Epstein y las saunas de Sánchez

El Reino Unido anda conmocionado y su primer ministro, el indolente Starmer, baila ya en la cuerda floja, por el caso Epstein y la relación con ese indeseable de una parte de la dirección política de Downing Street: desde dentro del propio partido laborista, con su jefa en Escocia al frente, se pide abiertamente la dimisión del líder máximo, en un proceso perfectamente definido por Boris Johnson cuando su propia formación le echó por mentir y proteger a las personas incorrectas: «Cuando la manada se mueve, se mueve».

El contraste entre la reacción de los partidos británicos o americanos a los excesos o fallos de sus jefes y la tibieza lacaya en los españoles explica buena parte de la impunidad de dirigentes como Pedro Sánchez y convierten las inapelables reflexiones de Felipe González, patriarca del PSOE, en una triste excepción y no en el toque de corneta que debería ser: aquí se insulta a su leyenda, se expulsa a personas tan decentes como Redondo o Leguina y se asciende a calamidades como Patxi López, cuyo único mérito es su disposición a acusar a una señora atropellada por Sánchez en un paso de cebra y decir que cruzaba como una loca.

Pero además de que el caso británico permite establecer una comparación sangrante para España a efectos de la antagónica respuesta de los partidos a sus vergüenzas internas (algo gravísimo en un sistema institucional que les entrega a ellos, de facto, el ejercicio exclusivo de la democracia que los ciudadanos solo ejercen de verdad cada cuatro años), hay otra derivada aún más relevante.

Y es que el señalamiento de Stramer por su actitud en el escándalo Epstein, muy tangencial, contrasta también con la sonrojante marginación en el debate público, salvo destellos ocasionales, de las relaciones evidentes de su homólogo español con el universo de la prostitución. Para entender la gravedad de este caso y ponerlo en contexto, basta con cambiar de protagonista, de nombre y hasta de país y hacerse una simple pregunta.

¿Qué pasaría en cualquier lugar civilizado si se descubriera que la familia de un presidente se dedicó durante lustros a la prostitución, con una cadena de locales repartida por media España, y que él y su esposa se beneficiaron de ella por vivir y veranear en pisos comprados en origen por el padre de una y suegro de otra gracias a la explotación de seres humanos?

¿Y qué se diría si, a todo eso, se le añadiera la sospecha, en algunos casos ya casi certeza, de que además uno de esos lupanares se instaló en un inmueble público de Muface, que allí se instalaron escuchas para extorsionar a futuro a ilustres clientes, que esos contenidos han sido oscuro objeto de deseo para ajustes de cuentas al máximo nivel, que con ese dinero sucio pudo financiarse la carrera política del hoy presidente y que incluso en ellos se explotó a jovencitos sin edad suficiente para votar?

Lo de Starmer en el Reino Unido, y en otros países, demuestra que nunca pasa el tiempo suficiente como para que a un cargo público de primera fila le prescriban determinados escándalos ni se les releve de su inaplazable obligación de dar explicaciones y, en su caso, asumir responsabilidades.

Quienes aquí sostienen que todo lo descrito es del pasado o privado y que no es justo pedirle cuentas a Sánchez de lo que su suegro o su esposa hicieran hace años no solo mienten con espíritu mercenario, pues nada se explicaría en la trayectoria del personaje sin ese origen sórdido, sino que también intentan tapar su impacto en el presente: ahora que se bucea en los comportamientos sexuales de glorias de todo tipo en el pasado más remoto, que se quiere legislar para abolir la prostitución y que se hizo de la ejemplaridad el valor máximo por encima incluso de los votos recibidos en las urnas, ¿cómo no va a tener que rendir cuentas el implacable Sánchez por las andanzas de un suegro proxeneta y los dividendos que él mismo consiguió gracias a él?