El primer partido de la oposición no puede conformarse con confiar

La principal obligación de un partido que aspira a gobernar España no consiste únicamente en denunciar los errores del Gobierno. Consiste también en proteger la credibilidad de las instituciones que un día tendrá la responsabilidad de dirigir. Cuando una parte creciente de la ciudadanía desconfía de quienes gobiernan, el principal partido de la oposición no puede limitarse a afirmar que todo funciona correctamente. Tiene el deber de exigir que pueda comprobarse.

España atraviesa una evidente crisis de credibilidad institucional. Las continuas rectificaciones políticas, la inacción del Gobierno ante situaciones de extraordinaria gravedad como la invasión de nuestra ciudad autónoma, decisiones de enorme trascendencia adoptadas sin verdadero consenso, compromisos incumplidos y el creciente cerco judicial que afecta a personas del entorno gubernamental han alimentado una desconfianza que ninguna democracia madura debe ignorar. No corresponde anticipar responsabilidades que únicamente competen a los tribunales, pero sí extraer una conclusión política elemental: cuanto menor es la confianza en un Gobierno, mayores deben ser los controles y la transparencia sobre sus actuaciones.

Ese principio resulta especialmente aplicable a la conocida como Ley de Nietos. Nadie discute el derecho a obtener la nacionalidad española de quienes acrediten cumplir los requisitos establecidos legalmente. Precisamente por ello resulta imprescindible garantizar que cada expediente se tramite con rigor, que la documentación sea debidamente comprobada y que las funciones reservadas a las autoridades competentes sean ejercidas por quienes legalmente corresponden.

La nacionalidad española no constituye un simple trámite administrativo. Representa la incorporación plena de una persona a nuestra comunidad jurídica y política, con todos los derechos y obligaciones que ello comporta, entre ellos, cuando proceda legalmente, el de participar en las elecciones. Por eso la concesión de nacionalidad trasciende el ámbito burocrático y afecta también a la configuración del cuerpo electoral. Cuando un procedimiento de adquisición de nacionalidad alcanza dimensiones extraordinarias, los españoles tienen derecho a conocer las garantías con las que se aplica. No se trata de sospechar de quienes solicitan legítimamente aquello que la ley les reconoce, sino de fiscalizar a la Administración responsable de comprobarlo. Si todo se está haciendo correctamente, el Gobierno debería ser el primer interesado en acreditarlo. Una Administración segura de la solidez de sus procedimientos no teme una auditoría, una comparecencia parlamentaria ni la publicación de información suficiente sobre los mecanismos de verificación empleados.

Aquí aparece una responsabilidad difícilmente eludible para el Partido Popular. El principal partido de la oposición dispone de instrumentos parlamentarios e institucionales para solicitar información, promover comparecencias, reclamar datos y plantear reformas. No necesita proclamar irregularidades para hacerlo. Basta comprender que la función de una oposición democrática consiste precisamente en controlar aquello que el Gobierno administra. La cuestión adquiere todavía mayor importancia cuando termina proyectándose sobre el censo electoral. El censo no es una simple relación de nombres. Constituye la base sobre la que descansa todo el procedimiento democrático. Antes de depositarse una sola papeleta debe existir certeza sobre quién puede votar, dónde puede hacerlo y bajo qué condiciones. La urna es la culminación del proceso; las garantías comienzan mucho antes.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General ha permitido celebrar elecciones durante décadas con normalidad y la Junta Electoral Central desempeña una función esencial en la vigilancia del proceso. Reconocerlo no obliga, sin embargo, a considerar que nuestro sistema resulte inmejorable. Ninguna democracia seria convierte sus procedimientos en dogmas intocables. Las instituciones se fortalecen revisando sus vulnerabilidades, adaptando sus controles y cerrando cualquier espacio capaz de alimentar dudas razonables. Por eso cuesta comprender que el Partido Popular pueda mostrarse reticente o permanecer pasivo ante iniciativas encaminadas a reforzar determinados controles electorales. Una garantía adicional no constituye una acusación de fraude. Una auditoría no equivale a afirmar que existe corrupción. Comprobar no significa acusar. Significa prevenir.

No afirmo que exista fraude electoral. Tampoco sostengo que la llamada Ley de Nietos se esté aplicando al margen de la legalidad. Lo que mantengo, es que pueden existir vulnerabilidades y que una oposición responsable tiene la obligación de examinarlas antes de que se conviertan en el verdadero 'talón de Aquiles' del sistema.

La democracia no puede descansar exclusivamente sobre la buena voluntad de quienes administran sus mecanismos. Necesita procedimientos capaces de funcionar con independencia de quién gobierne. Hoy gobiernan unos y mañana gobernarán otros. Las garantías que el Partido Popular pudiera exigir ahora serán también las que otro partido tendrá derecho a exigirle si alcanza el Gobierno. Precisamente ahí reside su legitimidad: las reglas sólidas no pertenecen a ningún partido. El Partido Popular aspira a gobernar España. Esa aspiración le impone responsabilidades superiores a las de limitarse a contabilizar los errores del Ejecutivo o esperar que su desgaste termine llevándolo a La Moncloa. Un partido con verdadera vocación de gobierno debe comenzar a demostrarla desde la oposición: proponiendo, fiscalizando, anticipando problemas y defendiendo instituciones que deberán seguir siendo respetadas cuando cambien las mayorías.

Millones de españoles esperan precisamente eso. No únicamente discursos contra el Gobierno, sino capacidad para controlarlo; no solamente denuncias, sino propuestas; no peticiones de confianza cuando surgen dudas, sino procedimientos capaces de despejarlas. El Partido Popular debe liderar una política de fortalecimiento institucional: exigir explicaciones precisas sobre los procedimientos de concesión de nacionalidad, promover cuando proceda auditorías administrativas, reclamar máxima trazabilidad en los expedientes y estudiar aquellas modificaciones de la legislación electoral que aporten garantías adicionales.

Porque existe una diferencia esencial entre confiar en las instituciones y convertir esa confianza en un acto de fe. Las democracias sólidas no piden a los ciudadanos que crean ciegamente en ellas. Les ofrecen razones, controles y mecanismos para comprobar que funcionan. Esa es hoy una de las principales responsabilidades del primer partido de la oposición.