La obligación de protestar
Puede que Sánchez haya logrado hacerle la lobotomía a su partido, pero es evidente que no ha conseguido hacérsela al conjunto de los españoles
La reacción masiva y abrumadora del estamento judicial y de los distintos colectivos de funcionarios contra las infamias que Sánchez ha pactado con Puigdemont constituye el primer motivo de esperanza ante lo que parecía el paseo militar de un aprendiz de autócrata. En los próximos días veremos como crece ese clamor contra la amnistía y como nuevos colectivos se revuelven contra el intento declarado de someter el poder judicial a los caprichos de la política. Acaso Sánchez haya logrado hacerle la lobotomía a su partido, pero es evidente que no ha conseguido hacérsela al conjunto de los españoles.
Esa reacción espontánea de tantos funcionarios del Estado debe ir acompañada por una movilización popular masiva como la que hoy vamos a vivir. Quienes están en las instituciones y tienen la obligación de defender la Constitución han de sentirse respaldados por una mayoría de españoles. Incluso es posible que algún socialista abochornado por la deriva de su partido sienta la fuerza suficiente para ser leal a sus convicciones democráticas y no al espíritu de tribu. ¡Quién sabe! En un momento de crisis absoluta, durante el asalto al Capitolio, el vicepresidente de Trump, Mike Pence, fue capaz de hacer frente a las presiones, cumplir su deber y permitir la alternancia democrática. ¿Habrá alguien en España con un coraje similar? Si así fuera, debe saber que tiene el respaldo de millones de ciudadanos anónimos.
En el fondo, lo de Trump y lo de Sánchez se parece mucho. Si Trump gana las próximas elecciones utilizará su poder para perdonarse en las diversas causas judiciales que se siguen contra él. Nuestro Sánchez ya usó su poder para perdonar a los golpistas condenados y ahora está dispuesto a someter a la justicia española a los dictados del independentismo a cambio de la investidura. Es algo inconcebible para un demócrata, pero no para este tipo de aventureros sin escrúpulos.
Frente a estos políticos tóxicos, el primer ministro portugués António Costa ofreció esta misma semana un ejemplo de responsabilidad y respeto institucional. El socialista Costa ha dimitido por una imputación judicial sin dejar caer el menor atisbo de crítica hacia la justicia, sin hablar de lawfare y proclamando que nadie está por encima de la ley. Sea cual sea el desenlace de su causa judicial, los portugueses bien pueden agradecer a Costa que haya facilitado el funcionamiento normal de las instituciones y no haya sometido al país a una tensión insoportable por aferrarse a su cargo.
Nosotros no tenemos la suerte de los portugueses. Aquí ocurre justo lo contrario: un político que ha perdido las elecciones está dispuesto a arrasar con todo, incluso con la justicia o con la solidaridad entre españoles, por seguir en el poder. Parece inevitable que Sánchez salga investido porque ha conseguido los votos necesarios para ello. Pero sí podemos evitar que cumpla lo que ha prometido a sus socios. Las instituciones se pueden defender y Europa también puede frenarle, pero para ello es necesario que los ciudadanos seamos los primeros en levantar la voz.
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