Lo de Milei

Es tentador frotarse las patitas con placer por la frase de Milei sobre Begoña Gómez, que se escucha a menudo en las mejores tabernas de barrio de España: son tantos y tan reiterados los excesos de Sánchez que, por una vez, verle sometido a su propio juego suena a dulce venganza, a justicia poética, a revancha histórica satisfecha y satisfactoria.

Pero no está bien. Un presidente de Argentina no puede presentarse en España, a lo que sea, y llamar «corrupta» a la mujer de un homólogo, ni siquiera aunque en el futuro termine siéndolo: en este momento procesal ha de respetarse su presunción de inocencia, por mucho que los indicios revelados por la prensa sean suficientemente sólidos como para que un juez considere oportuno abrir una investigación y encargársela a la implacable UCO.

La diferencia entre un cargo público y un usuario de bares es que el primero debe conocer y respetar los tiempos de la Justicia y cuidar y hacer cuidar la liturgia de la democracia, que permite opinar pero evita condenar: un político sensato se preguntaría cómo es posible que Begoña Gómez aparezca relacionada con empresas y personas beneficiadas por decisiones de su marido; le exigiría a Sánchez pruebas fehacientes de que su familia no se ha beneficiado de esa sospechosa actividad comercial; defendería la necesidad de que los jueces llegaran hasta el fondo del asunto e incluso pediría que, por ir ganando tiempo, la aludida hiciera públicos, voluntariamente, sus datos de renta, patrimonio, acciones y la lista de pagadores.

Sustituir eso por un exabrupto quizá congratule mucho a los amantes del ajuste de cuentas, a quienes se conforman con darse el gustazo de ver al alguacil alguacilado, pero su placer será efímero y solo servirá para lo contrario de lo pretendido: otra excusa más para que Sánchez se haga la víctima, eche otra capa de silencio a las andanzas de su mujer o de su hermano y suba otro escalón en la persecución a periodistas, jueces o rivales políticos.

Cuesta sostener eso hacia alguien que, como Pedro Sánchez, practica lo opuesto: él llama corrupta a Ayuso y a su hermano y permite que desde su Gobierno incluso la tilden de criminal por las tristes muertes de ancianos en las residencias. Él, o sus socios, califican a Israel de genocida; al propio Milei de drogadicto; a Abascal de fascista, a la esposa de Feijóo de caradura, a periodistas decentes de «buleros» y a medios de comunicación respetables de «máquinas del fango». Y finalmente, a los millones de españoles que no le votan de «ultraderechistas» merecedores de un gueto ideológico separado del resto por un muro de intolerancia, acoso y señalamiento.

Sánchez y su mujer se merecen el respeto a la presunción de inocencia lo mismo que Pablo Iglesias y la suya la solidaridad ante un escrache, que es nada. Pero nosotros sí nos lo merecemos: aunque el beneficio al corto plazo parezca para ellos, a la larga es la única manera de ponerlos mirando a Cuenca sin destrozar el delicado edificio que siempre es una democracia, donde hay herramientas suficientes para poner en su sitio a los malandrines sin necesidad de convertirlo en una chabola sin agua ni luz.

Entre darse el gustazo fisiológico de Milei y el silencio amedrentado hay un camino intermedio que satisface la aspiración de justicia sin regalar excusas ni provocar estropicios: explotar y explorar, sin descanso ni excepciones ni límites, el camino judicial, institucional y público que permita saber si el amoral Sánchez, su indiscreta esposa y su peculiar hermano, entre otros, se han llenado los bolsillos gracias a un impostor que va dando lecciones de todo y carece incluso del graduado escolar.

A un tipo, en fin, que prefiere declararle la guerra a Argentina o a media España que comparecer en un tribunal, un parlamento o una rueda de prensa y someter sus comportamientos al implacable juicio democrático que merece su vida entera.