El fiscal debe dimitir y Sánchez renunciar a su infame asalto a la Justicia
El Supremo y el TSJM, por dos veces, desmonta los bulos y la única máquina del fango que existe en España: la del Gobierno.
Las dos resoluciones judiciales de las últimas horas, del Tribunal Supremo revocando el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal especial de «Memoria Democrática» y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptando la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la Fiscalía Provincial madrileña por filtrar datos personales presuntamente, deberían provocar la dimisión o la destitución fulminante del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Es sencillamente inadmisible la continuidad de un vulgar comisario político que, lejos de tutelar la hegemonía de la ley en el ámbito de su competencia, se dedica a adoptar decisiones al servicio de su promotor, transformando uno de los pilares del Estado de derecho en una herramienta sectaria del Gobierno y, muy particularmente, de Pedro Sánchez.
Se entiende muy bien por qué el líder socialista quiere reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que vacía de competencias investigadoras a los jueces para depositarlas en la Fiscalía. Y también por qué está obsesionado con asaltar el Poder Judicial, felizmente resistente al acoso ya sistémico.
Quiere, nada menos, que todos los tribunales de España actúen como lo hace el Fiscal General, y no como lo han hecho las dos instancias judiciales independientes con sus decisiones, tan demoledoras en sus efectos políticos como ejemplares en sus fundamentos legales.
La del TSJM desmonta, con independencia de su resultado, la evidente sumisión de la Fiscalía al intento de linchamiento de Ayuso a través de los problemas fiscales de su novio, que deben ser privados y no lo fueron por decisión bochornosa de García Ortiz, sumiso a las órdenes de Sánchez en su obsesiva persecución a una rival electoralmente invulnerable.
Que un Fiscal General del Estado se preste a una campaña infame contra un ciudadano anónimo para intentar derribar a la presidenta madrileña, mientras desecha pronunciarse sobre la claramente inconstitucional Ley de Amnistía o mira para otro lado ante los indicios de corrupción de Begoña Gómez; le desautoriza para siempre, de manera irrecuperable.
Y que además promocione irregularmente a su mentora, la exministra y exfiscal general, a un puesto que no merece y se creó para dar marchamo jurídico a una ley sectaria pactada por el PSOE con Bildu; añade un punto de desfachatez y nepotismo a sus andanzas.
García Ortiz resume la deriva antidemocrática de Sánchez, que ha hecho del hostigamiento a los jueces y a la prensa una causa general impropia de una democracia y definitoria, sin embargo, de un régimen autoritario.
Y las ejemplares decisiones de los tribunales demuestran la necesidad de mantener contrapoderes independientes, que frenen los abusos del poder y sitúen los comportamientos de los cargos públicos en el contexto oportuno.
El de Sánchez es bien fácil de identificar, y ahora aún más: se trata de un dirigente cesarista, con pocos escrúpulos y ninguna línea roja, que pretende el imposible de convertir en una «máquina del fango», un «bulo» o un «golpe judicial» lo que no es, ni más ni menos, que la impecable respuesta del Estado de derecho a sus excesos, cada día más notables y menos explicados.
Si a esto se le añade que el mismo TSJM ha admitido la demanda civil de El Debate para, en defensa del derecho a la información, instar a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a revelar todos sus gastos cargados en viajes, hoteles y dietas durante meses; se puede calificar de «martes negro» la jornada del Gobierno y de día festivo el de los defensores del Estado de derecho.
Porque todas estas resoluciones no solo protegen libertades, derechos y valores; sino que además desmontan la infame campaña gubernamental para acabar con los poderes independientes y huir de la rendición pública de cuentas.
Si alguien fabrica bulos y esparce fango en España, es Pedro Sánchez. Felizmente, con la réplica firme y serena de los tribunales, los jueces, algunos medios de comunicación y sin duda la parte de la sociedad civil que no está dispuesta a perder la estructura constitucional construida en 1978 y ahora amenazada por un mal presidente al frente de un Gobierno liberticida.
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