Hablando de parejas
Dos días antes de la detención de Koldo García, el compañero de la presidenta de las Cortes Generales se desvinculó de la sociedad instrumental que tantos beneficios le había reportado
¿Quiere la izquierda que hablemos de las parejas de los políticos? Pues hablemos de esos besos comunicantes.
-Irene Montero, pareja de Pablo Iglesias, pasó de ser cajera de un supermercado a jefa de Gabinete de su novio, portavoz del grupo parlamentario de su novio y ministra de Igualdad del Gobierno del que su novio era vicepresidente segundo. Cuando comenzó en política, Irene tenía un capital de 6.823 euros y cuando dejó el Consejo de Ministros atesoraba 629.969 euros repartidos en 335.049,49 en bienes inmuebles, 107.420,33 en cuentas corrientes y 187.500 en seguros de vida. Ah, y una dacha en Galapagar.
-Rita Maestre, novia de Íñigo Errejón hasta 2015, era encuestadora en el Metro de Madrid y activista que se desnudaba en las capillas universitarias al grito de «arderéis como en el 36», cuando pasó al Gabinete de Manuela Carmena donde ha ganado medio millón de euros desde que es concejala del Ayuntamiento de la capital de España.
-Ignacio Martínez de Lara, pareja de Nadia Calviño, director de marketing de la firma Beedigital, fue investigado por trato de favor al recibir su empresa 963.708 euros de fondos europeos. Tuvo que renunciar a un puesto creado para él por Patrimonio Nacional, dependiente del Gobierno, al filtrarse el frustrado intento de nepotismo.
-Joan Nadal, pareja de Francina Armengol, pasó de jardinero a empresario investigado por su participación en una millonaria operación inmobiliaria, que obtuvo permisos por parte del Gobierno balear que dirigía su mujer para construir un hotel de lujo. La empresa de Nadal pasó de facturar cero euros a más de 4,3 millones. Y todo desde que su pareja llegó a la Presidencia de la Comunidad insular. Dos días antes de la detención de Koldo García, el compañero de la presidenta de las Cortes Generales se desvinculó de la sociedad instrumental que tantos beneficios le había reportado.
-Juan Carlos Martínez, pareja de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, pasó de asesorar a uno de los consejeros condenado por los ERE a incrementar su patrimonio, junto a dos de sus hermanos, entre 2009 y 2012, por un importe superior a un millón de euros que le permitieron adquirir tres pisos. Las pesquisas indagan si recibió dinero público de la Junta de Andalucía. La causa se archivó, pero su esposa tuvo que dimitir tras conocerse la imputación de su marido.
-Patricia Úriz, pareja de Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos, pasó de ser empleada en unos grandes almacenes a acabar colocada en la Secretaría del Ministerio de Transportes (con un sueldo base de 15.500 euros anuales) y después a convertirse en administradora única de una empresa en Benidorm, que ha terminado siendo titular de bienes por valor de 1.500.000 euros, lo que le permitió comprar en efectivo un apartamento en Alicante de 365.000 euros. Fue detenida por la UCO.
-Y finalmente, Begoña Gómez, la quintaesencia del provecho conyugal. Sin estudios universitarios, la esposa del presidente del Gobierno fue agraciada con una Cátedra en la Universidad Complutense. Sobre ella pesa la sospecha de que participó en reuniones con el dueño de Air Europa, cuyo asesor externo es el cerebro del caso Koldo, empresa que recibió 615 millones de dinero público en forma de rescate por la pandemia. El marido de Begoña no se ausentó del Consejo de Ministros que decidió la ayuda a la aerolínea y por ello ha sido denunciado por el PP.
Y luego, ya si eso, hablamos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sobre el que pesa una acusación de fraude fiscal, nada bonito desde luego, de la que tendrá que dar explicaciones a la Agencia Tributaria por hechos cometidos cuando aún no conocía a la presidenta de Madrid. Es decir, no era la pareja de la líder madrileña. De paso, que Chiqui Montero dé también las suyas de por qué usó información reservada para hacer daño a un ciudadano anónimo y a una dirigente de la oposición.
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