Jugando con fuego
¿Debería el Rey avalar, si llega el caso, a quien notoriamente se sitúa frente al artículo 2 de la Constitución con socios indeseables?
Confieso que tenía una débil esperanza respecto al futuro a corto plazo. Reconozco mi ingenuidad. No creí que Sánchez daría voluntariamente un paso atrás en su traición; no iba a aceptar valores que nunca tuvo. Para él la Constitución, las leyes, la lealtad, el servicio al conjunto de los españoles, la moralidad política, la democracia sin trampas no suponen compromisos. Va a lo suyo que es él mismo. Pero llegué a creer que su indignidad se resentiría al desbocarse. Parece que no será así.
Mi esperanza se debía a que dudé que Sánchez llegara a un punto sin retorno. Ha llegado. Enviar a una vicepresidente del Gobierno a negociar con un prófugo que, además, dirigió un golpe de Estado lo creí inconcebible y pensé que no aceptaría, no por responsable sino por táctico –no ignora lo que se juega–, el chantaje inconstitucional. El viaje de la vicepresidente con séquito del Ministerio tuvo carácter oficial aunque el Gobierno mienta al negarlo. Resulta que hay dos Yoli: la vicepresidente y la lideresa de Sumar, intercambiables según conveniencia. Es gravísimo. ¿En qué papel deja a la Justicia española? ¿Cómo reaccionará el Poder Judicial? ¿Reaccionará? ¿Qué imagen damos de España? ¿Triunfará la cobardía sobre la razón? ¿Se le aplicará a Yoli, la chulísima, la inhabilitación que previene el Código Penal en su artículo 408 para «la autoridad o funcionario que dejase intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables»? Si no fuese así quebraría la igualdad ante la ley, la división de poderes y el Estado de derecho.
Ante la debilidad institucional Sánchez mangonea un partido dirigido y representado en el Parlamento por un conjunto de salvasueldos sin ideología, sin opiniones que desagraden al jefe y, por ello, sin dignidad. Sánchez ha enterrado a un PSOE con el que no coincido pero que merecía otro final. Los diputados socialistas viven una realidad virtual y su jefe todopoderoso aspira a que la sociedad sea su reflejo. Hay socialistas honestos que anuncian que abandonan esa pantomima, como Redondo Terreros, y otros que, por dignidad, se han quedado por el camino, como Leguina, Corcuera, Vázquez, Molina, Sevilla y muchos más. El último duro crítico ha sido Alfonso Guerra. No pocos relevantes socialistas desorientados siguen votando a un PSOE que ya no existe. Sánchez, encaramado sobre su enorme ego, no digiere las críticas ni escucha a sus mayores que deberían ser su ejemplo por servicios y biografías.
¿Y Felipe González? Tiene credenciales más que suficientes para personificar una vuelta al buen juicio. Hace, sí, declaraciones públicas. Acaba de opinar que le costó votar socialista y, coincidiendo con los más ilustres juristas del país, que la amnistía y el referéndum de autodeterminación son inconstitucionales. Pero no llega más lejos. Se resiste a perder su tranquilidad. ¿Y la tranquilidad de los españoles? González debería meditar sobre su papel en esta coyuntura. No cito a Zapatero porque es un chisgarabís y no es referente salvo de sus nubes. Está a ganar dinero y a enredar.
La propuesta más chusca para disfrazar de constitucional la amnistía la debemos a Yoli, la chulísima, que se remonta a la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, propuesta por el ministro Alonso Martínez y sancionada por Alfonso XII, tatarabuelo de Felipe VI. Su artículo 666.4, en el Título II, cita, sólo cita, la palabra amnistía que incluye unida al indulto. Yoli, la chulísima, abogada ella, olvida la Disposición Derogatoria 3 de la Constitución: «Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución». Como no le gusta la Constitución debe leerla poco.
Puigdemont proclama y Sánchez acepta que el 1-O de 2017 no existió; eso supone una amnistía. ¿En qué posición dejan al Rey? ¿No existió el 3-O su mensaje a los españoles? ¿Se lo tiene que tragar? Sánchez no cumplirá la promesa que hizo al asumir su cargo, pero los españoles no dudan del cumplimiento de su Rey. Las exigencias de Puigdemont son públicas y escúchese a Aragonès. También es público que Sánchez está dispuesto a aceptarlas. ¿Debería el Rey avalar, si llega el caso, a quien notoriamente se sitúa frente al artículo 2 de la Constitución con socios indeseables? Pienso en una célebre decisión de Balduino de Bélgica. Al fondo el desmembramiento nacional. El ser de España. Se está jugando con fuego.
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