Alarma en los Juzgados y Tribunales: Llamen urgente al 122

Hay líderes políticos que tienen la insistente tentación de redactar leyes para controlar los nombramientos de jueces y magistrados para que, llegado el caso, las sentencias judiciales les resulten favorables. Por ello, la justicia en España sufre una gravísima crisis, cuya causa se encuentra en el incumplimiento del artículo 122 de nuestra Constitución Española (CE). De ahí el título de este artículo, «Alarma en los Juzgados y Tribunales: Llamen urgente al 122». Veamos su desarrollo resumido:

1º.— Los artículos de nuestra CE se redactaron hasta donde se podía o quería llegar en esos momentos; en concreto, su artículo 122 resultó impreciso al no incluir un modelo detallado para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque sí dispuso un claro criterio mixto y de equilibrio para que sus veinte vocales fuesen elegidos así: … «doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado» … Dos años más tarde se promulgó la Ley Orgánica 1/1980 del CGPJ que mantuvo el criterio y modelo equilibrado del artículo 122.

2º.— Cinco años más tarde, el 12 junio de 1985, España firmó su Acta de adhesión a la Unión Europea (UE), estando vigente la ya citada Ley Orgánica 1/1980 como garante de la independencia judicial. Desde ese momento, España no debía retroceder como Estado de derecho, ni Europa consentirlo.

3º.— Sin embargo, el 1 de julio de 1985, apenas 20 días después de nuestra adhesión a la UE, aparece la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, también conocida como enmienda Bandrés. Con ella, el primer gobierno del PSOE abandonó, usando como excusa la imprecisión original por falta de consenso en el texto del artículo 122, el criterio y modelo mixto de elección de vocales del CGPJ (ver STC 108/1986 de 29 julio). Se dispuso que diez vocales fuesen a propuesta del Congreso y otros diez del Senado, es decir, un modelo de elección e influencia política que desde entonces persiste hasta nuestros días. Juan María Bandrés renegó de su iniciativa cinco años más tarde, reconociendo que no pensó en la capacidad «de algunos partidos políticos para subvertir todo lo que tocan».

4º.— La Ley Orgánica 2/2001 y siguientes, mantuvieron la influencia y eventual injerencia política en la elección del CGPJ. Y aunque dicha Ley orgánica 2/2001 del PSOE declaraba ser un sistema de doble legitimidad, primero judicial seguido del parlamentario, se ha demostrado como un mero reparto de cuotas entre partidos, contrario a la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por su parte el PP, con dos mayorías absolutas, de 2000 a 2004, y 2011 a 2015, tampoco recuperó el criterio original del constituyente.

5º.— El 25 junio de 2024, tras casi seis años de bloqueo de relevos del CGPJ, el rodillo del PSOE y la oposición del PP apadrinados por la Vice-Presidente de la Comisión Europea, acordaron una renovación o reparto político, forzado y transitorio, con diez vocales del PSOE y diez del PP. Este Acuerdo incluyó un mandato para proponer opciones de designación en el futuro.

6º.— El 5 febrero de 2025, al caducar el plazo del mandato, se propusieron dos opciones de designación a futuro del CGPJ, las cuales resultan en realidad divergentes. Los vocales designados por el PSOE han vuelto a proponer una opción que, en el fondo es de elección política con injerencia de los partidos, mientras que los designados por el PP han propuesto un modelo mixto según el artículo 122.3 de la vigente CE, aunque sin citarlo expresamente.

7º.—El modelo equilibrado de la UE, para no caer en posibles extremos de corporativismo profesional o de partidismo político, lo ofrece la Recomendación CM/Rec (2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Capítulo IV. 27 que, junto a la Comisión Europea, el TJUE y el TEDH aconsejan que, «no menos de la mitad de los vocales judiciales de los consejos de la magistratura sean elegidos por sus pares y compañeros».

En la actualidad, los partidos constitucionalistas y el Estado de derecho en España sólo han ganado tiempo frente a un «Sanchismo» que no tiene escrúpulos, que está acorralado por la corrupción y que, sin duda, seguirá tejiendo una red política y mediática para controlar al poder judicial. Tras nombrar al Fiscal General del Estado, al Presidente del Tribunal Constitucional, al Presidente de la Junta Electoral Central —ojo a las próximas elecciones—, sólo le falta a Sánchez tener capacidad de influencia en la Presidente del CGPJ y Tribunal Supremo. Ello facilitaría sus pretensiones de continuar en el poder a toda costa, gracias a sentencias judiciales favorables a sus intereses particulares. Adicionalmente, concediendo indultos, amnistía o impunidad judicial a cambio de votos, Sánchez aseguraría su cargo, aún a cambio de alimentar una insaciable mafia delictiva que, junto a chantajes separatistas, están arruinando a todos los españoles, incluidos sus votantes.

El artículo 122 de la CE busca la independencia judicial, pero también disuadir a corruptos e imputados para que no esperen favores políticos en sus sentencias (Ley Amnistía, casos ERE, prófugos separatistas, Koldo, Ávalos, García Ortiz, etc.). Y no es lo mismo que algunos partidos pretendan influir en sentencias contra sus corruptelas, a que la actual determinación del PSOE sea imponer un cambio de régimen sin separación de poderes (Cuba, Venezuela, etc).

Por todo lo anterior, y antes de que sea tarde, hay que dar cumplimiento inmediato al artículo 122 de nuestra Constitución. No será fácil, pero con voluntad política de los partidos constitucionalistas y presión de la sociedad civil organizada, podrá lograrse. En último caso, esperemos que el pueblo español siga sin perdonar la corrupción y el despilfarro de nuestros impuestos al acudir a las urnas.

Carlos de Palma Arrabal es coronel retirado. Coordinador Iniciativa 2028 de la Sociedad Civil