María Rosario y Diego, ¿qué tal dormís?
Lo que ha permitido la «mayoría progresista» del Tribunal de Cuentas es una infamia jurídica: la administración robada pagará la multa a su ladrón
Mi primo político Melquíades, de rotundo bigotón y al que la familia conocía como Melke, no era exactamente una lumbrera. En una ocasión, allá a finales de los años setenta del siglo XX, fue a comprarse unos zapatos en La Coruña. «¿Cuánto cuestan?», preguntó al dependiente. «Dos mil pesetas», le informó. Y entonces el primo lo miró con un guiño de agudeza y le dijo: «Ponga tres mil pesetas y me los llevo». Aquel fenómeno pensaba que los zapatos mejoraban si pagaba más por ellos, e incluso se jactaba de su astucia relatando lo sucedido en las comilonas familiares.
Pues bien, incluso el entrañable Melke, que en gloria esté, entendería a la primera que lo que acaba de hacer el nuevo Tribunal de Cuentas, recién tuneado para tener «mayoría progresista», es una auténtica burrada jurídica. Resumo lo que acaba de dar por bueno dicho Tribunal: 1.- Unos políticos cometen un acto ilegal malversando dinero público. 2.- La justicia los multa por ello, con fianzas que deben de pagar a cargo de su patrimonio personal. 3.-La administración que han saqueado les da dinero público para que paguen las multas. Es decir, el Ejecutivo que ha sido robado paga la multa por el robo que ha sufrido. ¡Puro Kafka!
Pues bien, esto es exactamente lo que hizo el Gobierno separatista catalán con los líderes del independentismo multados, y ahora el Tribunal de Cuentas «de mayoría progresista» lo da por bueno, revirtiendo la decisión anterior por una razón sencilla: le viene bien a Sánchez para sus palanganeos con los socios separatistas que lo sostienen.
Juristas situados en los más altos tribunales de este país, consultados por la responsable de Tribunales de El Debate, María Jamardo, tachan de «infamia» y «disparate jurídico» lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas de flamante «mayoría progresista». Pero no cabe ya recurso. Nos vamos a comer la burrada con patatas, pues quien podría recurrir, la Abogacía del Estado, sirve también a Sánchez y no lo hará. Un ejemplo más de la degradación que está sufriendo nuestra democracia con el actual Gobierno, que hace urgente relevarlo en las próximas elecciones.
Veintiocho líderes del mal llamado «procés», que en realidad fue un golpe de Estado a cámara lenta para romper España, fueron condenados a pagar fianzas de 5,4 millones por malversar dinero público para fomentar el independentismo en el extranjero. Entre ellos figuraba lo más granado de la alineación: Mas, Puigdemont y Junqueras. Pero el nuevo consejero de Economía catalán, Jaume Giró, antaño ejecutivo de La Caixa y despedido por sus ambiciones trepísticas, se considera uno de los tipos más listos del orbe. Así que ideó una trampa para burlar a los panolis de Madrit y sus tribunales: el Instituto Catalán de Fianzas se haría cargo del pago de las multas con cargo al erario público de la Generalitat.
Es decir: el robado paga a los ladrones. Una locura, que como tal fue rechazada en su día por la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, con el consiguiente disgusto de la panda separatista (y de Sánchez, que depende de ellos). Pero el ya prejubilado Casado se avino a renovar el Tribunal y lo primero que ha hecho la nueva «mayoría progresista» ha sido perpetrar este desaguisado, que supone un insulto a la lógica y a todos los españoles (entre otras cosas, porque es el peculio del Estado el que sostiene a Cataluña para que pueda emitir su deuda y financiarse, y sin ese oxígeno la comunidad estaría quebrada).
Esta tropelía tiene dos nombres y deben decirse bien alto. Los culpables son dos nuevos miembros del Tribunal de Cuentas que se llaman María del Rosario García Álvarez, una juez «progresista» de Jueces para la Democracia; y Diego Íñiguez, hasta hace unos meses jefe de gabinete de la ministra Margarita Robles y antaño en el equipo de la vicepresidenta socialista De la Vega. Estos dos juristas han actuado con su carnet ideológico bien apretado entre los dientes, anteponiendo sus creencias doctrinarias al más elemental sentido común jurídico. Sus fotos deberían ocupar las portadas todos de los periódicos, porque lo que han hecho es ciertamente lamentable. ¿No se avergüenzan? ¿No sienten un mínimo rescoldo de remordimiento?
Al final vamos a pagar de nuestro bolsillo las multas de unos golpistas simplemente porque dos juristas prefieren anteponer su camiseta del PSOE a la rectitud. Ética cero. Pero por supuesto en esta España anestesiada no pasará nada. La televisión es de izquierdas, periódicos que se dicen de derechas ya hacen ojitos a Sánchez con sus «giros al centro» y el primer partido de la oposición está con su jefatura vacante. Así es difícil. Pero bueno, algunos todavía podemos contarlo.
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