Cuando caiga la última ficha

La caída del fiscal general es sólo la primera ficha del dominó. Detrás vienen otras: Ábalos, Cerdán, Leire, Begoña Gómez, David Sánchez… y todas comparten un mismo nexo: Pedro Sánchez. Un presidente atrincherado que, incapaz de gobernar sin apoyos sólidos, ha optado por resistir cuanto pueda. Sin embargo, cada nuevo informe, investigación o resolución judicial reduce sus posibilidades reales de completar la legislatura, hoy ya cercanas al 2%.

Desde que la moción de censura les abrió la puerta de La Moncloa, la ocupación de espacios institucionales ha sido, junto a una corrupción cada vez más evidente, su estrategia principal. Ahí está una RTVE alineada con el Gobierno, un CIS que ha perdido toda credibilidad, un fiscal general situado al servicio del Ejecutivo y ahora defenestrado, o un Tribunal Constitucional utilizado para dar cobertura jurídica a acuerdos de legislatura. A ello se suman las empresas públicas, convertidas en refugios para «sobrinas» de ministros, fontaneras del partido o viejos amigos del presidente.

Con un adelanto electoral cada vez más probable, todas las encuestas, menos la del CIS, apuntan al Partido Popular como próximo partido de gobierno. La gran incógnita es qué hará entonces con quienes el PSOE ha ido colocando en instituciones y empresas públicas. ¿Repetirá el clásico «quítate tú para ponerme yo», o será valiente para impulsar reformas que impidan que este ciclo de colonización institucional se repita, como ha venido ocurriendo década tras década?

Quien llegue al Gobierno deberá entender que lo que actualmente está sucediendo no erosiona sólo la credibilidad del PSOE o de Sánchez. Ha dañado, de forma profunda, la credibilidad de la política en su conjunto. Encuesta tras encuesta, los ciudadanos sitúan a los políticos entre sus principales preocupaciones. Esa desconfianza alimenta el crecimiento de los populismos y acelera en todo el mundo la caída de los partidos tradicionales, incapaces de generar ilusión o de presentarse como parte de la solución.

El día después de las elecciones será decisivo. La democracia española se encuentra cerca de un punto de no retorno. O se reforman los mecanismos que han permitido que, desde la Transición, cada gobierno haya debilitado un poco más las instituciones heredadas de los grandes pactos, o las nuevas generaciones terminarán convencidas de que ni la política ni las instituciones les representan o, como dicen ellos, «no les renta». Y cuando la política deja de representar, otros ocupan ese vacío. Casi nunca para bien.

Escándalo tras escándalo, nombramiento, tras nombramiento, corrupción tras corrupción, se agotan las oportunidades. O se lee el momento con visión de país, con pactos que quizá no sean rentables electoralmente pero sí imprescindibles, o habremos fracasado como democracia. Y con ello, habremos tirado por la borda uno de nuestros mayores logros colectivos: la Transición.