Herencias, donaciones y demagogia

Una de las señas de identidad del Govern balear de Marga Prohens ha sido la bajada de impuestos afectantes a las familias, en especial los relativos a herencias y donaciones entre parientes cercanos. Y así, su ejecutivo ha implementado un plan concebido en tal sentido, que ha tenido su colofón con la Ley 6/2025, de 23 de julio pasado, que introdujo no solo mayores rebajas en las herencias o en los pactos sucesorios en vida, sino también en las donaciones efectuadas entre varios grupos de familiares próximos.

Pero a raíz del acuerdo de Pedro Sánchez con Junqueras de establecer una financiación singular para Cataluña (exigida para mantener el sillón y que le aprueben los presupuestos a Salvador Illa), el Gobierno central, abanderado por María Jesús Montero, quiere recrudecer su guerra contra las exenciones y bonificaciones que aplican diferentes Comunidades Autónomas del PP en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y se vislumbra, de repente con más fuerza, la idea de crear una armonización tributaria estatal que anularía, en la práctica, muchas exenciones autonómicas elevando considerablemente la tributación. Todo sujeto a una aprobación parlamentaria para la que Sánchez carece de mayoría.

La medida, también pensada para favorecer a Cataluña (su normativa carece de exenciones en herencias y donaciones y sus bonificaciones son más bajas, lo que ha provocado un éxodo fiscal de ciudadanos catalanes a otras autonomías), provocaría que el conjunto de los españoles pasase a pagar unos 500 millones de euros más al año por herencias y donaciones recibidas de sus familiares cercanos. Incrementando la recaudación por este impuesto del conjunto de las autonomías en un 16%, hasta los 3.650 millones de euros anuales (ahora recaudaban 3.100).

Esta impactante subida se intenta vender, necesitado el Gobierno central de justificar ante la opinión pública una medida impopular entre las familias (no estamos hablando de ricos, sino de toda la población), como una lucha contra los paraísos fiscales creados por las autonomías del PP. Pero ese improvisado relato resulta ciertamente demagógico, pues tropieza con una realidad bastante tozuda.

La impopularidad de subir impuestos a herencias y donaciones familiares tiene una explicación clara. Aquí no se trata de incrementar la tributación a una nueva manifestación de riqueza, o a la adquisición de nuevos bienes, sino a los que ya eran propiedad de la familia cuando se produjo la donación o la muerte de alguno de sus integrantes. Y, además, penaliza injustamente la buena administración de un patrimonio familiar realizada por determinados parientes.

El forzado relato de Sánchez, Montero y Junqueras es otra patraña infumable. Y supondrá la puntilla para el renqueante socialismo balear

Pensemos en dos hermanos que un día heredaron bienes de sus padres: el diligente A los mantiene y acrecienta durante su vida, mientras el irresponsable B los dilapida en una vida disipada. Aquí, esa ley tributaria armonizadora castigaría al responsable frente al disoluto. El infortunado A, aparte de poder proporcionar vivienda a sus hijos con el patrimonio heredado (solventando a las Administraciones públicas un grave problema social), seguirá pagando impuestos toda su vida por mantener ese patrimonio (estatales, autonómicos y locales). Pero el despreocupado B habrá disfrutado del valor del íntegro patrimonio sin pagar más impuestos (salvo el IVA de lo que consuma o los posibles incrementos patrimoniales de lo que venda). De una forma llamativamente injusta, dispondrá de mayor liquidez monetaria y menor carga tributaria quien derroche alegremente sus bienes que quien los mantenga y conserve en la familia.

Por ello, gravar con nuevos impuestos bienes ya pertenecientes al núcleo familiar resulta algo socialmente invendible. No existen excusas ni «paraísos fiscales» que justifiquen públicamente esta subida. El forzado relato de Sánchez, Montero y Junqueras es otra patraña infumable. Y supondrá la puntilla para el renqueante socialismo balear.