Solidaridad interterritorial
El Gobierno pretende hacernos cómplices y corresponsables a todos de la asunción de la deuda generada por un Gobierno autonómico embarcado en un proceso delictivo de ruptura, no sólo de la solidaridad entre los españoles, sino de la propia unidad de la nación española
Uno de los asuntos que han ocupado buena parte del debate político en nuestra nación esta semana ha sido el de la presentación, por parte del Gobierno, del Proyecto de Ley de Condonación de la deuda de las Comunidades Autónomas por un importe total de 83.252 millones de euros.
La presunta condonación de la deuda no representa, en realidad, una desaparición de ésta sino una redistribución de la obligación de hacer frente a la misma desde la Administración de las diferentes comunidades autónomas, con excepción del País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen general, a la Administración General del Estado. En resumidas cuentas, nos responsabilizamos de pagar entre todos, de manera solidaria, la deuda que hemos contraído de manera autónoma y en algunas ocasiones de manera insolidaria e irresponsable. No olvidemos que el origen de este proceso de condonación se inscribe en las negociaciones del Presidente Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña, una de las formaciones responsables y no arrepentida por ello, del fallido intento de declaración de independencia del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en 2017 y es una de las condiciones impuestas por ese Partido para respaldar la investidura y permanencia en el Gobierno de Pedro Sánchez.
En otras palabras, con esta condonación, el Gobierno pretende hacernos cómplices y corresponsables a todos de la asunción de la deuda generada por un Gobierno autonómico embarcado en un proceso delictivo de ruptura, no sólo de la solidaridad entre los españoles, sino de la propia unidad de la nación española.
Ello se produce al propio tiempo que el gobierno de la nación va tarde en el cumplimiento de los trámites parlamentarios para la presentación y propuesta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, obligación constitucional que ha incumplido en 2023 y 2024. El Presidente ha afirmado en varias ocasiones que este año tiene el propósito de cumplir con la obligación del Gobierno y que, en caso de no aprobarse, procederá a una nueva prórroga de los aprobados en 2022 para el año 2023 y que a pesar de la falta de actualización de las cifras derivadas del cambio en la situación económica de nuestro país, a él le da igual porque su capacidad de adaptación al nuevo entorno se la proporcionan los Fondos «Next Generation» comprometidos con España por la Unión Europea como consecuencia de la pandemia del COVID.
No ha mencionado el Presidente, en estas ocasiones, que además de los Fondos citados de la Unión Europea, su Gobierno ha hecho crecer la deuda de los españoles en un 33% en los siete años transcurridos desde su llegada a éste, pasando de 1,2 billones de euros de deuda recibidos del Gobierno anterior a algo más de 1,6 billones de euros actualmente. 400.000 millones de euros de incremento en 7 años y sin apariencia de querer contener esa deriva de alguna manera. Una situación presupuestaria disparatada que bien requeriría un ejercicio de moderación y prudencia en lugar de la asunción de nuevos riesgos y de nuevos experimentos con la deuda de todos los españoles.
Al mismo tiempo que estas maniobras se producen, se han vivido en España, en el último año, dos catástrofes medioambientales que han puesto en tela de juicio la solidaridad real entre las administraciones central y autonómicas al convertirse en un campo para la pugna política entre dichas administraciones. Me refiero a los incendios padecidos este verano y las inundaciones del pasado otoño.
Cuando más necesario parecía hacer una real ostentación de solidaridad interterritorial, las administraciones se han embarcado en un sinfín de reproches mutuos, dejando aparcada, en algunas ocasiones, la aportación de respuestas inmediatas, con cualesquiera que fueran los recursos necesarios, para paliar las necesidades imperiosas y sobrevenidas de importantes núcleos de ciudadanos.
Ese desencuentro entre Administraciones ha contribuido a alentar una corriente de falta de crédito en el Estado de las Autonomías. Por una parte, se ha acusado a algunas Autonomías, por parte de representantes de la Administración Central, de irresponsabilidad por no aportar, a su debido tiempo y de la manera adecuada, los recursos necesarios para prevenir las citadas catástrofes medioambientales. Por la otra parte, se ha acusado a la Administración Central de falta de solidaridad por no aportar con prontitud y eficacia los recursos de los que ella dispone y las Administraciones Autonómicas no, por tratarse de recursos que la Administración General del Estado gestiona en beneficio del interés general de los españoles, sin distinción entre unas Comunidades Autónomas y otras.
Mucho se ha debatido y se debate en las Cortes Generales sobre la asignación y asunción de competencias, por parte de las Comunidades Autónomas, confundiendo, en cierta medida y de manera interesada por parte de las formaciones independentistas la asimilación de las competencias autonómicas como una suerte de competencias soberanas, cuando en nuestra nación, la soberanía no se trocea ni se disemina entre los entes autonómicos, sino que se comparte de manera solidaria por el conjunto del pueblo español, tal y como establece el artículo 1.2 de nuestra Constitución cuando determina que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».
A modo de ejemplo de cómo debe interpretarse, en mi opinión, la naturaleza autonómica de nuestra nación, formalizada en el Estado de las Autonomías, citaré el Estatuto de Autonomía de Melilla, en cuyo artículo primero, se concreta que «Melilla, como parte integrante de la Nación española y dentro de su indisoluble unidad, accede a su régimen de autogobierno y goza de autonomía para la gestión de sus intereses y de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con la Constitución, en los términos del presente Estatuto y en el marco de la solidaridad entre todos los territorios de España».
Es por ello por lo que la lectura soberanista sobre las competencias atribuidas y asumidas por las Comunidades Autónomas, realizada por determinadas formaciones independentistas de nuestra representación parlamentaria, no puede inscribirse, propiamente, dentro de nuestro marco legislativo. Antes bien, deben encuadrarse, inequívocamente, dentro de un ámbito de solidaridad interterritorial.
Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu es senador por Melilla del Grupo Parlamentario Popular
