¿Cuántas catástrofes y muertos hacen falta para que alguien dimita?

Pedro Sánchez, y todo su gobierno con él, mintió con respecto a las causas reales del gran apagón del que hoy se cumple un año. También lo hizo con la dana, presentada como un asunto doméstico del pérfido Mazón a sabiendas de que la Ley de Seguridad Nacional le facultaba y le obligaba a actuar con independencia de la competencia o ineficacia de las autoridades regionales. Y lo hizo, igualmente, con el accidente ferroviario de Adamuz, derivado de una cadena de negligencias, olvidos y errores perfectamente evitables.

En los tres casos, distintos y con desiguales resultados dramáticos, falló la previsión, mostrando las indecentes lagunas de una Administración Pública cada día más inmensa, con tres círculos concéntricos (municipal, autonómico y estatal) que ha utiliza a menudo el pretexto del Estado de bienestar para alimentar el bienestar del Estado, batiendo récord de recaudación fiscal y de ineficacia al mismo tiempo.

Cierto es que la respuesta a las emergencias, cuando no hay cálculos políticos como en la Comunidad Valenciana, suele ser eficaz y demostrativa de la necesidad de un Estado fuerte, que no es lo mismo que grande, especializado en aquellas áreas que necesitan de una sincronización de esfuerzos y recursos públicos financiados con una carga impositiva razonable, marcada por la imperiosa necesidad de auditar cada euro que se extrae del esfuerzo personal de los contribuyentes, algo a lo que se niegan, curiosamente, quienes más se llenan luego la boca «de lo público», la bandera bajo la que se parapetan todo tipo de abusos, despilfarros y chiringuitos a cargo del riñón ajeno y perfectamente inútil salvo para engordar una pavorosa selva clientelar.

Pero falla la anticipación, que en las tres catástrofes mencionadas daba avisos suficientes: las vías de Adamuz estaban rotas desde el día anterior y los maquinistas llevaban meses advirtiendo de los desperfectos. La dana tuvo suficientes alertas previas como para que a alguien, desde Mazón hasta Sánchez pasando por el jefe de la Aemet, se le ocurriera emitir un mensaje desesperado, fuera o no su competencia, para desalojar las zonas más delicadas y evitar la muerte de doscientas personas.

Y al respecto del apagón, doce meses de investigaciones han confirmado de facto lo que en realidad ya sabíamos desde el principio: que todo se debió a una decisión ideológica de sobrecargar el sistema de energías renovables, desechando un «batido» con una porción nuclear que las autoridades querían anular por razones estrictamente sectarias.

Con los trenes tuvimos que soportar el preámbulo arrogante de un ministro capaz de presumir de que el servicio ferroviario vivía el mejor momento de la historia. Y un epílogo de incesante cacareo del mismo Óscar Puente, destinado en exclusiva a esquivar su evidente responsabilidad con una acumulación de supuestas explicaciones que en realidad solo aspiraban a desviar la atención sobre la causa principal: la fractura de raíles y el fallo escandaloso de los sistemas de detección.

Con la dana, limitada al episodio del Ventorro de Mazón, tampoco fue mejor la cosa: el Gobierno, con Sánchez en La India de agenda privada a esas horas con Begoña Gómez, despreció su responsabilidad propia, contemplada por la ley y desarrollada en una Estrategia de Seguridad Nacional del presidente que definía las crisis climáticas como una de sus prioridades, tal y como luego no ha dejado de decir en cualquier lugar del mundo donde algún incauto ha querido oírle: sorprendentemente, las emergencias en cuestión dejan de serlo cuando ocurren en la vida real y tiene la ocasión de poner en marcha la respuesta que le pide al planeta.

Y por último, en el desplome del sistema eléctrico vimos las consecuencias de una política energética que, en el menos malo de los casos, es una prueba fehaciente de talibanismo ideológico y, en el peor, además de eso una excusa para favorecer el negocio de corporaciones de toda laya, oscuros lobbies y, desde luego, de China, gran contaminador mundial y a la vez mayor beneficiario de las alocadas políticas pseudoecologistas de Europa.

Lo cierto, en fin, es que estamos a finales de abril de 2026 y aquí no ha dimitido nadie: con un país fundido, trescientos muertos en catástrofes previsibles y un saco de mentiras para cada una de ellas, todos siguen en su sitio y alguno incluso se pasea por la Comisión Europea, promocionada por su brillante incompetencia, solo superada por su caradura, de idénticas dimensiones a las de sus viejos compañeros del Consejo de Ministros que tampoco han pagado el precio mínimo exigible por sus desastres en cadena.