El 'gobierno de la gente' que gobierna contra la gente

La gran paradoja y contradicción del sanchismo consiste en fabricar eslóganes que consiguen lo contrario de lo que proclaman. Mientras Sánchez y sus ministros anuncian solemnemente que son el «gobierno de la gente», lo cierto es que terminan gobernando contra gran parte de ella. Su formidable factoría monclovita de frases publicitarias, propagandísticas y grandilocuentes como el «gobierno de la gente», «la mayoría social», «el escudo social», «la transición verde», «la España que avanza», etc., hace agua ante la realidad que sufren los ciudadanos.

Tumbado a la bartola en La Mareta, Sánchez no gobierna para los ceutíes sino en contra de ellos tras evidenciar su incompetencia para sustanciar una crisis migratoria devenida en un serio problema de seguridad, con robos, agresiones sexuales y violaciones entre los que entraron ilegalmente, y de salud pública, con casos de sarna, tuberculosis e impétigo, como denuncian los profesionales sanitarios. Y los ceutíes no necesitan más discursos sobre convivencia ni más visitas ministeriales. Necesitan medios, médicos, policías, seguridad, control fronterizo y una política migratoria que no deje en manos de las mafias el destino de miles de personas. Y sobre todo necesitan un presidente que gobierne para ellos y les defienda de las consecuencias de sus malas decisiones por desdén, impericia o supuestos chantajes de Marruecos.

Gobernar también consiste en elegir prioridades y mientras España necesita energía para alimentar su industria, sus centros de datos y la revolución de la inteligencia artificial, determinadas resoluciones ambientales terminan bloqueando y cuestionando el futuro de proyectos energéticos de enorme dimensión como acaba de hacer el ministerio de la cosa ecológica de Sara Aagesen, al tumbarle a Iberdrola un megaparque solar en Toledo por su impacto ambiental en un nido de águila imperial. Sánchez se carga de un plumazo, nunca mejor dicho, el proyecto de la primera eléctrica española y una de las más importantes del mundo, por salvar los huevos de una pareja de águilas. Fulmina el proyecto y dinamita un plan de Iberdrola de 2.000 millones para desarrollar centros de datos a gran escala en el sur de Madrid.

Esta es una de las caras del «gobierno de la gente»: la de la inseguridad económica y jurídica y la toma de algunas decisiones muy ideológicas que frenan el progreso, la creación de empleo y el avance tecnológico en una zona donde se agradecen las inversiones y en donde ha priorizado el interés de un pájaro al de la gente para la que dice gobernar.

Sánchez debería explicar cómo pretende convertir a España en un referente europeo de inteligencia artificial si paralelamente no garantiza una infraestructura energética suficiente, estable y competitiva. No se puede predicar la revolución tecnológica, como suele hacer de forma recurrente el sanchismo, mientras se obstaculiza la energía que necesita esa revolución. No se puede pretender que se invierta en gigafactorías de IA y data center sin la electricidad que la hace posible. Y no se puede aceptar el absurdo y la paradoja de que este gobierno financie con cientos de millones de euros proyectos de inteligencia artificial en Tarragona y Madrid, como aprobó recientemente en un consejo de ministros, mientras la realidad administrativa obstaculiza, por un nido de águilas , la generación de energía verde que esa inteligencia artificial necesita.

Ocurre lo mismo con el manido «escudo social de la vivienda» al que este gobierno apela para justificar el apoyo y defensa de los más vulnerables dejando, paralelamente, sin protección e indefensos a los pequeños propietarios que sufren la okupación o 'inkiocupación' de sus pisos, cuya renta mensual, con la que algunos complementan sus pensiones, dejaron de cobrar. Sánchez también gobierna contra esa gente, familias, trabajadores, jubilados, que heredaron o ahorraron durante años para comprar un piso, que legítimamente alquilan, y a la que el gobierno convierte en una oenegé, obligándole a utilizar su patrimonio como instrumento de sus políticas sociales. En eso consiste el «escudo social» de Sánchez y Yolanda Díaz: en proteger al supuesto vulnerable con la propiedad de otro. Ellos invitan pero pagan otros. Una certeza que demuestra que con Sánchez los hechos terminan desmintiendo sus eslóganes.

Y los hechos dicen que hay españoles que se sienten desprotegidos ante la inmigración descontrolada; propietarios que se sienten abandonados ante la ocupación y el impago; empresas que encuentran obstáculos para invertir y generar energía; y ciudadanos que contemplan cómo la propaganda gubernamental habla de prosperidad mientras ellos hacen cuentas para llegar a fin de mes y, por supuesto, sin poder pagarse unas pequeñas vacaciones en Lanzarote como las que largamente, gracias a los impuestos de todos ellos, está disfrutando Sánchez junto a su familia y algunos allegados.