Contra la Iglesia
No se justifica el intento de emprender una «causa general» de naturaleza inquisitorial que pretende poner bajo sospecha y aún considerar culpable a la Institución en sí misma
La iniciativa del Gobierno de investigar los casos de pederastia en la Iglesia Católica, mediante una comisión parlamentaria o por el Defensor de Pueblo, no persigue la investigación y castigo de los abusos, sino desprestigiarla y atacarla.
Los casos de abusos sexuales constituyen un crimen abominable. En la Iglesia se han producido desgraciadamente muchos. Uno solo ya habría sido demasiado. La naturaleza de las víctimas y la relación con los agresores resulta especialmente repugnante. El hecho de que se produzcan también en otros ámbitos, instituciones o profesiones no constituye la más mínima atenuante. A esto se añade el hecho de que algunas autoridades eclesiásticas han ocultado los hechos y se han convertido en cómplices o encubridores.
Pero esto no justifica el intento de emprender una «causa general» de naturaleza inquisitorial que pretende poner bajo sospecha y aún considerar culpable a la Institución en sí misma. Que no se trata de luchar contra la pederastia lo prueba el hecho de que no se investigan todos los casos y ámbitos, sino solo uno, como si sólo hubiera abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia.
La nota publicada anteayer por NEOS contiene una argumentación, breve, razonada y contundente contra esta iniciativa y los verdaderos motivos que la guían e impulsan. Se trata de una reivindicación de la verdad y de la justicia frente a esta descabellada «causa general».
Al no tener ninguna competencia para sancionar, la iniciativa es jurídicamente irrelevante. La competencia pertenece al Poder Judicial. Él es el encargado de condenar los delitos e imponer las penas. Además, no hay aquí ninguna responsabilidad política que se pueda depurar. Lo que es necesario es prevenir, detener y castigar a los culpables. Y en esto tienen que colaborar todas las personas e instituciones, incluida la Iglesia.
El proceso tiene como finalidad desacreditar a la Iglesia y, en general, a todos los católicos. Hay que recordar que la Iglesia no es sólo la jerarquía ni los clérigos, sino todos los católicos. Forma parte del proyecto gubernamental de «ingeniería social» para transformar la sociedad según sus criterios e intereses. Es más propio de un régimen totalitario que de otro que se fundamenta en el Estado de Derecho y la democracia liberal.
La clave se encuentra, muy probablemente, en la educación. En la «cruzada» cultural emprendida por el Gobierno y sus aliados (comunistas, etarras, separatistas y nacionalistas) la educación es decisiva. La cuestión central no es ya la economía o la política, sino la educación. Como los jacobinos radicales, aspiran a sustituir la influencia de la Iglesia por la suya. Por eso, Condorcet decía que Robespierre era un cura. Estos necios discípulos de Voltaire quieren fundar una nueva iglesia laica, una dogmática religión política. En definitiva, pensando en la enseñanza concertada, se trata de desacreditarla y de sembrar en la opinión la falsa idea de que carece de legitimidad para enseñar.
Cuanto más veo extenderse la maldad y la corrupción en el seno de la Iglesia a lo largo de la historia, más me convenzo de que es obra del designio divino y de su condición de depositaria de la verdad que es Cristo. Pues no hay vestigio ni recuerdo de ninguna institución que, a lo largo de la historia de la humanidad, haya sobrevivido a tan fuertes ataques de tantos enemigos externos e internos.
En conclusión, la iniciativa no va guiada, pues, por la buena fe y la búsqueda de la verdad, sino por el resentimiento, la mentira y la mala fe.
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