Lanzar adoquines a Vox y la Policía no es delito

Como casi todo el mundo, tengo ciertos amigos de ideología de centro-centro y de izquierdas. Algunos que me quieren bien –o eso pienso–, a veces me ofrecen con la mejor intención un consejo paternalista: «Das mucha caña. Igual te vendría bien levantar el pie un poco de acelerador».

Les sonrío y les doy las gracias por el consejo. Pero creo que no reparan en un detalle capital: la situación política española es excepcional. Casi cada semana suceden dislates que no se pueden dejar correr, salvo que prefiramos silbar mientras un aprendiz de tiranuelo va descoyuntando nuestro modelo de libertades y derechos.

Ningún día sin su delirio político. Tal podría ser el resumen del experimento sanchista. ¿Es recomendable la asepsia y equidistancia más exquisita cuando tenemos a un presidente que sigue ahí, atornillado a la Moncloa y pavoneándose de los oropeles del cargo, cuando tiene a su mujer y su hermano rumbo al banquillo por sendos casos de corrupción en los que su dedazo ha sido imprescindible? Por supuesto que no.

Los puntapiés contra la ley y las instituciones se agolpan de tal manera que a veces el gran público ya ni repara en ellas. En esa línea acaba de ocurrir algo excepcionalmente grave, que debe ser criticado con rotundidad: el Gobierno ha consagrado por la vía de los hechos que el hecho de sabotear con violencia un mitin de Vox está bien, a pesar de se trata de un partido perfectamente legal y al que votan tres millones de españoles. Su imperdonable baldón, que al parecer justifica la violencia, es que defienden de manera fogosa la unidad de España y el control de nuestras fronteras.

El 17 de enero de 2019, un año en que se celebraron dos elecciones generales, Vox ofreció un mitin en un auditorio de Zaragoza. Hasta ahí, lo normal. Pero de inmediato grupúsculos de extrema izquierda convocaron una concentración «contra el acto fascista de Vox».

Dicho y hecho. Unos ochenta cafres cortaron carreteras, levantaron una barricada, se liaron a golpes contra la Policía y lanzaron adoquines y otros objetos contundentes contra agentes y viandantes. El objetivo era declarado: impedir que ese partido y sus simpatizantes pudiesen ejercer su libertad de expresión, reunión y opinión. Los policías hicieron su trabajo para defender esos derechos y siete de ellos acabaron heridos. Los vándalos también destrozaron cinco coches y quemaron tres contenedores.

Media docena de los agresores acabaron condenados a penas de cuatro años de prisión y el pago de indemnizaciones de hasta 200.000 euros. ¿Fue el capricho de un juez excéntrico? No parece, pues la condena se vio ratificada por la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Aragón y el Supremo.

Pero como España está destrozada institucionalmente, el Gobierno se ha ciscado en las sentencias de todos esos tribunales y ha indultado a dos de los condenados, que llevaban un año y tres meses en prisión y estaban condenados a cuatro años. La arbitrariedad del Ejecutivo se impone, anteponiendo su fobia a Vox a las sopesadas decisiones de los jueces, que es a quienes corresponde enjuiciar lo ocurrido.

Si algún violento del otro lado del espectro intenta impedir un mitin de Sánchez a adoquinazo limpio, ¿el presidente va también a indultarlos? ¿O resulta que el indulto caprichoso se ha convertido en un instrumento político al servicio de determinados intereses partidistas?

Indultar a quienes intentan impedir la actividad de un partido solo porque esa formación está en las antípodas de sus ideas es algo propio de satrapías muy atrasadas, ajenas a las reglas básicas del derecho. Pero aquí ya estamos ahí, mientras nos hacemos selfies en Nueva York componiendo caritas de súper guay.

Si es Vox, barra libre para agredirlos. Qué vergüenza. Y qué espantoso silencio el de los «intelectuales» españoles y el de la mayoría de mi gremio. En España llevamos ya demasiado tiempo soportando como normales situaciones que suponen desmontar el imperio de la ley (y hasta del sentido común).