España y los Derechos del Niño

Los niños tienen preferencia absoluta en todo. En todo. La Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor en España el 5 de enero de 1991 (BOE 31/12/1990), exige a todos los gobernantes que el bienestar de los niños sea preferente, incluso en las partidas presupestaria que todas las entidades públicas han de elaborar anualmente. Se me dirá que España puede denunciar la Convención, que este año celebra en España sus primeros 35 años de vigencia, pero no hemos iniciado el procedimiento de denuncia. En España, de facto, la Convención se incumple, como se incumple la Constitución de 1978, con toda la cara.

Todos los gobernantes tienen que hacer lo que sea para proteger a la infancia, sin excusas. No solo para no expulsarlos como si fuesen productos deteriorados, también para que no sufran lesiones invitadas por los gobernantes. Si algún partido político quiere expulsar a los niños como lo hizo el doctor Sánchez en 2021 (sin sujetarse a las Leyes- Sentencia del Tribunal Supremo 22 de enero de 2024), que proponga la denuncia de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Pero, mientras llega la denuncia de la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores se quedan en España, a ningún niño se le propone en la escuela que se hormone y que se mutile los órganos genitales, y, mucho menos, normalizamos en la sociedad española el eslogan de «Solo adultos». Cuando deje de estar en vigor la Convención, adelante con todo, barra libre en España. Que los niños dejen de molestar en los hoteles y en las bodas, que se cambien de sexo las veces que quieran y, por supuesto, que el alquiler de vientres se liberalice en España.