Un Gran Ojo te está espiando
Nuestra intimidad no vale nada: las plataformas digitales se lucran con ella y el aparato del Estado a veces graba y husmea sin permiso alguno
A los que fuimos niños en la era predigital nuestros padres nos educaron en que la correspondencia personal era sagrada. Nadie tenía derecho a abrir una carta ajena, ni a grabar una conversación de teléfono. Hoy esos honorables principios parecen arrumbados en el basurero de la historia. Un Gran Ojo público-privado lo controla todo. De ahí, por ejemplo, que muchos personajes que ocupan puestos de altísimo nivel utilicen vetustos teléfonos móviles sin conexión a internet para evitar ser espiados y localizados.
El control es de doble naturaleza. Por un lado nos vigilan los colosos digitales, que se lucran de la minería de datos. Consiste en fisgar en nuestra intimidad para predecir nuestros comportamientos y mercadear con ellos. Por otra parte está el espionaje de los estados y sus aparatos de seguridad, que se tolera en nombre de un bien que se considera superior: la seguridad de todos.
Está estudiando que basta un centenar de «likes» de un usuario para que Facebook lo conozca mejor que la persona que duerme a su lado. Hemos regalado nuestra intimidad a los buscadores y las redes sociales, porque presentan una fachada benévola y nos prestan servicios útiles, o entretenidos. ¿Quién se molesta en leer la letra pequeña de los consentimientos digitales? Nadie. Pero cada vez que aceptamos estamos legalizando que se haga negocio con nuestro yo más íntimo.
La otra tenaza de control es la del aparato de seguridad y la judicatura. Sálvame es el epítome de un tipo de televisión denigrante. No hay duda. Pero no deja de sorprender que al hilo de la investigación policial sobre ese espectáculo de fango cardíaco, iniciada hace seis años, se hagan públicos ahora sin cortapisa alguna los mensajes privados de esas personas. ¿Por qué se filtran en España con tanta alegría las investigaciones policiales y judiciales? Si vivimos en un Estado de derecho, donde impera la presunción de inocencia, ¿por qué se puede grabar sin su conocimiento a unas personas que mientras una sentencia no concluya lo contrario son inocentes? ¿Basta una mera sospecha para que todo lo que hablamos y escribimos pase a ser conocido por las fuerzas de seguridad?
En España hemos vivido numerosos casos de supuesta corrupción que levantaron una enorme polvareda, pero que al final fueron archivados, o acabaron en absolución. Por el camino se divulgaron llamativas frases y conversaciones privadas, muchas veces incompletas, o sacadas de contexto. ¿Con qué derecho se aventó la privacidad de esas personas, a la postre inocentes? En España, un policía corrupto, ahora en la cárcel acusado de gravísimos delitos, se pasó lustros haciendo negocio con sus grabaciones y con chantajes asociados a ellas. Compañías de primerísimo nivel llegaron a contratar esos «servicios» como si fuese algo normal. En España, el exlíder del primer partido de la oposición llegó a acusar a una adversaria de su formación esgrimiendo que había accedido a cierta documentación reservada de la Administración, que según la ley no puede andar danzando por ahí.
Algunos de ustedes estarán pensando: la policía graba y escucha para atrapar a delincuentes, o para evitar delitos, así que bien está. Es un aserto discutible. Empleando esa línea argumental, también se lograrían mayores éxitos policiales deteniendo a los sospechosos por tiempo indefinido, o con interrogatorios extremos. Pero en un Estado de derecho consideramos inaceptables tales prácticas. Llevándole la contraria a Maquiavelo estimamos que el fin no justifica «todo tipo de medios». Entonces, ¿por qué permitimos que los Leviatanes de Silicon Valley y los Estados nos hurten tan fácilmente nuestra intimidad?
El consejo de ministros ha acordado, a propuesta del controvertido ministro Marlaska, impulsar una ley que dará acceso directo a las policías a la información financiera de sospechosos. Hasta ahora, las fuerzas de seguridad necesitaban para ello un permiso previo de un juez o un fiscal. Existía una garantía preventiva, a fin de proteger nuestros derechos. Marlaska quiere eliminarla, invocando que así se facilitará la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales. Alega también que las policías solo podrán estudiar esos datos financieros ante la sospecha de infracciones penales graves. Pero es evidente que se abre la puerta a un coladero. Por no hablar ya de que entre las policías que podrían acceder directamente a apuntes contables figuran los Mossos, un cuerpo al servicio del Gobierno separatista catalán, manifiestamente desleal con España y sus intereses.
Algún día nos daremos cuenta de que adormilados en nuestro confort dimos por bueno un mundo de control orwelliano. En China ya existe el llamado «sistema de crédito social». Los algoritmos del Gobierno del Partido Comunista analizan el rastro que van dejando las personas con su actividad y una vez evaluado los califican como buenos o malos ciudadanos, aplicando premios o castigos (por ejemplo, un mal chino puede tener problemas para comprar un billete de avión y un buen chino recibir mejor atención médica). El derecho de las personas a su reputación, privacidad y dignidad queda hecho añicos. Pero el Estado vende que así se logra una China más segura y ordenada. En España nos gobierna gente profundamente antiliberal, con los peores instintos, que no haría ascos a un modelo similar. Denle otra legislatura a Sánchez y sin duda viviremos grandes «avances» en seguridad.
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