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En primera líneaFernando Gutiérrez Díaz de Otazu

Los recursos de la Defensa

Parece poco probable que en el mes escaso que queda para finalizar el año, esas 13 contrataciones puedan llevarse a buen término, de la manera adecuada, pero permitirán al Gobierno cuadrar teóricamente las cuentas para instalarse en ese aparentemente asumido compromiso de alcanzar el 2 % del PIB

Vivimos un período marcado por la incertidumbre en muchos ámbitos de nuestra vida. A pesar del largo período experimentado beneficiándonos de lo que se conocieron como los dividendos de la paz, tras el examen de conciencia global realizado como resultado de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, dividendos de los que nos quedan ya tenues recuerdos, nos encontramos nuevamente, como humanidad, enfrentados a los desafíos de la resolución de los desacuerdos por medios bélicos.

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El Debate (asistido por IA)

Cierto es que nunca han dejado de existir sobre el globo terráqueo multitud de enfrentamientos violentos por múltiples y muy variadas razones. Lo cierto es que, en la actualidad, experimentamos con mucha proximidad y mucha verosimilitud la existencia de esos conflictos en zonas del mundo que nos resultan realmente próximas y con unas características que nos retrotraen a páginas del pasado que creíamos definitivamente superadas en nuestro vecindario próximo.

Se debate en estos días una nueva propuesta de paz liderada por la Administración estadounidense para poner fin al conflicto existente en Ucrania como consecuencia de la invasión rusa de febrero de 2022. Parece existir en la sociedad española la sensación de que el conflicto se encuentra en fase de atenuación y que queda poco tiempo ya para alcanzar una solución negociada. Esa sensación es menos optimista a medida que uno se aproxima, dentro de nuestro continente, al propio escenario geográfico del conflicto. Se dan de hecho actuaciones vinculadas al escenario del conflicto, circunscrito a las fronteras internacionales de Ucrania, que sobrepasan esas fronteras y producen efectos alarmantes en los países limítrofes, como las Repúblicas Bálticas, Polonia o Rumanía y en otros no limítrofes, pero medianamente próximos, como Bélgica, Dinamarca u Holanda.

El resultado de todas estas sensaciones, inmediatas unas y próximas las otras, es que el conjunto de las naciones que pretendían vivir un nuevo período de paz física, prácticamente ilimitado, han comenzado a adoptar determinaciones que les permitan anteponer las necesidades derivadas de la seguridad y la defensa a otras menos perentorias, de acuerdo con la pirámide de necesidades de Maslow en la que la seguridad ocupa un lugar preferente, solo precedido por las necesidades propiamente fisiológicas.

Así, las naciones pertenecientes a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea, entre las que se encuentra España han comenzado a acometer incrementos sensibles en sus respectivas inversiones dedicadas a recursos para la Defensa que les lleven a alcanzar el 5 % de sus respectivos productos interiores brutos con una fecha objetivo establecida en el año 2035.

En lo que se refiere a España, a pesar de haberse sumado a este compromiso, manifestó, poco después de asumirlo, su propósito de hacerlo de otra manera, no comprometiéndose, por el momento, a invertir, más del 2 % de su Producto Interior Bruto (actualmente cifrado en unos 1,6 billones de euros). El 2 % de ese Producto Interior Bruto situaría las estimaciones del Gobierno en unos 32 mil millones de euros.

Partiendo de los últimos Presupuestos aprobados para 2023, que cifraban el Presupuesto de Defensa en unos 14 mil millones de euros y teniendo en cuenta que desde entonces hasta la fecha no se han vuelto a presentar Presupuestos, por parte del Gobierno, para su aprobación por las Cortes Generales, unos eventuales Presupuestos que pudiera presentar el Gobierno para el año próximo deberían incluir un incremento de unos 18 mil millones con respecto a los de 2023. Ese proceso de presentación de Presupuestos se ha visto interrumpido esta semana al rechazar el Congreso de los Diputados la propuesta de techo de gasto presentada por el Gobierno, como condición preliminar para la presentación, debate y eventual aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales para el año próximo.

Ello constituye, como es natural, un severo problema para que los españoles puedan disponer del conocimiento preciso de la forma en la que el Gobierno dispone de los recursos económicos que obtiene, fundamentalmente, de los impuestos que, por diversas vías y de diferentes maneras repercute sobre todos los españoles.

El gasto público en Defensa del pasado año 2024, para el que, como digo, no hubo Presupuestos, se cifró en unos 19 mil millones de euros.

Desde el pasado 14 de octubre hasta la fecha, el Gobierno ha anunciado el compromiso de invertir más de 13 mil millones antes de acabar el presente año, mediante el anuncio de la concesión de préstamos por 6.890 millones de euros a diferentes empresas a cuenta de contratos a realizar en el futuro para 18 programas y la asignación de 6.310 millones de euros para la contratación de 13 programas adicionales.

Parece poco probable que en el mes escaso que queda para finalizar el año, esas 13 contrataciones puedan llevarse a buen término, de la manera adecuada, pero permitirán al Gobierno cuadrar teóricamente las cuentas para instalarse en ese aparentemente asumido compromiso de alcanzar el 2 % del PIB.

En su Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, presentado por el Presidente del Gobierno el pasado mes de abril y en el que anunciaba la asignación de 10.471 millones de euros, se comprometía a dedicar el 35 % de los mismos a la «mejora de las condiciones laborales, la preparación y el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas a fin de equipararlas con las de los países más avanzados».

Como queda dicho, en lugar de los 10.471 millones de euros previstos, se van a acabar comprometiendo algo más de 13 mil, de los que no se sabe cuántos van a estar orientados a la mejora de las condiciones laborales de nuestras Fuerzas Armadas, incluyendo las de las retribuciones de sus miembros, pero, desde luego, a la vista de los programas que se acometen, bastante menos del anunciado 35 %.

Como sucediera en todos los Presupuestos Generales del Estado presentados por este Gobierno hasta 2022, la distribución entre Recursos Materiales y Recursos Humanos ha venido resultando notablemente desequilibrada en beneficio de aquellos y en perjuicio de estos, como si resultara difícil asumir que los Recursos Humanos también forman parte y no menor de los recursos de la Defensa.

  • Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu es senador por Melilla del Grupo Parlamentario Popular
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