Es lo que parece: la ley de nietos es un fraude electoral y huele a pucherazo

Mal que le pese al diario sanchista de la mañana, el Supremo ha constatado que la ley de nietos es una anomalía democrática sin precedentes y que su paralización cautelar no «da alas a la teoría de Vox del pucherazo», como tituló ayer El País en otro alarde más de vasallaje y sumisión a la Moncloa, sino, que por el contrario, se las corta a un gobierno sin escrúpulos que urdió desde la sala de máquinas de Bolaños un acto de piratería demoscópica para subvertir los resultados electorales. La razón judicial se ha impuesto a una decisión partidista perpetrada con el único fin de obtener un rédito electoral. Por ello hay que reconocer el trabajo periodístico de Isabel Durán y El Debate y agradecer a Iustitia Europa y Vox que apelaran al Supremo y sometiera a veredicto la cacicada del tándem Bolaños-Sofía Puente consumada para engordar el censo electoral en el extranjero y pescar en ese caladero de votos.

El alto tribunal en su auto confirma el «peligro serio, fundado y real» de que ese incremento del CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes) a partir de la interesada modificación de la Ley de Memoria Democrática afectaría a la «objetividad de las próximas elecciones» y «causaría un daño irreversible a la rectitud y corrección» del proceso electoral al «incidir directamente en un elemento esencial para el Estado de derecho como es la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio». El aumento excepcional de electores inscritos en ese censo, subraya el Supremo, podría «afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados, amén de generar una circunstancia fundada de incertidumbre sobre esos resultados».

Conclusión , no era preciso haber pasado por Salamanca o Harvard para hablar de fraude constitucional y tampoco descartar un pucherazo en ciernes, por más que el sustantivo haga rechinar a Sánchez. El País y demás corifeos políticos o mediáticos, después de que desde el Ministerio de Justicia se modificara con nocturnidad y alevosía, cuidadín señora Puente con el posible delito de prevaricación, una ley de rango superior aprobada en las Cortes que ha tenido como consecuencia una nacionalización masiva por la puerta de atrás y un aumento del censo electoral, cuya incidencia, ha alertado el Supremo, podría desvirtuar la voluntad soberana expresada en las urnas.

Parece evidente que con su maniobra, el Gobierno contemplaba el censo de residentes ausentes (CERA), no como un registro sagrado de ciudadanos con plenos derechos, sino como un potencial granero de votos moldeado a golpe de decreto y que el cambio en la Ley de Memoria Democrática, generalizando presunciones de exilio que desvirtuaban el espíritu y la letra original de la citada ley de beneficiar sólo a quienes salieron de España por motivos políticos, buscaba claramente la alteración artificial del cuerpo electoral. El propio Sánchez se retrata en sus intenciones cuando rechaza y cuestiona la decisión del alto tribunal, afirmando que su ley de nietos recupera y reivindica la mejor de las Españas, poniendo de modelo a la Segunda República y obviando intencionadamente que ese tiempo histórico degeneró en la peor y más destructiva de cuantas guerras fratricidas hemos tenido.

Muy a su pesar el Tribunal Supremo le ha dicho con su dictamen al aprendiz de autócrata que en un Estado de derecho las reglas del juego democrático no pueden ser manipuladas desde el Gobierno para intentar compensar su evidente erosión electoral, tal y como acreditan las encuestas, salvo las del desvergonzado Tezanos. Pero esas no cuentan porque si contaran para Sánchez ya habría convocado elecciones sin haber necesitado maniobrar para maquillar el cuerpo electoral poniendo en riesgo la legitimidad misma de nuestros comicios. Otra prueba más de la irresponsabilidad de este presidente siempre dispuesto a tensionar las costuras institucionales del país con tal de obtener réditos políticos para continuar en la Moncloa. Y es ética y políticamente inaceptable además de antidemocrático que con maniobras como la del censo, frenada por la Justicia, intente ganar desde un despacho ministerial lo que la calle, con toda probabilidad, le negará en la urnas.