Autocracia, sí, autocracia

Se ponen habitualmente de muy mal humor los representantes del Partido Socialista Obrero Español cuando les planteas que, en tu opinión, nuestra nación se desliza peligrosamente hacia la autocracia como consecuencia de las actuaciones de las que somos testigos en nuestra realidad cotidiana.

Quizás la demanda más acuciante y al mismo tiempo más inexcusable del ejercicio de la libertad individual sea la de identificar con certeza la situación en la que uno se encuentra, debiendo, por ello, llamar a las cosas por su nombre. Define el Diccionario de la Real Academia Española la autocracia como la «forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley». Alegan ellos, los socialistas, que, si España fuese una autocracia, nadie le llevaría la contraria al Gobierno y que si hay quien lo hace, como son los jueces o algunos periodistas, es porque, efectivamente, no vivimos en una autocracia sino en una democracia.

Lo que ocurre es que las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno, especialmente las del Partido Socialista Obrero Español, se entregan de manera muy visible para el conjunto de la ciudadanía, a la descalificación inmisericorde de esos jueces o esos periodistas que llevan la contraria al Gobierno o que, simplemente, no comparten su percepción de la realidad. Ello lleva a pensar que, si no vivimos en una autocracia de facto, sí que vivimos en un momento en el que a los que, actualmente, gobiernan en España, les gustaría, de manera muy visible, que la opinión pública asumiera de manera monolítica su forma de entender la realidad como la única aceptable. Es decir, que la voluntad de una persona, la de su Secretario General y actual Presidente del Gobierno fuera la suprema ley, o sea que viviéramos en una autocracia.

De hecho, eso es lo que planteó en su discurso de investidura el actual presidente del Gobierno cuando se erigió en el constructor de un «muro» que protegiese a la sociedad de lo que él denominó «la derecha y la extrema derecha», o sea que protegiese, aproximadamente, a media España de la otra media. Horrorosa aproximación a la realidad nacional para un candidato a la Presidencia del Gobierno que aspiraba a obtener el respaldo de la mayoría de los representantes del pueblo español y que, de hecho, lo obtuvo. Lo que cabe preguntarse es cuál era el proyecto compartido entre todos aquellos que le proporcionaron su apoyo. En la práctica ninguno, más allá de que no gobernasen «los otros». Aquellos a quienes todos ellos denominan «la derecha y la extrema derecha». Es decir, una alianza destructiva que no propone, sino que se opone.

En esta semana, en ambas cámaras, la mayoría de los representantes de los españoles, algunos de los cuales respaldaron su investidura, han pedido dejarlo ya. El miércoles en el Senado, por 145 votos a favor, 106 en contra y 2 abstenciones y el jueves en el Congreso, por 178 votos a favor y 171 en contra, los miembros de las Cortes Generales instaron al presidente del Gobierno a asumir responsabilidades por los casos de corrupción condenados por el Tribunal Supremo y protagonizados por responsables políticos designados por él y en consecuencia a convocar elecciones o, en su defecto, someterse a una cuestión de confianza y en todo caso a dimitir.

Si el presidente estuviera animado por impulsos democráticos y no autocráticos asumiría el resultado de esta iniciativa y obraría en consecuencia, pero nadie lo espera. La mayoría de los españoles asumimos el carácter autocrático del personaje.

En su intervención del día precedente en el Congreso de los Diputados, durante la sesión de control sobre los casos de corrupción, el presidente Sánchez había afirmado que no podía dimitir ni disolver las cámaras ni convocar elecciones. Cómo iba a hacerlo si tenía que permanecer en el Gobierno para «continuar mejorando la vida de la gente». Continuar mejorando la vida de la gente en contra de la voluntad de la gente. ¡Cuántos autócratas han repetido esa frase a lo largo de la historia! ¡Cuántos autócratas han manifestado que eran necesarios para el bien del pueblo mientras el pueblo les repetía de todas las formas posibles que no le querían!

Es lo que le dicen ahora los representantes de la soberanía nacional, pero él se hace el desentendido. Recuerda, en cierta manera, salvando todas las distancias, menos la del ensimismamiento, al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, cuando, jaleado y animado por sus partidarios repetía obsesivamente en una intervención pública, poco antes de ser cesado, aquello de «no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir».

En su afán por desdibujar la realidad que todos los españoles, incluidos sus partidarios, vemos de manera palmaria en frente de nuestros ojos, el presidente aseguró ante los miembros del Congreso de los Diputados que todo se sustancia en una «maraña judicial con la que la oposición quiere confundir a la ciudadanía». La maraña judicial, en realidad, se materializa por el elevadísimo número de casos que el sistema judicial español se encuentra instruyendo, en el ejercicio de su responsabilidad democrática, que tienen como objeto y como sujetos áreas de actuación y representantes del Partido Socialista Obrero Español, del Gobierno del Sr. Sánchez y de la familia del Sr. Sánchez.

Si el señor Sánchez estuviera animado por principios democráticos y no autocráticos, asumiría esa realidad y dejaría actuar al poder judicial de nuestra nación, sin organizar ni alentar campañas de desprestigio de «ninguno» de nuestros jueces ni de «ninguno» de nuestros periodistas que expresan, en los medios de comunicación, lo que la mayoría de los españoles vemos con nuestros ojos y que, en la mayor parte de los casos, no coincide para nada con el relato que el Gobierno pretende que creamos.

Yo, en el ejercicio de mi libertad y asumiendo el riesgo de malhumorar a algún socialista, creo que, aun no encontrándonos todavía en ella, de la mano del presidente Sánchez nuestra nación camina peligrosamente hacia la autocracia, sí, autocracia.