La obligatoriedad de la enseñanza hasta los 18 años, ¿problema o solución? (I)
El problema del paro juvenil (16-25 años) en España emerge, vez tras vez, al hilo de la publicación de las estadísticas oficiales y para darnos un sobresalto. Con una última tasa cercana al 30 por ciento –casi el doble de la de la Unión Europea– nos situamos, junto con Grecia, a la cola de los países miembros. Se trata de un verdadero problema, durante demasiado tiempo sin resolver, que pone sobre nuestros hombros un peso social considerable: es una amenaza cierta para el futuro de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad. Los bajos valores de ese indicador laboral repercuten en otros fenómenos conexos, tales como las altas tasas de NiNis (ni en la formación, ni en el empleo) o el riesgo de pobreza y exclusión social entre los jóvenes. Estamos, desde luego, ante un fenómeno complejo que depende de la naturaleza de nuestro sistema productivo, de las características del mercado laboral, de la respuesta del sistema de educación y formación y de sus interacciones. Pero es claro que algo habrá que hacer con urgencia y también con acierto.
Existe un consenso amplio entre los especialistas nacionales e internacionales en el sentido de que mejorar el nivel formativo de los jóvenes constituye un objetivo clave para adaptarse a las exigencias que plantea una economía y una sociedad crecientemente basadas en el conocimiento. Sin embargo, nuestras altas tasas de desempleo juvenil van acompañadas de valores altos de abandono educativo temprano y de una distribución del nivel formativo de los jóvenes –anómala en el contexto europeo–, que presenta una brecha significativa entre el elevado porcentaje de jóvenes con formación superior y el elevado porcentaje de jóvenes que no terminaron tan siquiera la educación obligatoria. En esta suerte de V, el vértice corresponde al porcentaje de jóvenes con un nivel intermedio; este valor ha ido mejorando a lo largo de la última década, aunque muy lentamente, es decir, sin que comporte un cambio sustantivo en ese patrón en forma de V. En tales circunstancias, la problemática que se plantea en el título de esta columna debería ser objeto, cuando menos, de un debate nacional serio. Hay razones sobradas para ello.
El artículo 27.4 de la Constitución Española establece: «La enseñanza básica es obligatoria y gratuita». Nuestra Ley de leyes no entra a concretar la extensión de esa enseñanza básica, que depende claramente del contexto y que, por tanto, no se puede fijar administrativamente de una vez para siempre. Tan solo asegura la obligatoriedad y, por ende, la gratuidad de estos niveles de enseñanza. La LOGSE (1990) fijó en 16 años ese límite superior, ampliando en dos años los 14 de la Ley General de Educación (1970). Pero resulta bastante evidente que la actual enseñanza obligatoria ya no puede considerarse básica –en el sentido de indispensable– para la vida personal y para el mundo del empleo de cualquiera de nuestros jóvenes. Adentrados en la «cuarta revolución industrial» esa educación general es, pura y simplemente, insuficiente.
La posición al respecto de los políticos optimistas consiste, en palabras de algún ministro, en admitir que este problema «terminará arreglándose solo», y lo cierto es que la tendencia correctora que se observa parecería estar dándoles la razón. Es la respuesta de una sociedad –de los alumnos y de sus familias– en la cual va calando el postulado genérico de que «sin formación, no hay empleo». Y ese alineamiento espontáneo produce un orden global, no planeado, que se estaría reflejando en los datos estadísticos. Pero en el caso de la educación, sucede que confiarlo todo al orden espontáneo plantea problemas de eficacia y de eficiencia, de índole tanto económica como social. Algunos otros consideran que operando tan solo del lado de la oferta de plazas, el problema de la mejora en el nivel formativo de nuestros jóvenes estará resuelto.
En uno y otro caso hay que recordar que el acierto en las decisiones individuales y familiares en materia educativa depende claramente, en términos estadísticos, de su nivel socioeconómico y cultural, de modo que si no se produce una acción ecualizadora por parte del Estado en materia de oportunidades reales y efectivas –sin menoscabo de la libertad de elección–, esa lentitud exasperante de los avances constituirá un hándicap notable para nuestro progreso económico y para nuestra cohesión social.
Ante esta situación, procede terminar por el principio y plantearnos de nuevo la pregunta: la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 18 años ¿es un problema o una solución? La respuesta, junto con el grueso de los razonamientos correspondientes, los presentaré en mi próxima colaboración.
Francisco López Rupérez es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y expresidente del Consejo Escolar del Estado
