Ilegalizar a Bildu
Lo escandaloso no es que Ayuso o Vox lo pidan, sino que solo lo exijan ellos
La ilegalización o no de Bildu admite un debate político y jurídico, pero nunca el silencio ni, mucho menos, el oprobio de quienes defienden esa postura. Que se haya zanjado de un plumazo, con una decisión de la Fiscalía General del Sanchismo tan acelerada como las del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, refleja dos derivas peligrosas.
De un lado, la consolidación definitiva de la alianza entre el PSOE y Bildu, más cercana al matrimonio estable que a la noche loca ocasional. Y de otro, la colonización extrema de las instituciones del Estado por parte de un partido que aspira a implantar un Régimen propio, con apariencia democrática, en el que los contrapoderes se comporten como un mero escudo de sus intereses.
En España nos estamos ya acostumbrando a que, por las necesidades efímeras de Sánchez y las enfermizas creencias de sus socios, se inviertan los términos razonables de la convivencia y se discuta más de los derechos de los delincuentes que de los de sus víctimas, presentando a los primeros como unos pobres vulnerables y a los segundos como una especie de abusones sin empatía.
El okupa, el agresor sexual, el malversador, el golpista y ahora hasta el etarra consumen más energías legislativas a su favor que el propietario, la violada, el ciudadano corriente o el damnificado por el terror; idealizando o justificando a los primeros, como si les impulsaran razones legítimas hasta hoy ignoradas y animalizando a los segundos, como si solo les moviera un caprichoso deseo de arruinar la verdadera justicia social.
Que esa perversa lectura de la realidad alcance incluso al blanqueamiento de un partido encabezado por un terrorista, formado por terroristas, incapaz de condenar el terrorismo y empeñado en liberar y homenajear a terroristas agudiza la degradación extrema que, en pocos años de sanchismo, hemos sufrido y casi acatado, hasta el punto de que defender lo razonable resulta mucho más polémico, controvertido y difícil que alienarse con el exceso, el despropósito o directamente el delirio.
La Ley de Partidos insta a ilegalizar a cualquier formación que incluya en sus listas electorales u órganos de dirección a terroristas que no hayan renegado de sus andanzas ni renunciado a «los fines y los medios» que impulsaron sus crímenes.
Nunca ha habido una condena expresa del horror por parte de Bildu, que se ha limitado a mostrar su «dolor» por las víctimas, incluyendo en ese epígrafe, con repugnante equidistancia, a las asesinadas por ETA y a las fallecidas al colocar su propia bomba lapa.
Y, que se sepa, tampoco ha renunciado a su objetivo independentista, más próximo que nunca por la lamentable sumisión de Sánchez en el País Vasco, Navarra y Cataluña.
La misma ley que acabó con ETA, al asfixiar buena parte de su financiación por el método de expulsar a Batasuna de las instituciones, se esgrime ahora para justificar no solo su presencia en ellas, sino su papel determinante en la orientación del Gobierno de España, sus prioridades y sus concesiones.
Lo extraño no es que Isabel Díaz Ayuso o Vox se pregunten si, con este percal, se debe instruir al menos el expediente de ilegalización de Bildu, con todas las garantías inherentes a un Estado de derecho decente. Lo escandaloso es que al resto les dé apuro exigir lo mismo y alimenten con ello la deleznable idea de que, para el futuro de España, las víctimas son una molestia y Otegi una garantía de paz.
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