Desengáñese, amigo lector, ahora mismo en España, pero también en otros países de nuestro entorno, los gobiernos representan el mayor peligro para la libertad de expresión y, por consiguiente, para que los ciudadanos conozcan la verdad. Nos quieren desinformados. La desinformación, envuelta en verdad oficial, es la herramienta más habitual. Sánchez ha demostrado como ningún otro político en la historia reciente que miente sin ningún tipo de arrepentimiento. Le llaman cambiar de opinión, pero no pide nunca disculpas por hacerlo con tanta frecuencia y con consecuencias tan desastrosas.
Las mentiras de los gobiernos, además, se pagan con nuestro dinero. Un buen ejemplo de ello es el CIS, que sigue mintiendo a sabiendas y a conciencia. Tezanos lleva así nada menos que siete años. Creo que va siendo hora de que sea denunciado ante los tribunales por malversación de fondos públicos. Algo parecido ocurre con los medios públicos, como RTVE, una máquina de enfangar la vida pública, solo superada por alguna otra cadena de televisión empeñada en ir directamente contra la línea de flotación de la convivencia entre los españoles.
Como ya escribí más arriba, la manipulación y la censura de información por parte de los gobiernos representan un peligro mayor para la democracia, por delante incluso de las informaciones falsas de los medios privados. A lo oficial se le otorga un sello de veracidad que hace todo más peligroso. Las mentiras desde el Consejo de Ministros son bombas de racimo contra los fundamentos de las sociedades libres. El intento de Sánchez de evitar publicaciones sobre su mujer, su hermano o sobre el fiscal general, es un buen ejemplo de cuanto decimos. ¿Recuerdan cuando Illa, en pleno confinamiento, hablaba de un comité de expertos que nunca existió?
En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer ha intentado evitar que la BBC informara sobre su salario. Biden, por su parte, puso un enorme empeño en ocultar detalles sobre su salud. La censura aparece ahora por los lugares más insospechados de nuestra vida, por iniciativa de los gobiernos, a menudo justificada por el argumento de que se combaten las noticias falsas, cuando en realidad socavan la confianza pública y fomentan teorías conspirativas.
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