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En primera líneaFernando Gutiérrez Díaz de Otazu

Una persona decente

El Partido Socialista protagonizó una radicalización de todos sus posicionamientos, radicalización que se ha visto exponencialmente incrementada en la actual legislatura, la XV, hasta el punto de poderse afirmar que ya no existe representación de la corriente socialdemócrata

Durante el debate electoral televisado, en diciembre de 2015, entre el entonces presidente en funciones, Mariano Rajoy y el, también entonces, candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, quedó registrada, para la historia, la siguiente frase del candidato: «El presidente del Gobierno tiene que ser una persona decente y usted no lo es». Ello provocó la airada reacción del presidente Rajoy que, inmediatamente repuso: «Hasta aquí hemos llegado», haciendo ademán, mientras se echaba hacia atrás en su asiento, de abandonar el debate, idea que, si pasó por su cabeza, inmediatamente abandonó, bien por no hurtar el resto del debate al conjunto de los españoles, bien por no abandonarlo, dando la impresión de rendición. Lo cierto es que aquella dura descalificación fue considerada como muy grave en aquel momento.

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El Debate (asistido por IA)

Después, hemos sido testigos de infinidad de episodios que han dejado aquel incidente en mera anécdota. Tras celebrarse aquellas elecciones, en las que el Partido Popular obtuvo 123 escaños en el Congreso de los Diputados y el Partido Socialista Obrero Español 90, no hubo posibilidad de conformar un Gobierno, procediéndose a convocar unas nuevas elecciones que se realizaron en junio de 2016. En esta ocasión, el Partido Popular obtuvo 137 escaños en el Congreso de los Diputados, ampliando su diferencia con respecto al Partido Socialista en relación con las elecciones anteriores, ya que, en esta nueva ocasión el Partido Socialista descendió de 90 a 85 abriéndose una distancia entre ambas formaciones, que pasó de los 33 representantes a los 52.

El entonces candidato Pedro Sánchez se resistió, en contra del criterio del Comité Federal de su Partido, a abstenerse en la sesión en la que se presentaba a la investidura el Presidente Rajoy. Fue la época del «no es no y qué parte del no no entiende». En medio de una crisis interna de su partido, Pedro Sánchez se vio forzado a dimitir como secretario general y posteriormente como diputado. Un año más tarde, en junio de 2017, volvería a la Secretaría General del Partido, imponiéndose en primarias a Susana Díaz y a Pachi López.

Igualmente un año después, en junio de 2018, sobre la base de una sentencia judicial que condenaba al Partido Popular como beneficiario, a título lucrativo, de diversas comisiones obtenidas en dos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, por las que el Partido Popular fue condenado a pagar una sanción de 245.492 euros, el entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, promovió una moción de censura contra el Gobierno del Partido Popular, que resultó aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados, accediendo, por esta vía, Pedro Sánchez, a la Presidencia del Gobierno.

Qué papel jugó cada formación política en esta moción de censura y qué esperaba cada una de ellas de la misma, forma parte del análisis político de este período, aún no completamente finalizado. Algunos de los responsables de la aprobación de la moción, que esperaban la convocatoria inmediata de elecciones, como fue el caso de Ciudadanos, vieron defraudadas sus expectativas, pues Pedro Sánchez no convocó elecciones, sino que pretendió mantenerse en el Gobierno y elaborar unos presupuestos para el año 2019, que, al no recibir la aprobación del Parlamento, le impulsaron a convocar elecciones en mayo de 2019 y posteriormente, una vez más, en noviembre de 2019.

En esta segunda ocasión, Pedro Sánchez comenzó a vulnerar todas las llamadas líneas rojas que, hasta ese momento, había contemplado el Partido Socialista Obrero Español, como era la de no conformar gobiernos de coalición con la extrema izquierda, ya que, tal como dijera él mismo antes de las elecciones, ni él ni los españoles podrían dormir tranquilos con Pablo Iglesias formando parte del Gobierno de España.

Como es sabido, ello no fue óbice para que, efectivamente, el Gobierno salido de la investidura de enero de 2020, fuera el primer gobierno de coalición de nuestra democracia, con Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno y varios ministros de Unidas Podemos, incluyendo al propio Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno.

Fue ésta, la XIV, la legislatura en la que se incrementó el escenario de polarización en España, iniciado años antes por José Luis Rodríguez Zapatero, con sus pactos del Tinell y sus cordones sanitarios a la media España representada por el Partido Popular, dándose rienda suelta a todas las formulaciones de animadversión y de odio de la extrema izquierda contra la oposición conformada sustancialmente, en la XIV Legislatura, por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

El Partido Socialista protagonizó una radicalización de todos sus posicionamientos, radicalización que se ha visto exponencialmente incrementada en la actual legislatura, la XV, hasta el punto de poderse afirmar que ya no existe representación de la corriente socialdemócrata, anteriormente hegemónica en el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, convirtiéndose en un mero representante más de la extrema izquierda. La ampliación de sus pactos con la extrema izquierda nacional a todas las formaciones independentistas del Parlamento, han convertido al Partido Socialista de Pedro Sánchez en un mero recurso para su permanencia personal en el poder, a fin de eludir la responsabilidad de los muchos casos de corrupción que le rodean.

Toda esta legislatura, desde su comienzo, no es más que una acumulación ilimitada de despropósitos, en los que Pedro Sánchez, por interés personal, ha puesto el interés general de los españoles a merced de formaciones políticas que practican no sólo el egoísmo, en beneficio propio, sino también la aversión hacia otros territorios gobernados por el Partido Popular.

A la vista de la colonización de las instituciones en beneficio propio y de los intentos desesperados, desvergonzados e ilimitados de poner el Estado de derecho al servicio de la conveniencia personal del presidente del Gobierno, es preciso reconocer que, en diciembre de 2015, el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno y actualmente presidente del mismo, tenía razón, al menos, en la primera parte de su manifestación.

En beneficio del decoro en la gestión del interés general de los españoles, el presidente del Gobierno debería ser, ciertamente, una persona decente.

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