La extrema derecha
España no tiene un problema con el fascismo, pero sí lo tiene y muy grave con la extrema izquierda
España no tiene un problema con la extrema derecha, pero padece uno muy grave con la extrema izquierda, que además de existir gobierna con esos postulados radicales, rupturistas, confrontativos y a menudo inconstitucionales.
VOX no es fascista, pero Podemos, Bildu, Sumar, ERC, Compromís y hasta el PSOE de Sánchez sí son populistas, que es la lengua común de todos ellos, practicada luego con distintos acentos, desde el comunismo hasta el chavismo, pasando por todos los dialectos separatistas empobrecedores de cada cantón ideológico.
De la capacidad del Gobierno para imponer un relato falso sobre los peligros que acechan a la democracia da cuenta el éxito de la criminalización de partidos perfectamente constitucionales y el blanqueamiento, por contra, de otros alejados de ese canon democrático elemental, con un objetivo evidente: negar la alternancia en el poder, que sería la consecuencia de imponer un cordón sanitario a VOX y, a la vez, negarse a permitir toda investidura de un dirigente del PP para frenar a ese supuesto peligro ultraderechista.
El cuadro se completa con la legitimación de alianzas infumables, con la misma argumentación que llevó a no pocos «progresistas» a sostener, hace poco más de un año en la huida vergonzosa de Occidente de Afganistán, que los talibanes ya no eran tan malos y habían evolucionado mucho. Como Bildu, ERC o Sumar, un magma de partidos y dirigentes definidos por su radical disposición a destruir ese monumento a la convivencia entre distintos que fue su despreciado «Régimen del 78».
Ninguna de las propuestas de VOX es fascista, ni siquiera las más ruidosas y polémicas, y mucho menos lo es su oposición al Estado de las Autonomías: resulta sonrojante escuchar ese argumento a los mismos que defienden a continuación la conveniencia de entregar de facto la gobernación del país, por las necesidades aritméticas de Sánchez, a quienes han defendido y defienden por métodos delictivos la destrucción del Estado en su conjunto.
De extrema izquierda es atacar a la propiedad privada, insultar a los empresarios, nacionalizar la riqueza, resucitar el guerracivislimo, confiscar los recursos, enterrar la separación de poderes, humillar a la Corona, denigrar los símbolos nacionales, animalizar al disidente, señalar a los medios de comunicación, ocupar todas las instituciones y contrapoderes del Estado de Derecho, anular a la oposición, situar a militantes en organismos públicos, manipular las estadísticas oficiales y convertir toda alternativa crítica en una oscura conspiración merecedora de un castigo público, legal y económico.
Ofrecer a una embarazada la posibilidad de escuchar el latido de su corazón, oponerse a la Ley de Violencia de Género, discutir la existencia de las Comunidades Autónomas, reclamar la ilegalización de partidos sedicentes, defender la anulación de las leyes más ideológicas del sanchismo, preguntarse por la relación entre delincuencia e inmigración irregular o sacar de las aulas la versión delirante de la educación sexual que algunos defienden no es, sin embargo, ultraderechista.
No hace falta suscribir todo el catálogo de ideas y propuestas de VOX, ni tampoco el tono hiperventilado que algunos de sus portavoces le ponen, para defender su derecho a existir y, desde luego, su legitimidad como partido de gobierno. Y pacte poco, nada o mucho el PP con Santiago Abascal, una aportación interesante a la higiene democrática sería decirlo más a menudo.
Especialmente cuando gritan de más, con una afectación artificial insoportable, los mismos que se callan ante el pavoroso deterioro democrático que ha extendido por España la extrema izquierda, el único problema real que amenaza a la Constitución como las polillas a la seda y las termitas a la madera.
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