Sánchez no puede usar La Mareta

Como no puede ser de otra manera, a muchos nos parece indignante que el presidente del Gobierno esté parapetado en el palacio de La Mareta. Sí, ya sé que en puridad no es un palacio sino una muy buena casa. Pero se ha asentado en España la costumbre de llamar «palacio» a las viviendas de los Reyes. Y ya sabemos que esta lo es por partida doble. La construyó el Rey Hussein de Jordania y se la regaló al Rey Juan Carlos, que fue quien la cedió a Patrimonio Nacional. Ahí fue donde la Familia Real encabezada por el Rey Juan Carlos recibió el milenio y ahí también fue donde murió repentinamente su madre, Doña María de las Mercedes, el 2 de enero de 2000.

Creo que no es mucho pedir que el presidente del Gobierno esté estos días al pie del cañón en Ceuta y que dé alguna explicación sobre el centenar de muertos que allí se han producido y que a nadie parecen interesar. Pero es que cada vez son más abrumadoras las pruebas de que era imposible que nuestros servicios de Inteligencia no se enterasen. O la pregunta que se contesta por sí sola: ¿quién pagó los camiones que llevaban a docenas de jóvenes a la linde con Ceuta?

Y en medio de esta crisis, yo me pregunto qué derecho, no moral sino legal, tiene Sánchez a usar de forma habitual el palacio de La Mareta para su disfrute y el de sus amigos secretos a los que todos los españoles pagamos las vacaciones sin ninguna transparencia.

Los bienes del Patrimonio Nacional están afectos al uso exclusivo de la Familia Real. La ley no deja lugar a dudas al respecto. Como ya ha apuntado en este periódico Isabel de los Mozos y Touya, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, el mero hecho de usar un bien del Patrimonio Nacional como finca particular de descanso personal por parte del presidente del Gobierno constituye un delito de usurpación de ese bien público que, aunque sea un delito menor —si atendemos a la gravedad de la pena y a que esta no supone privación de libertad —va acompañado necesariamente de otros dos delitos, por lo menos, la malversación de caudales públicos y la correspondiente prevaricación del responsable del Organismo Público de Administración del Patrimonio Nacional.

Supongo que cabe imaginar que el presidente del Gobierno le haya pedido personalmente al Rey el uso de ese bien de Patrimonio Nacional. Pero me surgen dos dudas. Primero que Sánchez lo haya hecho porque él ya se cree muy por encima del Rey y de la Ley. Y segundo que no sé si el Rey tiene capacidad de fijar ese uso. Es cierto que en el pasado se daba al Rey amplia potestad sobre los bienes de Patrimonio Nacional. Pero, strictu sensu, no creo que pudiera tomar decisiones que contravinieran la normativa. Y el uso de La Mareta por Sánchez, como antaño por Zapatero, la contraviene. Si no se le reconoce potestad para hablar sobre Ceuta, ¿se le va a reconocer para saltarse la más mínima normativa?

Es una justificación muy extendida, pero absolutamente ilegal y muy poco oportuna, la de explicar que hay que recluir ahí a Sánchez para que no tenga que sufrir las voces de la ciudadanía —lo que los suyos llamaban «el pueblo»—porque el presidente del Gobierno no tiene derecho al uso de los bienes del Patrimonio Nacional. En todo caso podría usar alguno de los bienes del Patrimonio del Estado, que no es lo mismo porque no son afectos al uso exclusivo de la Familia Real.

Desde el mismo instante en que ha pisado La Mareta, Pedro Sánchez está incurso en un delito flagrante de usurpación de un bien público, que el académico Laureano López Rodó llegaba a calificar como un bien de dominio público especial (por su afección exclusiva al uso de la Familia Real). Y los diputados pueden ser detenidos sin suplicatorio, cuando estén cometiendo un delito flagrante, como es el caso...