¿Quién juzga al Parlamento?

En un país obsesionado con jueces, imputados y titulares judiciales, hay una institución que parece gozar de una curiosa inmunidad: el Parlamento. Ese lugar donde, en teoría, se legisla, pero que hoy se asemeja más a una sala de espera sin médico.

Proponer llevarlo a juicio sonará extravagante. Siempre aparece la respuesta automática: a los políticos se les juzga en las urnas. Una frase tan repetida como cómoda, sobre todo para quienes saben que entre elección y elección cabe casi cualquier cosa.

Porque, aceptemos la ficción democrática: el ciudadano vota, pero no decide. Decide después el engranaje opaco de los partidos, ese laboratorio de pactos donde el «con este sí» y el «con este no» pesa más que millones de votos. Y ahí es donde comienza el verdadero bloqueo, ese que nadie votó y que todos padecen.

La pregunta incómoda es otra: ¿qué mecanismo existe para exigir responsabilidades cuando el Parlamento deja de cumplir su función? Ninguno. Solo resignación institucional y un calendario electoral que llega siempre tarde.

Parafraseando –y corrigiendo– a Churchill: nunca tan pocos hicieron tan poco… con consecuencias tan grandes para todos.

Quizá ha llegado el momento de admitir que no es solo un problema político, sino de responsabilidad democrática. Y que, si nadie juzga al Parlamento cuando no funciona, el sistema entero empieza a parecerse peligrosamente a una ficción bien organizada.