El Constitucional frena a Sánchez pero el pulso continúa
Lo escandaloso no es que el Tribunal frene una ilegalidad gravísima contra la democracia, sino que el Gobierno la intente y no tenga intención de parar
Con una decisión cercana al heroísmo, por las inaceptables presiones e insultos previos, el Tribunal Constitucional adoptó la única decisión que, con la ley en la mano podía tomar: rechazar el procedimiento fraudulento utilizado escandalosamente por el Gobierno para modificar, en claro fraude, dos leyes orgánicas y enterrar la separación de poderes, clave en una democracia digna de tal nombre.
El Debate ya anticipó la hoja de ruta que iba a llevar a este intento de asalto a las instituciones garantes de nuestra democracia. En ese sentido, la resolución debió de haberse adoptado por unanimidad, pero tuvo la oposición de cinco de los once magistrados del órgano, en una prueba más de hasta dónde es capaz de llegar Sánchez para controlar poderes ajenos y en un indicio claro de qué quiere hacer luego con ellos: legalizar cualquier barbaridad y blanquearla con la oprobiosa complicidad de jueces transformados en burdos militantes de una causa política.
Y la furibunda reacción al previsible fallo, evidencia que el pulso dista mucho de haber acabado. Que un Gobierno intente una ilegalidad para adulterar la base misma del Estado de derecho y que, al ser frenado, reaccione denigrando a un poder tan legítimo como el suyo, demuestra que el desafío continuará y se recrudecerá.
Porque si alguien está silenciando al Congreso es Sánchez, que incluyó una enmienda a una proposición de ley ajena al objetivo para, por el procedimiento de urgencia, saltarse el control del Parlamento, de sus letrados, de los órganos consultivos y, en definitiva, de la misma democracia.
Si todo ello es grave, presentar además la respuesta constitucional a los excesos gubernamentales como un «Golpe con togas» demuestra que el desafío de Sánchez está muy lejos de amainar y que su objetivo autoritario sigue vigente y tendrá aliados suficientes para edulcorarlo.
Pero no hay que engañarse. Sánchez lleva cuatro años intentando someter a la Justicia para derribar todo obstáculo constitucional a sus delirantes objetivos, ya anticipados en la cadena de decisiones bochornosas al separatismo, con los indultos y la anulación de sus delitos como ejemplo de libro.
Lo que Sánchez pone en peligro es la propia salud de la democracia, con un asalto sostenido a la independencia judicial que no se va parar ahora
La sensación de que la siguiente concesión es un referéndum de independencia, y que para lograrlo necesitaba derribar primero la resistencia del Poder Judicial, es ya evidente. Y también la de que, en ese mismo viaje, se pretende instaurar una especie de régimen autocrático con apariencia de legalidad.
Todo el autoritarismo de Sánchez quedó además reflejado en la escena que protagonizó junto al Rey, al que adelantó sin respeto alguno en el acto de inauguración del AVE a Murcia: si en público es capaz de alterar el protocolo para imponerse al jefe del Estado, en privado lo es de maniobrar para deshacer el andamiaje constitucional, sustentado en la separación de poderes y en la especialización de cada uno de ellos en una parcela específica de la democracia.
Y aunque este asalto lo hayan paralizado unos jueces valientes, nadie puede confiar en que detenga definitivamente el desafío: Sánchez tiene una hoja de ruta incompatible con la democracia conocida desde 1978 y, cuando le reprenden, suele redoblar sus esfuerzos para llegar a la siniestra meta que nadie con un ápice de decencia puede ya negar.
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