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23 de junio de 2024

Pecados capitalesMayte Alcaraz

La pareja de Ayuso y el fango

El laboratorio de fango de Moncloa creyó encontrar en el procedimiento contra González Amador un trampantojo político que taparía de un plumazo la caritativa amnistía, a Otegi y a Begoña Gómez

Actualizada 01:30

Hoy un ciudadano llamado Alberto González Amador está citado a declarar en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. El investigado está acusado de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental respecto a un procedimiento denunciado por la Agencia Tributaria. No está a la orden del día, pero no es el primero ni será el último contribuyente contra el que se abren diligencias por no cumplir con sus obligaciones fiscales, según el criterio de Hacienda. Este caso no se habría publicado a bombo y platillo si fuera uno más entre los miles que hay hoy en curso en los juzgados, pero el involucrado es González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las principales piezas a batir –junto a Núñez Feijóo– por la izquierda en España.

En medio de las turbulencias formadas por el impropio comportamiento de la esposa del presidente del Gobierno por su intermediación con empresas que la pagan para ser subvencionadas por el Estado, el laboratorio de fango de Moncloa creyó encontrar en el procedimiento contra González Amador un trampantojo político que taparía de un plumazo la caritativa amnistía, a Otegi y a Begoña Gómez. Un tres en uno. Tanto se vinieron arriba los sanchistas, desaforados gracias a sus medios afines y a sus terminales políticas y judiciales contra Ayuso, que terminaron cometiendo errores imperdonables e incompatibles con un Estado de derecho garantista como es el nuestro. Y quién sabe si, por el camino, el camión del fango no portaba también la comisión de algún delito.

Una cosa es que el equipo de opinión sincronizado se dedicara a retorcer las irregularidades de González Amador para cuestionar a su pareja –en un caso de machismo de libro–, y otra que la Fiscalía General terciara revelando secretos protegidos de un ciudadano anónimo. La difusión de una nota de prensa sobre el caso que desvelaba la sucesión de comunicaciones entre el abogado del investigado y el fiscal del caso, emitida en respuesta a noticias erróneas sobre la situación penal del empresario, es ya la peor pesadilla de su máximo responsable, Álvaro García Ortiz. A la vista de las primeras diligencias está más claro que el caldo de un asilo que el máximo responsable del Ministerio Público responderá ante el Supremo del juego sucio al que arrastró a la institución, siguiendo instrucciones de quien le nombró. ¿De quién depende la fiscalía, eh? Pues eso.

El susodicho brazo jurídico de Sánchez se autoinculpó de las consecuencias de lo que hizo la Fiscalía. De hecho, aunque el novio de la presidenta señalaba en su denuncia a dos fiscales, el juez ha apuntado mucho más alto. Busca algo definitivo: «Quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado». Blanco y en botella.

En el caso de que el juez concluya que hay indicios de delito y que fue García Ortiz el que dio -contra el criterio de otros fiscales- la última instrucción, la instancia madrileña dejará de ser competente y el caso pasará a manos del Tribunal Supremo, ya que García Ortiz es aforado. La revelación de secretos por parte de funcionario público acarrea penas de cárcel de dos a cuatro años y, por supuesto, de inhabilitación de uno a tres años. La pareja de Ayuso estaba acusada de defraudar a Hacienda en dos ejercicios simulando contratos para rebajar el pago, pero el hecho de que se hicieran públicos sus intentos de conformidad lo dejaron indefenso. Lo que viene a ser la vulneración de sus derechos fundamentales.

Nos hemos acostumbrado a ver a este Gobierno pisotear todas las líneas rojas de la democracia y la seguridad jurídica. Pero este sistema paró los pies al juez estrella de la izquierda, Baltasar Garzón, precisamente por arrasar con los derechos de defensa de los encausados. Don Alvarone ha traspasado la frontera de la indignidad: ha vulnerado la legalidad que juró defender. Ni su mentora y amiga Dolores Delgado se atrevió a tanto. Creo que no va a salir nada bien de esto.

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