El papel del Rey
«¿Puede hacer más Felipe VI?», se preguntan algunos españoles ante lo que parece una reforma constitucional encubierta. Una cuestión complicada
El principal patrimonio de un periódico son sus lectores. Los de El Debate son muy participativos, lo cual se agradece mucho, y aportan infinidad de reflexiones interesantes. En sus comentarios han aparecido estos días varios apuntes sobre el papel del Rey ante la crisis constitucional encubierta -o no tan encubierta- a la que estamos asistiendo. ¿Puede hacer algo Felipe VI?, se preguntan algunos, y otros directamente se lo reclaman.
Es un asunto complicado.
En las monarquías parlamentarias el rey es el jefe de Estado, el máximo representante público de la nación y un árbitro sutil. Los soberanos deben respetar la neutralidad política que les imponen las constituciones de las democracias. Las coronas se asientan también sobre un patrimonio intangible: la historia, el buen ejemplo de sus titulares y su utilidad (por eso minan tanto el prestigio de la institución los comportamientos inmorales y los afanes de modernización exprés de aquello cuyo valor radica precisamente en no ser moderno, eludiendo así una fecha de caducidad rápida).
En resumen, en una democracia asentada, en un país más o menos tranquilo, un rey es sobre todo una figura simbólica, alrededor de cuyo prestigio se reúne la nación. Solo con eso se puede prestar un servicio extraordinario, como demostró Isabel II en su dilatadísimo reinado, basado en el respeto a la historia y el ejemplo metódico de su laboriosidad, sentido del deber y profunda fe cristiana.
El problema de España radica en que está empezando a alejarse de lo que coloquialmente llamaríamos «una democracia normal». Ya no lo es porque alberga en su Gobierno a partidos que cuestionan con palabras y hechos el orden constitucional al que deben sus cargos. Los ministros de Podemos se muestran partidarios de acabar con la monarquía y dar paso a una república. Además, abogan por liquidar lo que llaman despectivamente «el régimen de la Transición». Las Juventudes Socialistas, el vivero del PSOE, son ya manifiestamente republicanas. Por último, el partido principal de la izquierda, el del presidente del Gobierno, se mantiene sostenido por los más tenaces enemigos de España y su Constitución; por lo que el PSOE está legislando a favor de los intereses de esas formaciones separatistas, y por lo tanto, minando la unidad nacional (amén de otros abusos que restan oxígeno democrático, como el acoso a los jueces y la apropiación partidista de instituciones estatales de todos).
Esta manifiesta deslealtad de la izquierda con los pilares de la democracia española, que no existe en otros países europeos con monarquías parlamentarias, dificulta enormemente el papel de Felipe VI, de 54 años y que reina desde junio de 2014. El actual Rey, de talante metódico, preparación idónea, carácter frío y clara vocación de servicio, goza de un fuerte aprecio popular (de hecho golea a los políticos). Pero si el PSOE se desmarcase abiertamente de la monarquía, la institución se tambalearía, y con ella todo el andamiaje que sostiene nuestra democracia. Por eso el Rey ha de mantener un cuidado escrupuloso en cultivar la lealtad -o rescoldo de lealtad- del Partido Socialista, incluso aunque le toque hacerlo con un personaje de la trayectoria, talante e instintos del actual presidente.
Si Sánchez pierde el poder en las elecciones del próximo año habrá margen para que el PSOE se acerque un poco a la centralidad (aunque mi pronóstico es que si es derrotado lo veremos caer como un castillo de naipes, como ha ocurrido con los partidos socialistas de Francia, Grecia e Italia). Pero si Sánchez gana de nuevo, ¡peligro!, que diría Rajoy en sus artículos futboleros. En la próxima legislatura se comenzarían a levantar ciertos diques que impiden la ruptura de España. Se haría mediante un plan que ya está en marcha para tomar el TC y atender desde él las exigencias de los aliados separatistas (léase, algún tipo de consulta de autodeterminación).
Sánchez ha puesto a prueba la templanza del Rey. Lo ha obligado a rubricar unos indultos que contravenían a los tribunales y a la opinión pública. Va a suprimir el delito de sedición, contradiciendo así en la práctica el crucial discurso de Felipe VI en octubre de 2017, cuando salió en defensa de una legalidad que ahora Sánchez reescribe al dictado de los delincuentes de entonces. El presidente ha restado lustre a la agenda real y ha congelado la asignación de la Corona. Ha forzado una suerte de destierro del padre del actual monarca. Hasta ha incurrido en absurdos gestos displicentes en plan «aquí estoy yo», como lo de llegar tarde al desfile del pasado octubre y hacer esperar al Rey.
Felipe VI ha callado y continuado con sus tareas de monarca constitucional en el marco que le fija el Gobierno. Ha optado por no lanzar mensajes entrelíneas (como hizo Isabel II en el referéndum escocés de 2014, cuando a la salida de una misa soltó una frase volandera de apariencia inocente, con la que en realidad lanzó un decisivo guiño a favor de la unión). Felipe VI también ha evitado mediar en la política cotidiana, en contra de lo que hacía en su día Juan Carlos I con lo que se dio en llamar «el borboneo», práctica hija de su tiempo.
Pero que nadie se confunda: el Rey tiene el mandato constitucional de «guardar y hacer guardad la Constitución», es «el jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia», «arbitra el funcionamiento regular de las instituciones» y es el «mando supremo de las Fuerzas Armadas». Es decir, el Rey está ahí como último parapeto de nuestros derechos y y libertades y de la unidad de España (por eso la izquierda antisistema y los separatistas van a por él, porque saben que es un obstáculo mayor para sus metas).
Ojalá que nunca vivamos el momento en que tenga que ejercer todas esas atribuciones. Confiamos en que los españoles den carpetazo el año próximo en las urnas a este agobio de instintos autoritarios que llamamos «sanchismo». Pero si Sánchez y su mayoría antisistema continúan en el poder y llevan a su término el plan que ya se ha puesto en marcha, si España y su Constitución sufren el ataque final, no cabe dudar de que Felipe VI estará en su sitio. La Corona no es un adorno.
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