Aforamientos tramposos

El PSOE, por boca de su portavoz, Esther Peña, salió anteayer rápidamente al paso de los múltiples indicios de corrupción que están cercando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este caso, las declaraciones venían a avalar la postura del ya próximo expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien ha renunciado al cargo para ocupar un asiento en la Asamblea regional y lograr así el ansiado aforamiento, que alargue el inevitable proceso judicial.

Además de avalar esta decisión, justificándola en un legítimo derecho a la defensa, Peña ha enmarcado todos los comportamientos cuestionables que han salido a la luz en una «cacería» que a su juicio sufre el Partido Socialista y que estaría «orquestada por la derecha judicial, política y mediática». Respuestas de esta índole son muy habituales en todas las formaciones políticas en cuanto asoman las primeras sombras de la corrupción. En vez de iniciar una inspección interna para demostrar, sin el más mínimo margen de duda, que no existe mancha alguna en los hechos en cuestión, su primera reacción siempre es el enroque para, acto seguido, buscar intrigas, estrategias torticeras y campañas de acoso externas que convertirían en espuria cualquier investigación. Sucedió cuando las pruebas acorralaron al entonces vicepresidente Alfonso Guerra o cuando en el garaje de Ana Mato surgían coches de alta gama sin que nadie pudiera explicar de manera coherente su procedencia, por poner solo dos de los muchos casos que hemos sufrido.

Este país no habrá alcanzado un nivel democrático adecuado hasta que los partidos no vayan por delante de los jueces a la hora de erradicar cualquier sospecha de corrupción, afecte a quien afecte. Cuando esto ocurra, siempre hay que tener esperanza, la política subirá muchos enteros en el listado de las simpatías ciudadanas. Hace pocas horas ha saltado un nuevo escándalo con una serie de grabaciones para tratar de ensuciar la imagen del teniente coronel Balas, alto mando de la UCO.