España, el Estado fallido de Sánchez invadido desde Marruecos

Nunca habíamos pagado tantos impuestos como hasta ahora, ni ningún otro gobierno había recaudado tanto. Y, sin embargo, no dejamos de preguntarnos por qué el Estado falla cuando más lo necesitamos, ya sea por una calamidad sobrevenida como la DANA o por la negligencia o desidia de servidores públicos incapaces de evitar un gran apagón o por la falta de inversiones y una deficiente gestión de los recursos de todos. Cuando por el desgobierno o por políticas medioambientales profundamente ideológicas o por una penosa administración de los medios públicos se ignoran los trabajos preventivos y el mantenimiento de las infraestructuras, el fuego termina devorando haciendas y vidas y un inadecuado mantenimiento de las vías férreas degenera en una enorme tragedia como la de Adamuz , cuya responsabilidad política ignoró el despreciable Óscar Puente.

Dice Sánchez en un recurrente y repetido mantra para eludir precisamente su deber y compromiso ante esos desafíos que la emergencia climática mata, pero no es el desorden del clima el que mata y arruina territorios, sino la imprevisión y el ejercicio erróneo del poder junto a la mediocre gestión que de los medios del Estado hace su gobierno. No fue la dana como consecuencia del cambio climático la que mató a cientos de personas, sino la actitud del Ejecutivo autonómico de Puig, aliado con el desdén profundamente sectario de la entonces vicepresidenta Ribera, que antepuso el supuesto interés ecológico en favor de la huerta valenciana al de los ciudadanos amenazados por las riadas y se desentendió por pura ideología de las inversiones en obras hídricas que habrían paliado los efectos letales de las aguas descontroladas en el Poyo.

Los incendios que desforestan España no serían tan devastadores y trágicos para el medioambiente y los pueblos afectados por las llamas, a pesar de las temperaturas extremas, con más medios para su extinción y una adecuada gestión preventiva de los montes durante todo el año, junto a menos normativas reguladoras, restrictivas y proteccionistas.

De la misma forma que el Estado no ha respondido con la diligencia y eficacia debidas a la emergencia del fuego, que no del clima, en Madrid y Ávila o antes en Guadalajara, tampoco el responsable de gestionar con tino esa adversidad, Sánchez y su gobierno, ha estado a la altura del desafío de la crisis migratoria, sin precedentes en cuanto a su alcance y gravedad, de Ceuta. Ha fallado otra vez España porque ha fallado Sánchez por su inoperancia, irresponsabilidad e incapacidad para afrontar otro pulso migratorio cuyo trasfondo trasciende la supuesta necesidad de los invasores marroquíes de huir de su miseria y de una evidente falta de estímulos sociales, laborales, económicos y vitales dentro de su país. No es aventurado afirmar que la pasividad y permisividad de Mohamed VI ante este provocador desafío migratorio, en represalia seguramente por la recuperación de las relaciones políticas y comerciales de España con Argelia, está en el origen y desarrollo del asalto a la frontera española y la invasión de Ceuta, cuya gravedad habría exigido la declaración de emergencia nacional. Sánchez, sin embargo, descartó la declaración para rebajar la importancia y gravedad de lo ocurrido a pesar de calificar el hecho, un día después, como «una violación de la integridad territorial de España», optando por contemporizar sobre las buenas relaciones con Marruecos, «agradecerle su colaboración ejemplar» y excluir, por tanto, la complicidad de su Policía con una acción que huele a estrategia de presión y a guerra híbrida.

¿Qué sabe Mohamed de Sánchez para que se humille hasta el extremo de no protestarle ante una coyuntura excepcional como la que representa que cerca de 60.000 marroquíes hayan protagonizado una especie de «marcha verde» sobre una ciudad española sin que desde Marruecos se tratara de impedir y sin que en España las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército recibieran la orden de responder con la fuerza precisa ante la violación flagrante de la ley de fronteras?

España, por vaya usted a saber qué tipo de chantaje está condicionando a Sánchez, sigue sin ejercer un control efectivo sobre una de las fronteras exteriores más sensibles de la Unión Europea, y un Estado tiene la obligación de proteger sus fronteras, garantizar el cumplimiento de la ley y ofrecer seguridad a sus ciudadanos, en este caso, los ceutíes. Este no es un problema puntual por una sentencia del Supremo alentada por las mafias, como quiere hacernos creer Sánchez, sino un gravísimo problema estructural que se repite cíclicamente en función de los intereses de Marruecos y que ha llevado de momento a que cuatro países de la Unión Europea, especialmente Francia e Italia, junto a Suecia y Finlandia, se hayan planteado con acertado criterio la suspensión del espacio Schengen y establecer controles fronterizos con España. Esta posición retrata una vez más la política migratoria del sanchismo sustentada en la improvisación y en el desencuentro permanente con sus socios europeos tras decretar una regularización masiva que generó suspicacias y críticas de casi todos ellos por sus consecuencias también en los países de la Unión Europea. Con lo de Ceuta, los socios han perdido definitivamente la paciencia con Sánchez porque lo ocurrido ya no es un problema exclusivamente nacional de España, sino de toda la Unión, que exige que cada Estado miembro proteja con eficacia las fronteras que comparte con terceros países. Y es evidente que España no ofrece ni garantía ni confianza alguna en ese cometido.