la educación en la encrucijada jorge sainz

La inflación también va al cole

Mucho se ha hablado de cuál es el efecto de la inflación sobre el bolsillo de los españoles, pero todavía he visto poca discusión sobre cómo afectará esta subida de precios a nuestras instituciones educativas

Mi hijo, que comienza este curso tercero de la ESO, está estudiando por primera vez conceptos económicos en Geografía e Historia. Para mi sorpresa, y seguro porque nadie en el Ministerio de la señora Alegría pensó que los precios iban a retomar, cuatro décadas después, el crecimiento por la senda de los dos dígitos, está aprendiendo el concepto de inflación.

En un libro donde el capitalismo es el responsable de todos los males de nuestra sociedad, la inflación pasa sorprendentemente de rositas, mostrando una vez más lo poco preparado que estaba el Gobierno para este incremento de los precios. Mi conjetura es que, de haberlo sabido, el currículo de la asignatura recogería que la inflación por encima del 10 % que estamos soportando se debe al presidente Putin o algún señor gallego que quiere ser presidente del Gobierno de su país. Ya saben que las dos opciones son similares para los grandes hacedores de currículums educativos.

Mucho se ha hablado de cuál es el efecto de la inflación sobre el bolsillo de los españoles, pero todavía he visto poca discusión sobre cómo afectará esta subida de precios a nuestras instituciones educativas. Mis alarmas saltaron hace unas semanas cuando, de forma fortuita, coincidí con el gerente de un grupo educativo no universitario privado. Con esta mente inquisitoria que Dios me ha dado no se me ocurrió preguntarle otra cosa que cómo iba a afectarle la subida de precios. Me puso un ejemplo que consiguió dejarme preocupado: solo el incremento en el gasto de energía supone un aumento del gasto total del presupuesto de un 6 % de los gastos corrientes. A esto hay que añadir el incremento del 13,8 % el IPC de los alimentos, los ajustes salariales, el mantenimiento de los módulos de conciertos, etc. En resumen, un panorama desolador.

Como cualquier economista hubiese hecho, me acerqué a la web del INE a mirar cuál había sido el último dato de incremento en el epígrafe enseñanza de agosto de 2021 agosto de 2022. Frente a un incremento del 10,4 % general, el sector de educación solo ha aumentado sus precios en 1,2 %. Podría ser ingenuo y pensar que la enseñanza ha conseguido mantener sus precios. Pero me temo que la razón es otra. Veámoslo con el caso de las universidades públicas.

El sistema universitario es un sistema bastante especial, lo que explica en parte lo que yo llamo la endogamia de la gerencia: la mayor parte de las gentes llevan años ejerciendo en una u otra Universidad independientemente de los éxitos o fracasos que han podido cosechar. Es una institución peculiar además porque, a diferencia de una panadería o una tienda de ropa, o una gasolinera, no puede subir sus precios a lo largo del período de disfrute de sus servicios, un año académico, para ajustar ingresos y gastos.

Veamos cómo funcionan y cómo afecta la inflación a los ingresos a una universidad. El presupuesto medio por universitario, según cifras del Ministerio de Universidades, se encuentra en el entorno de los 7.500 euros. La aportación media de la matrícula a esa cantidad es de 1.050 euros aproximadamente. Para su cobro, en este caso, hay tres opciones: que la Universidad reciba el dinero a la hora de hacer la matrícula, o que los estudiantes la paguen a plazos o que, como hace más de un tercio de los estudiantes, soliciten beca y la matrícula llega a la caja de la Universidad cuando el Ministerio tiene a bien pagar las becas.

Hasta ahora había poca diferencia entre una u otra opción. De hecho, conozco universidades que preferirían los pagos a lo largo del tiempo, ya que en un escenario de tipos de interés negativos les facilitaba la gestión de los flujos de caja. Sin embargo, ahora la diferencia entre el valor de un estudiante que paga la matrícula de 1.050 euros en julio frente al estudiante becado, cuya matrícula la financia el Ministerio, y cuya cuantía recibe la gerencia cómo pronto a mediados del año siguiente, es de más de 100 euros de capacidad de compra.

La otra parte de la financiación de las universidades llega mayoritariamente en forma de subvenciones nominativas por parte del Estado (en el caso de la UNED y la Menéndez Pelayo) y de las respectivas Comunidades Autónomas. Como en todo proceso administrativo las cantidades se fijan en la elaboración de los presupuestos y difícilmente se pueden modificar a lo largo del año para tener en cuenta la inflación. Esto supone que cualquier incremento de inversión universitaria por debajo de las tasas de inflación supone una pérdida de poder adquisitivo para la Universidad. Cuanto más dependiente sea la Universidad de las matrículas, caso de la UNED, mayor será su problema financiero.

Es cierto que el mayor gasto en los centros educativos, incluyendo las universidades, es el gasto de personal. En educación superior el personal representa un 55 % del gasto total de las instituciones frente al 15 % de los gastos corrientes. Es cierto, también, que los sueldos y salarios de los centros públicos vienen fijados en los presupuestos generales del Estado y de las Comunidades Autónomas y que, por lo tanto, los centros educativos tienen escaso margen para poder cambiar estas cifras, con la diferencia de que mientras que en la educación no universitaria son las comunidades autónomas las que comprometen las mejoras salariales, como por ejemplo ya ha hecho Madrid, los profesores universitarios somos funcionarios estatales y el aumento de nuestras remuneraciones lo decide la señora Montero.

Estamos en pleno período presupuestario. Y a pesar de mi conocido optimismo me temo que las universidades, si sigue esta tendencia, van a ver aumentados sus presupuestos nominales, pero van a ver cómo su presupuesto en términos reales, es decir su capacidad de compra, va a caer de forma substantiva. Peor va a ser la situación de los colegios concertados que, por las características de su modelo de financiación y el poco compromiso que tiene con su labor social el Gobierno, también van a sufrir una pérdida de capacidad adquisitiva. Los perdedores de nuevo, como siempre, familias, alumnos y estudiantes.