29 de junio de 2022

En Primera LíneaJosé Manuel Otero Lastres

La España del Gobierno de Sánchez

Hay dos datos en el pasivo del balance del Gobierno, estrechamente relacionados entre sí, que pesan tanto que no pueden ser equilibrados por muy brillantes que fuesen los que se incluyesen en el activo

Como es sabido, el debate sobre el Estado de la Nación era una práctica parlamentaria instaurada en 1983 y que se celebró hasta 2015, de forma casi ininterrumpida, con la sola excepción de los años electorales. Al no haberlos reanudado Sánchez, para ver de un vistazo el estado de la Nación española podría hacerse una especie de balance de situación, fijando el activo y el pasivo de nuestra realidad política actual con los datos del pasado, del presente y, en su caso, del futuro.
Al reflexionar sobre la situación política actual hay que partir necesariamente de que Pedro Sánchez accedió al Gobierno en virtud de una moción de censura en junio de 2018. Entonces Sánchez no consiguió el Gobierno a través de la vía ordinaria del acto de investidura tras unas elecciones generales, sino del acto «traumático” de sustituir abruptamente al anterior presidente del gobierno después de haberle exigido «responsabilidad política» ante el Congreso de los Diputados.
Este hecho ha pesado, a mi juicio, como una losa en la política española de los tres últimos años, porque, desde la moción de censura hasta hoy, el PSOE tuvo que gobernar con mucha debilidad política al tener una representación parlamentaria propia muy exigua.
Otro dato que conviene tener en cuenta es que la justificación de la moción de censura fue la existencia de una corrupción generalizada en el partido del Gobierno que era el PP. Los promotores de la censura se sirvieron, como detonante, de una sentencia de la Audiencia Nacional del 24 de mayo de 2018, sobre el Caso Gürtel, que todavía no era firme, en la que se decía de pasada y sin que formara parte de la cuestión litigiosa que el PP tenía una Caja B.
Por último, se puede sostener, por lo que se añadirá seguidamente, que el acceso de Sánchez al gobierno partió de un vicio de origen que le ha restado dosis importantes de legitimidad. Y es que, aunque no se puede negar en el PP había numerosos políticos corruptos, también eran ciertos por entonces dos datos muy relevantes.
Pedro Sánchez ilustración

Lu Tolstova

El primero era que el propio PSOE estaba afectado también por una galopante corrupción. En efecto, cuando el candidato del PSOE, el señor Sánchez, se presentó en la moción de censura como «paladín» de una administración pulcra y limpia de los fondos públicos, algunos miembros significados de su partido estaban ya siendo juzgados por los EREs. La Audiencia de Sevilla dictó una sentencia el 19 de noviembre de 2019 que resolvió un asunto penal iniciado en 2016 (dos años antes de la moción de censura) en la que condenó a dos ex presidentes del PSOE de Andalucía y de la Junta, a una ex ministra del Gobierno de España del mismo partido, y a otros 16 ex altos cargos, por idear y desarrollar un sistema para defraudar hasta 679 millones de euros.
Y el segundo dato fue que la sentencia de la Audiencia Nacional antes mencionada, aunque confirmada en su fallo, fue corregida, expresamente, por la del Tribunal Supremo de octubre de 2020, el cual consideró que las alusiones a la «Caja B» del PP fueron «excesivas y expresivas de una técnica irregular en la redacción de la sentencia».
En junio de 2018 no había lugar, pues, a considerar judicialmente probado que el PP tenía una Caja B. Por lo cual, los que reclamaban honestidad ante la Justicia se presentaban con unas manos que, ya desde el año 2000 en que comenzaron los EREs, estaban contaminadas de inmoralidad pública y, por tanto, no podían haber invocado las puras fuentes de la justicia para fundamentar una moción de censura basada en la corrupción.
¿Qué ha sucedido en estos tres años? ¿Ha mejorado España como consecuencia del cambio producido a partir de la moción de censura? Para mí hay dos datos en el pasivo del balance del Gobierno, estrechamente relacionados entre sí, que pesan tanto que no pueden ser equilibrados por muy brillantes que fuesen los que se incluyesen en el activo.
Me refiero, de un lado, a los partidos políticos que vienen sirviendo de soporte parlamentario a la acción del Gobierno y que son enemigos de la Constitución. Y, de otro, -y esto me parece especialmente relevante- a que ese conglomerado de formaciones políticas han reactivado el odio recóndito de un sector de los partidos contendientes en la Guerra Civil. La exhumación, el traslado por vía aérea, y la posterior inhumación de los restos cadavéricos del General Franco, actos que tuvieron lugar el 24 de octubre de 2019 y el envío el pasado 20 de julio de este año por el Gobierno a las cortes del Proyecto de Ley de la Memoria Democrática que persigue, en sus propias palabras, que se condene y se repudie expresamente el golpe de estado y la dictadura posterior, que han supuesto “el periodo más negro de nuestra historia contemporánea”, son dos claros ejemplos de que sigue en pie la hostilidad de algunos partidos que no han superado el encono que desembocó en la Guerra Civil. Y lo que es peor que no existiendo lucha alguna actualmente entre bandos enfrentados y no estando vivo ninguno de los contendientes de entonces hay quienes persiguen a toda costa que se modifique el resultado del pasado. ¡Esto es imposible, hay que dejarlo estar, y mirar todos hacia delante!
Es indiscutible que el Gobierno actual no es un gobierno monocolor del PSOE, sino un gobierno de colación con los comunistas y demás formaciones integradas en la formación Unidas Podemos. Lo cual supone no solo incumpliendo flagrantemente las promesas electorales de Pedro Sánchez, sino sobre todo intensificar la visceralidad y la radicalidad del propio PSOE. Y creo que tampoco puede discutirse que las actuaciones del Gobierno de coalición son parlamentariamente apoyadas, a cambio de las correspondientes concesiones, por partidos y formaciones que combaten expresamente la Constitución: además de Unidas Podemos ERC y JxCat, el PNV, y EH-Bildu.
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