Inseguridad jurídica
Desde Hacienda miran con ojos golosos a todo aquel que tienen euro en el bolsillo, pensando en qué nuevo impuesto hará legal la incautación
El Gobierno no admite que, con su traslado a los Países Bajos, Ferrovial cuestione la seguridad jurídica del país. Ningún otro lo hubiera permitido. Una afirmación de semejante calibre es una carga de profundidad contra nuestros intereses, porque mancha nuestra imagen, espanta al inversor internacional y pone en cuestión al mismo Estado. Sin embargo, donde otros hubieran llamado a consultas, en privado, al presidente de la constructora para exigirle, incluso de forma airada, que matizara su declaración, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por montarle la bronca en público.
Con sus exabruptos, insultos, declaraciones altisonantes y amenazas en coro ha hecho bueno el argumento de la constructora: España es un país en el que se agrede al empresario. No es una turba descontrolada la responsable. Lo hace, poniendo nombres y apellidos, el que ha recibido la responsabilidad y tiene el mandato de estar al servicio de los ciudadanos. Ha llegado a tal extremo que, en una inédita declaración, el normalmente prudente Instituto de la Empresa Familiar ha exigido respeto a la Moncloa, recordándole que sus empresas forman parte del tejido vital y social del país.
Quizá, los asesores del presidente piensen que, con semejante despliegue de animosidad, han puesto en un brete a los accionistas de Rafael Del Pino, que son los que tienen la última palabra. Tal vez crean que han hecho de la necesidad virtud, evitando que otros muchos, tentados de coger las maletas, se tienten la ropa antes de dar ese paso. Es posible que, a corto plazo, hayan logrado su objetivo. Sin embargo, el daño que a largo plazo han inflingido a la marca de país es incalculable y de largo recorrido.
Llueve sobre mojado. El recorrido de su política económica ha dejado ya suficiente rastro. Desde Hacienda miran con ojos golosos a todo aquel que tienen euro en el bolsillo, pensando en qué nuevo impuesto hará legal la incautación. Entretanto, en Igualdad o Asuntos Sociales o la Seguridad Social diseñan subvenciones para contentar a una depauperada clase media que, supuestamente, lo agradecerá con su voto en las urnas. Es el manual de uso del peronismo rampante que reina en nuestro país. Ya sabemos a dónde ha conducido a Venezuela o Argentina. La pena es que nosotros vamos por el mismo camino. Por eso, el que tiene un legado familiar que preservar, aún con toda la tristeza del mundo, busca otros destinos.
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