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Editorial

Dimisión y elecciones ya

Sánchez nunca tuvo que ser presidente en esas condiciones y no puede seguir siéndolo sin su artificial mayoría parlamentaria y contra los españoles

La ruptura de Junts con el PSOE debería conllevar la disolución de las Cámaras y la convocatoria anticipada de elecciones, desde una lógica elemental: si Pedro Sánchez sólo es presidente gracias a un obsceno intercambio de favores con Puigdemont y éste le ha retirado su apoyo, la artificial mayoría que le invistió ha desaparecido y esta ignominiosa legislatura, que nunca debió arrancar en esas circunstancias, tiene que acabar.

No hay que mirar al nacionalismo, pues al fin y al cabo se limita siempre a actuar pensando en sus intereses exclusivamente, sino a quien se compró su respaldo pagando con intereses colectivos para atender los suyos propios.

Porque Sánchez convirtió su investidura en un burdo negocio y la legislatura en un fraude, induciendo una mayoría ficticia y sustentada en el chantaje, alimentando todo aquello que un político decente debía frenar, a cambio de lograr en los despachos lo que los ciudadanos le habían negado en las urnas.

El líder del PSOE nunca tuvo que ser presidente tras los comicios de 2023, y todo lo que ahora ocurre es consecuencia de esa trampa inicial que abrió un periodo negro de bloqueo, extorsiones, rendiciones y facturas simplemente impresentable. Traducir ahora cuáles deben ser los efectos de la ruptura entre Junts y el PSOE sin entender el origen viciado contribuye a seguir normalizando lo anormal y ofrece una salida a Sánchez que, en realidad, no tiene. Porque el único camino es dimitir, disolver las Cámaras y devolverle la decisión a los ciudadanos, con una convocatoria electoral que acabe con esta degradante agresión a la democracia.

El PSOE no ganó en las urnas, no tiene suficientes diputados propios, sólo logra mayorías para legalizar los abusos que le imponen y carece del respaldo mayoritario del Congreso. En otras palabras, Sánchez se adentra en el territorio de la insurgencia, conculca los principios elementales de la democracia y hurta a la sociedad su derecho a decidir, en un viaje oprobioso sin parangón en Occidente, donde ningún presidente serio destroza así las reglas democráticas. Que el socialista lo haga además en medio de una ola de corrupción y que añada a todo ello un burdo intento de controlar la acción judicial a través de un fiscal general del Estado a punto de ser procesado, remata el desolador paisaje cívico y moral perpetrado por esta calamidad democrática.

Por mucho menos en Francia, Reino Unido o Alemania han dimitido sus primeros ministros o se han convocado elecciones. Aquí, salvo que se pueda presentar una moción de censura viable e instrumental con el único objetivo de celebrar comicios inmediatos, España tendrá que seguir soportando a un impostor en La Moncloa, dispuesto a hundir las expectativas y la reputación de su país con tal de no perder el escudo que le confiere un cargo que no se merece, no se ha ganado y no representa ya nada.