Gobernabilidad sin Presupuestos

Las recientes justificaciones del dimisionario Ministerio de Transportes, que pretenden disculpar las carencias operativas y el déficit de mantenimiento en Adif alegando la parálisis de las cuentas públicas, suponen la confesión explícita de un fracaso de gestión política. Detrás de estas excusas no hay una fatalidad administrativa ni una contingencia sobrevenida, sino una decisión política deliberada cuyo máximo y único responsable es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ejercicio del poder sin el respaldo legislativo necesario para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado entraña un quiebro severo a la normalidad democrática y a la lógica parlamentaria que consagra la Constitución Española. La norma fundamental no concibe el Gobierno como una posición de permanencia incondicional, sino como una responsabilidad subordinada a la confianza de la Cámara y a la capacidad de dotar a la Nación de las herramientas normativas y económicas necesarias para su funcionamiento. Gobernar prorrogando de manera continuada los Presupuestos del año 2023 para esquivar la debilidad parlamentaria no es un acto de resiliencia política, sino un ejercicio de subordinación del interés general al sostenimiento del poder a toda costa.

Esta desconexión entre la ambición de mantenerse en la Moncloa y los deberes esenciales de la Administración Pública ha dejado al Estado sin la planificación ni la inversión requeridas. Las repercusiones de este bloqueo institucional no son abstractas ni se limitan al debate parlamentario: se traducen en el deterioro acumulado de los servicios públicos esenciales, en el estrangulamiento económico de las infraestructuras clave y, trágicamente, en un coste humano inaceptable. Atribuir la falta de recursos para la seguridad y conservación a la propia imposibilidad de aprobar Presupuestos es asumir abiertamente que la paralización del Ejecutivo acaba acarreando consecuencias nefastas para los ciudadanos.

Cuando la prioridad absoluta de un liderazgo político se reduce a la propia supervivencia institucional, la estructura del Estado se debilita en todos sus niveles. La responsabilidad política de este deterioro no puede atomizarse ni trasladarse a eslabones técnicos o ministeriales intermedios; recae de forma directa e ineludible en la cúspide del Poder Ejecutivo. La única respuesta legítima a esta deriva en un sistema democrático debe ser dictada en las urnas.