En primera línea Juan Van-Halen

El Poder Judicial y la democracia

Las palabras del presidente del Tribunal Supremo ante el Rey suponen un rapapolvo a la ocupación de instituciones por parte del Poder Ejecutivo

El discurso reciente más importante, y además ante el Rey, se debe a Francisco Marín Castán, presidente del Tribunal Supremo. Por esas sorpresas que a veces da el periodismo el discurso de Marín Castán en la apertura del Año Judicial recibió poca atención, sesgada por algunos. A mi juicio no se destacaron suficientemente sus opiniones más relevantes para este momento políticamente convulso y desmadrado. Los medios insistieron en las referencias a la renovación del CGPJ y pasaron de puntillas sobre el trallazo de Marín Castán en defensa de la independencia de la Justicia y la no interferencia de la política. En esta lectura interesada del discurso machacaron, con singular vehemencia, los medios caseros del sanchismo aunque tampoco muchos no caseros recogieron, destacada, su parte para mí más relevante.

Al enfatizar los medios el atasco en la renovación del CGPJ se culpaba sibilinamente del retraso a la oposición cuando es conocido, y así lo afirmó el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, durante su visita a Madrid, que el compromiso es doble: renovar el Consejo y cambiar el sistema de nombramientos, de modo que los jueces y no los políticos nombren a los jueces del alto organismo judicial siguiendo los estándares europeos. El Gobierno se niega al segundo compromiso y pretende renovar el CGPJ y luego ya veremos. La oposición, escaldada por las trampas de Sánchez, no se fía. Pide que los dos compromisos se cumplan al tiempo. Sánchez todavía no controla el CGPJ y su propósito es que se convierta en un remedo del Tribunal Constitucional, modelo Conde Pumpido, que le permita controlar los nombramientos en la judicatura.

Para la mayoría de los ciudadanos que Sánchez es un mentiroso es tan evidente como que dos más dos suman cuatro. Pocos apostarían ni una chapa a que su palabra vale algo. Aseguró en el Congreso: «Este Gobierno no va a aceptar la amnistía». Y en 2019: «Me comprometo a traer a Puigdemont a España y que rinda cuentas ante la Justicia». Para sus palmeros no miente, sólo cambia de opinión. Como para fiarse de él respecto al cambio en el sistema de nombramientos en el CGPJ. Podrá confundir al comisario europeo de Justicia pero no a quienes ya le conocemos. Engaña sólo a esos socialistas asistentes a manifestaciones organizadas por el partido que, preguntados por un periodista sobre la ley del 'sólo sí es sí', contestan: «No hay un solo violador en la calle», «no se han rebajado las condenas» y «esas son mentiras fascistas». Lo conté en un artículo anterior. «Hay gente pa tó» que comentó Rafael El Gallo cuando le presentaron a Ortega y Gasset y le dijeron que era filósofo, un hombre de pensamiento.

Soy partidario de las citas cortas pero hoy hago una excepción. Creo que merece la pena conocer la parte menos comentada del discurso del presidente del Tribunal Supremo. Es un aldabonazo sobre los riesgos que afronta la democracia, sobre el acoso al Estado de Derecho, sobre la creciente politización de la división de poderes en España. Y, sobre todo, es un mensaje en directo al Rey. Cito algunas de sus afirmaciones.

«La democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático, esto es, con un golpe militar o una revolución, sino con un lamento prolongado, el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales». «En un contexto fuertemente polarizado decae la visión de Estado y se impone con radicalidad la de partido. La destrucción del adversario, como objetivo político, es la antesala de un proceso de degradación democrática». «La sana y necesaria colaboración entre poderes del Estado, sin interferirse, resulta un elemento imprescindible no sólo para el funcionamiento del Estado sino también para la preservación de la propia calidad democrática del sistema».

Insistió Marín Castán en «la polarización y radicalización de los comportamientos». Y recurriendo al historiador ateniense Tucídides: «La descomposición de la sociedad deriva de ridiculizar la moderación, considerándola un disfraz de cobardía». Pidió «garantías para que el Poder Judicial mantenga su independencia por encima de los intereses partidarios (…) como objetivo de la acción política» que «debe abstenerse de todo comportamiento que pueda erosionar ese objetivo». «De otro modo la democracia y el Estado de Derecho corren un serio riesgo». «El buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado y cuando ese buen funcionamiento está en entredicho todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios».

Las palabras del presidente del Tribunal Supremo ante el Rey suponen un rapapolvo a la ocupación de instituciones por parte del Poder Ejecutivo. Francina Armengol, al frente del Poder Legislativo, ya ha dado pruebas de que actúa al servicio del amo, más entregada aún que Meritxell Batet cuyo abandono del escaño no mereció ni una palabra de Sánchez. Se dice que decidió su salida de la política en solidaridad con su pareja, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, ahora en el Tribunal Constitucional, que parece no aprobar la amnistía. Lo proclamó ya hace años como hicieron Carmen Calvo, Marlaska, Iceta y el propio Sánchez. Pero todavía Puigdemont no era el árbitro del inmediato futuro de España. A Sánchez le queda hacerse con el Poder Judicial. Y en eso está. Espero que el PP no se deje engañar.