilegal. Se consultó ciertamente sobre el segundo, pero no sobre su duración de ocho meses, tema que el Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver. Veremos el resultado.
García-Trevijano también denunciaba que el Plan de desescalada no se publicó en Boletín Oficial del Estado y en efecto, nunca lo fue. Esto era también muy grave porque no se pueden tomar decisiones sobre limitaciones de los derechos de los ciudadanos «a placer», ya que, como recordaba el autor del artículo, «en derecho público no vale la decisión querida, sino la decisión formada, la cual exige de criterios previos para su conformación. Y ello no es algo menor, pues los actos de los poderes públicos pueden ser generadores de responsabilidades penales, y para su control es importante analizar cómo se adoptan y, en definitiva, si son o no arbitrarios». Todos sabemos que el Gobierno confirmó hace meses que nunca existió el supuesto comité de expertos, y en estos días también se ha confirmado que no existieron tampoco los informes en los que se basaron sus decisiones.
Dada la confirmación de todo lo que García-Trevijano denunciaba en su artículo –y sin entrar en más detalles– no se entiende cómo el Ministerio Fiscal no presenta la correspondiente querella, pues no es ya que haya sido inconstitucional el estado de alarma, sino que lo han sido además –en sí mismas– muchas de sus decisiones tomadas a lo largo de este año y medio, además de su huida del control parlamentario, lo que ha sido asimismo declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
En el artículo, García-Trevijano terminaba diciendo que estábamos viéndonos sometidos a decisiones de plano que suponen «arbitrariedad (incluida la desigualdad), pues esta no se controla ya en función del contenido de cada decisión, sino partiendo de los criterios públicos predeterminados que permitan analizarla y controlarla». El artículo terminaba con la única conclusión posible: «Estamos ante una situación especial que requiere medidas singulares que se están adoptando sin el pueblo, pero en su beneficio. Pues bien, resulta que eso es precisamente una dictadura».
He olvidado decir una cosa. José Antonio García-Trevijano firmó el artículo como simple abogado siendo letrado mayor del Consejo de Estado. La presidenta del mismo, María Teresa Fernández de la Vega, decidió imponerle una sanción por hacer unas afirmaciones que se están demostrando plenamente correctas desde un punto de vista legal –como cabía esperar en un hombre de la sabiduría y experiencia jurídicas de García-Trevijano–. Como es lógico, él planteó un recurso de reposición que duerme el sueño de los justos en el cajón de Fernández de la Vogue.
España. Año de Gracia de 2021
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